El departamento de Leyes y Reglamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analiza el aparente impago de cargas sociales a exempleados de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
El pasado 5 de junio, ocho personas afirmaron bajo juramento ante la Comisión Investigadora del Financiamiento Electoral, que trabajaron para el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera sin contrato laboral, seguro social, horas extra o póliza de riesgos del trabajo, pese a que cumplían horario en la sede de Progreso Social Democrático (PPSD), en barrio La California, San José.
Ante los diputados de la Comisión confirmaron que trabajaron entre julio y setiembre de 2021 bajo las órdenes de Sofía Agüero, exasistente personal de Rodrigo Chaves e hija del actual diputado, Waldo Agüero. Solamente tenían un “contrato verbal”.
Varios de ellos pasaron luego a laborar para el partido oficialista en el resto de la campaña.
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Al enterarse de esta situación, los congresistas aprobaron de forma unánime una moción para solicitarle al Ministerio Público, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Inspección Laboral investigar el presunto impago de cargas sociales. También pidieron investigar una presunta explotación laboral.
La CCSS explicó que, en caso de encontrar posibles irregularidades en materia de aseguramiento obligatorio, iniciará un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades.
Por su parte, el pasado 17 de julio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó a La Nación que recibieron la denuncia, la cual se encuentra actualmente bajo análisis.
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Los trabajadores presuntamente afectados fueron Álvaro Picón, exjefe del centro de contacto de la campaña de Chaves; Crystal Castillo, Mariana Villalta, Rohan Barrios, Karla Mora y Fanny Garita, quienes realizaban y atendían llamadas; así como Margarita Parra, quien fungió como miscelánea, y Kathia Calvo, que administró la sede del fideicomiso Costa Rica Próspera y hoy es jefa de despacho de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Adilia Caravaca.
“A nosotros nos despidieron porque en un momento llegó el Ministerio de Salud a comprobar si teníamos seguro, pero nos despidieron para no pagarlo porque éramos muchos. Nos contrataron por servicios profesionales. Al final de mes pagábamos Hacienda y teníamos un contador”, aseveró Villalta.
Los trabajadores explicaron que debían tomar de su propio dinero para pagar “impuestos” a un contador que les asignaba la propia campaña.
Por su parte, el exjefe del centro de contacto, Álvaro Picón, reconoció que él también trabajó bajo un “contrato verbal”, sin pago de cargas sociales, ni póliza; tampoco le pagaron liquidación cuando dejó el puesto.
Añadió que su jefa era Sofía Agüero, aunque el depósito de su salario y el de sus colaboradores lo realizaba la sociedad ATA Trust Company, firma vinculada al actual canciller, Arnoldo André Tinoco. Esa sociedad se encargaba de administrar el fideicomiso.
Alonso Vargas, abogado representante de ATA Trust, aseguró a este medio que no tienen conocimiento de ninguna causa penal.
El diputado liberacionista, Francisco Nicolás Alvarado, hizo público el historial de liquidaciones de los exempleados del fideicomiso, según el cual Picón tenía un salario de ¢180.000 mensuales.
De acuerdo con el congresista, de las ocho personas que acudieron a comparecer el pasado lunes 5 de junio, tres de ellas no aparecen en el historial; por lo tanto, cree que no las liquidaron conforme a la ley.
Los diputados indagan, precisamente, si el fideicomiso Costa Rica Próspera captó recursos y ejecutó gastos electorales al margen de las cuentas del PPSD, como una aparente estructura paralela, sin reportes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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