El presidente de la República, Carlos Alvarado, considera que el Estado ganaría en eficiencia si se fusionaran las tres instituciones que atienden el sector vivienda: el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
“Sería una reforma que mejoraría la eficiencia y cambiaría la gobernanza en ese sector. Entonces, creo que es una posibilidad aprovechar esos tres meses (de su periodo) para desarrollar una importante reforma del Estado”, manifestó el mandatario, en relación con el tiempo que le queda de mandato.
Antes de las elecciones del 6 de febrero, el gobernante comentó que estaba dispuesto a dialogar con los candidatos que pasaran a segunda ronda para dejar presentado un proyecto de ley de fusión de estas instituciones. Los aspirantes que entraron al balotaje son José María Figueres y Rodrigo Chaves, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Progreso Social Democrático (PPSD).
Alvarado afirmó que trabajaría junto con su gabinete para remitir el plan a conocimiento de Asamblea Legislativa y dejarle encaminado trámite a la próxima administración.
“Yo creo que es algo que podríamos dejar encaminado”, subrayó.
La iniciativa de fusionar las tres instituciones de vivienda social estuvo entre los planes del gobierno en el pasado. No obstante, la atención de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplazaron su impulso.
El Poder Ejecutivo ha tenido fricciones con las autoridades del Banhvi por la asignación de recursos para vivienda social, durante buena parte de este mandato.
Incluso, la semana anterior, Carlos Alvarado reclamó que su administración habría tenido mejores resultados en el manejo de las finanzas públicas, si los diputados no hubieran devuelto recursos al Banhvi y a municipalidades, durante la discusión del Presupuesto Nacional en el Congreso.
También, ha habido roces entre el INVU y el Banhvi por el uso de los recursos dirigidos a construir proyectos de solución habitacional para personas en condición de pobreza.
El INVU y el Banhvi tienen sus propias leyes constitutivas, emitidas en 1954 y 1986, respectivamente. En tanto, el Mivah carece de un marco legal, por lo que se encarga de emitir lineamientos y políticas generales.
El Instituto ejecuta dichas políticas y promueve programas habitacionales; mientras que el Banco provee financiamiento, pero no directamente, sino a través de otras entidades autorizadas, como otros intermediarios, cooperativas y mutuales.
Esas entidades se encargan de recibir y tramitar las solicitudes de bono; así como de entregar los recursos en los casos que el Banhvi apruebe.
En el segundo semestre del 2020, en la búsqueda de alternativas para bajar el costo de operación del Estado, el Gobierno se cuestionó si necesita tres instituciones distintas para ejecutar las políticas de vivienda y ordenamiento territorial.
Según dijo en aquel momento Pilar Garrido, ministra de Planificación, la “dispersión de esfuerzos” era uno de los problemas que el Ejecutivo se propone resolver, como parte de la necesidad de hacer al aparato público más eficiente.
“El rol del Banhvi, cuestionarnos si a estas alturas, teniendo una herramienta tan poderosa como el Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, unas condiciones que ofrecen programas de vivienda que son muy atractivas en la banca comercial y otros, si tiene sentido mantener el Banhvi o no”, dijo Garrido en una audiencia ante la comisión legislativa de Reforma del Estado, el 30 de setiembre del 2020.
El Sinirube es un órgano desconcentrado adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual reúne la información de todas las ayudas que distribuye el Estado entre la población.
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