Aunque expresó dolor y rabia ante los actos de corrupción revelados por la Operación Diamante, el presidente de la República, Carlos Alvarado, calificó este miércoles como “positivo” que estos hechos salgan a la luz pública para que puedan ser investigados y se sienten responsabilidades.
Alvarado señaló que sería peor que estos asuntos nunca se revelaran y que las personas relacionadas con estos hechos siguieran cometiendo aparentes delitos en el anonimato. Así lo aseveró durante una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial,
“Creo que tiene una implicación positiva, y es que todo esto se investigue, se limpie. Dice también que nuestras instituciones funcionan, dice que un Poder Judicial puede investigar independientemente de quien sea la personas que se investiga.
“En primera instancia me siento molesto, indignado, incomodo; pero también pienso que a la postre es algo que tenemos que sopesar los costarricenses. Es mejor que estas cosas se ventilen por el país”, expresó el gobernante.
Por otra parte, el gobernante manifestó que se están preparando al menos seis proyectos ley que enviarán a la Asamblea Legislativa con el fin de mejorar las herramientas para identificar y transparentar actos de corrupción.
Sostuvo que este tipo de investigaciones demuestran que los supremos poderes pueden trabajar en el país con total libertad y sin el temor de que se le impongan órdenes o condiciones a la justicia.
“Pensemos en el caso inverso, que estos asuntos nunca se llegaran a conocer, o aún peor, que las autoridades judiciales lo supieran y no actuaran; están actuando. O aún peor, un escenario donde las autoridades judiciales tienen esto, pero otros poderes se meten a mangonear para que esto no pase. Dichosamente en Costa Rica el sistema funciona parejo”, aseveró.
El pasado lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a seis alcaldes, funcionarios municipales y personeros de dos constructoras por supuestos favores conseguidos por la empresa MECO en contratos de infraestructura vial cantonal a cambio del pago de sobornos.
Como parte de 40 allanamientos realizados ese día, el OIJ buscó pruebas en ocho ayuntamientos por los supuestos delitos de cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias y peculado.
Alvarado expresó que la investigación de este caso debe seguir hasta la última instancia y hacer pagar a los responsables.
“Que se investigue hasta el fondo, que se sienten responsabilidades,. Si alguien cometió algo indebido que sea castigado, si alguien no lo hizo que sea absuelto, pero lo más importante, lo positivo, es que esto se ventila”, agregó.
Entre las personas detenidas por la Operación Diamante figuran los acaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú).
Otras seis personas también se fueron detenidas. Uno de ellos es un funcionario de MECO, otros cuatro son empleados municipales y el último es un regidor de la Municipalidad de Golfito u delegado del partido Nueva República.
Wálter Espinoza, director del OIJ, explicó que la investigación determinó que funcionarios públicos se vincularon con la constructora MECO para favorecer a dicha empresa con licitaciones, pago adelantado de facturas, inicio anticipado de obras públicas, entre otros hechos.
A cambio de su colaboración, el expediente judicial señala que los jerarcas y empleados municipales relacionados con el caso habrían recibido dádivas como dinero en efectivo, arreglos en casas, vehículos y otros favores.