En la sede del Colegio de Periodistas, el mandatario Carlos Alvarado puso fin a la polémica. Allí anunció que este viernes, a dos días del traspaso de poderes, vetará la ley mordaza que prohibiría a la prensa informar sobre investigaciones que estén en trámite judicial, como el caso Cochinilla, o reportar sobre expedientes de narcotráfico, despidos de funcionarios por corrupción o allanamientos.
“El día de mañana, vetaremos la ley que pone restricciones al acceso de la prensa a ciertas fuentes de información. Literalmente, mientras algunas personas están empacando cajas, otras están trabajando el veto para que lo podamos firmar y notificar este viernes”, dijo Alvarado, quien termina su mandato este domingo 8 de mayo, al mediodía.
Explicó que tanto su ministro de Comunicación, Agustín Castro, como abogados, redactan el texto por medio del cual el Poder Ejecutivo rechaza convertir en ley los incisos d), g) y k) del Artículo 8 de la ley sobre Límites del derecho de acceso a la información de asuntos de interés público, los cuales impiden que los periodistas informen a la ciudadanía sobre la “prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.
Esa ley, propuesta por Carmen Chan, del Partido Nueva República, fue aprobada por unanimidad de los 40 diputados presentes en el plenario el 27 de abril, un día antes de la última sesión, con la cual terminaron labores para dar paso a los nuevos legisladores.
Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), los primeros que reclamaron el veto, dijeron la noche de este jueves que el veto será parcial (solo al artículo que limita la libertad de información) y no total.
Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, quien un día después de la aprobación de la ley, reclamó el veto, dijo que el mandatario le explicó que se alegará inconstitucionalidad. “Esto con el fin de que el tema vaya a la Sala Constitucional y eso obligaría, al menos, a la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa a enmendar los yerros que la ley tiene”.
‘Muy orgulloso de ser periodista’
Alvarado habló sobre el veto en el Colegio de Periodistas (Colper) porque allí se develó su retrato como segundo periodista, luego de Otilio Ulate Blanco (1949-1953), que gobierna el país. Él se incorporó a ese gremio, con el carné número 1172, el 22 de julio del 2004 luego de su graduación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica.
“Yo me siento muy orgulloso de ser periodista”, declaró el mandatario saliente, al agregar que está convencido de que “la democracia depende plenamente de la comunicación y mucho del periodismo” y selló esta frase con otra: “No habría la Costa Rica que conocemos sin el ejercicio de la comunicación y de la prensa”.
Luego, habló de su esposa, Claudia Dobles, e hizo una alusión al papel que ella jugó en su mandato en estos cuatro años: “Ha sido como la buena prensa, no complaciente, y me cuestionaba mucho, pero eso nos hizo mejores”.
Precisamente, desde el viernes 28 de abril el Colper le pidió vetar la ley porque los tres incisos del artículo 8 no solo limitan la libertad de prensa, sino que violentan los derechos consagrados en la Constitución Política y en tratados internacionales sobre el derecho a la información.
Alvarado alegaba un problema de tiempo para consultar el veto a ministros y emitir un criterio jurídico dado que su último día hábil es este viernes. Sin embargo, este jueves en la mañana, en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, declaró que la Asamblea Legislativa envió la ley a Casa Presidencial el miércoles en la noche para la sanción respectiva. Prometió que apurarían las gestiones: “Vamos a correr para procurar vetarla, vamos a correr”.
Una vez firmado por el mandatario, el veto será enviado a la Asamblea Legislativa. Si es parcial (solo a los incisos que atentan contra la libertad de prensa), los diputados pueden acogerlo, para lo cual, deberían enmendar los aspectos objetados por el mandatario y enviarlo de nuevo a Casa Presidencial para que la firme y publique en La Gaceta.
El plenario también puede resellar el proyecto, es decir, no aceptar el veto, pero se requiere de un mínimo de 38 votos de 57. Si no se consigue esa cantidad de votos, el plan es desechado y no puede ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.
Este jueves, a su vez, aumentó la oposición a las limitaciones que establecería el proyecto de ley a la libertad de prensa. Luego de que los partidos Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Social Cristiana (PUSC) se habían pronunciado en contra, se sumó al llamado la fracción de Liberación Nacional (PLN).
A su vez, trascendió que la mordaza para la prensa no estaba en el texto original del proyecto, sino que esta fue introducida, el pasado 15 de marzo, mediante una moción propuesta por la entonces diputada fabricista Carmen Chan, hoy asesora de la legisladora Rosalía Brown, de Nueva República (PNR).
Rubén Hernández, abogado constitucionalista con más de tres décadas de experiencia, declaró a La Nación que la ley, tal y como quedó aprobada, violenta el artículo 29 de la Carta Magna, trasgrede la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia para los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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