Las campañas internas que viven los partidos políticos, para elegir a sus candidatos presidenciales del 2018, bloquean el nombramiento de dos plazas vacantes en las máximos tribunales de la Corte Suprema de Justicia en asuntos penales y constitucionales.
Esta conclusión es compartida por diputados de varias fracciones, algunos de los cuales a la vez son precandidatos.
Actualmente, los diputados tienen pendiente la elección de un magistrado para la Sala IV, para llenar la plaza que dejó el expresidente del tribunal constitucional, Gilberth Armijo, al jubilarse en noviembre del 2015.
Asimismo, los legisladores deben buscar un sustituto para el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, quien dejó una silla vacía en la Sala III, encargada de resolver en alzada los juicios penales.
Los diputados también deben decidir si reeligen o no al magistrado de la Sala III, Jesús Ramírez. Sin embargo, este es un proceso en el cual, si no hay pronunciamiento del plenario legislativo, la reelección se producirá en forma automática.
En cuanto a la elección de magistrados suplentes, hay una lista de nueve cargos pendientes para varias salas.
La situación complica las cosas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia. Para la presidenta del Poder Judicial, la magistrada Zarela Villanueva, es una prioridad contar con el cuerpo de magistrados titulares completo.
Durante la reunión de presidentes de supremos poderes que se realizó en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado miércoles, Villanueva conversó sobre la mora legislativa en el nombramiento de magistrados con el presidente en ejercicio del Congreso, el libertario José Alberto Alfaro.
"Soy respetuosa del proceso de elección que realiza la Asamblea Legislativa para el nombramiento de magistrados y magistradas. Esta es una competencia que la Constitución Política otorga al órgano legislativo. Sobre este punto, la conversación versó sobre la importancia de que estos puestos sean ejercidos por personas que tengan un nombramiento permanente, que sean titulares. Lo conveniente es que no se extienda por periodos largos", dijo la magistrada.
Villanueva, además, termina su periodo como presidenta de la Corte Plena el 13 de mayo, por lo que la falta de dos magistrados titulares impide precisar los cálculos de los magistrados que buscan aspirar a ocupar la presidencia del Poder Judicial.
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El presidente interino del Congreso empeñó su palabra en buscar que se agilice el proceso.
"Son también prioridades que necesita el Poder Judicial (...). Hay compromiso de parte del Poder Legislativo para que haya un consenso en las próximas semanas y poder elegir esos magistrados suplentes y sobre todo el de la Sala Constitucional de aquí a mayo próximo", dijo el libertario Alfaro.
Sin embargo, las buenas intenciones de Alfaro, y la esperanza de un proceso expedito de parte de Villanueva, se ven aplastadas por la realidad política que enfrenta el Congreso, donde las cinco bancadas con mayor número de diputados enfrentan sus propios procesos internos de elección.
De hecho, siete de los legisladores impulsan sus candidaturas en procesos donde ya tienen contendores.
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"Para hacer esas elecciones (de magistrados) se requiere un largo proceso de negociación que creo se va atrasar por las ausencias producto de las convenciones. Sí coincido en que lo más probable es que se hagan después de mayo", opinó el precandidato liberacionista y diputado Antonio Álvarez Desanti.
Edgardo Araya, jefe de fracción y precandidato del Frente Amplio, opinó que, si bien él y sus compañeros no salen a hacer campaña, en otras fracciones sí se da esa situación, por lo que se afectan procesos como la elección de magistrados: "Hasta que no haya una definición clara en fracciones como Liberación Nacional, va a costar mucho que se de la elección".
"Una cosa son los intereses que representa un precandidato como José María Figueres y otros los intereses de Antonio Álvarez Desanti, algo similar pasa en la Unidad", agregó Araya.
Por su parte, Jorge Rodríguez, diputado del PUSC y miembro de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, considera que la afectación se da principalmente en el plenario, donde se necesita de un acuerdo de 38 diputados para nombrar a cualquiera de los dos magistrados.
"Tenemos nuestras diferencias, todo mundo tiene intereses diferentes y será un proceso sumamente complejo. No se va a lograr antes de mayo", aseveró Rodríguez.
El libertario y precandidato Otto Guevara, por su parte, dijo que se espera llegar a acuerdos para la votación de magistrados suplentes, en vista de que el 17 de abril la Sala I quedaría con un solo suplente, y está pendiente la elección de cuatro que ya están recomendados para dicha instancia.
"Hay otro nombramiento que es el de Jesús Ramírez (magistrado de la Sala III que pretende reelegirse por un quinto periodo). Antes del 14 de marzo se debería votar, para que no sea reelecto de forma automática", expresó.
No obstante, aceptó que el proceso de elección de los nuevos magistrados para la sala III y IV debe seguir un largo proceso de discusión.
En pelea. En el PLN, dos legisladores se disputan la candidatura: Antonio Álvarez y Rolando González. Ellos se enfrentan también al expresidente José María Figueres y al exdiputado Sigifredo Aiza.
Álvarez, de hecho, dejó su silla en la presidencia del Congreso para dedicarse de lleno a la campaña interna de Liberación del próximo 2 de abril.
En tanto, en el Frente Amplio, los diputados Edgardo Araya y Francisco Camacho luchan por ser la cara que aparezca en las papeletas presidenciales de su partido.
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A ellos se suma el pulso que se vive en el Movimiento Libertario, donde Otto Guevara y su compañera diputada Natalia Díaz, buscarán ser la carta presidenciable de esa agrupación.
En el PAC, no se descarta que algún diputado aspire a la candidatura.
Para finalizar, en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el expresidente legislativo y diputado, Rafael Ortiz, busca ganarle la candidatura presidencial al exsecretario general de esa agrupación, Rodolfo Piza, quien, aunque no es diputado, sí reclutó al diputado y exjefe de bancada, Johnny Leiva, como su gerente de campaña.
Con tanta ebullición partidaria, donde la campaña se vive primero a lo interno de las agrupaciones políticas, queda poco espacio para discutir acuerdos que encaminen a la elección de magistrados.