Los miembros del Comité de Crédito Especial del Banco Nacional del 2014 aseguraron, este miércoles, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está obligado a asumir la planta hidroeléctrica Capulín San Pablo, hasta ahora desarrollada por Hidrotárcoles, por mandato contractual.
En una comparecencia ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, en la Asamblea Legislativa, los voceros del Banco Nacional (BN) alegaron que esa obligación se basa en las cláusulas del contrato referidas a las opciones para finalizar el contrato de compra de energía entre el ICE y el consorcio Hidrotárcoles.
Marietta Herrera, directora jurídica del Banco, explicó que tanto la rescisión como la resolución del contrato de compra de energía obligan a que el Instituto asuma la obra, pero bajo condiciones diferentes.
Según ella, si se rescinde el contrato de compra de energía por 50 megavatios, el ICE debe asumir la obra y la deuda, además de pagarle al contratista, Hidrotárcoles, la inversión hecha de su propio bolsillo.
En el caso de la resolución, Herrera alega que se deriva en dos opciones, que el ICE asuma obra y deuda, o que asuma la obra y busque un tercero para que concluya el desarrollo de la planta y la deuda con el BN.
Esa versión es muy diferente a la relatada por el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, quien alegó el martes que, al resolver el contrato, ya el Instituto no tiene ninguna obligación contractual con el inversionista, o sea, con el Banco Nacional.
El argumento de Obregón para empezar el proceso de resolución del contrato, en julio del 2015, era el incumplimiento de la fecha establecida en el documento para el inicio de la operación comercial, que era el 1.º de agosto del 2015.
Sin embargo, Marietta Herrera y Juan Carlos Corrales, gerente general del BN, argumentaron que ya en documentos de abril y julio del 2014, tanto en el del cierre financiero donde se acepta la fuente de financiamiento que utilizaría Hidrotárcoles, como en el programa de trabajo presentado por esa empresa, se establecía el 1.º de junio del 2017 como una nueva fecha de inicio de operaciones.
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Aunque supuestamente el ICE rechazó esa nueva fecha de entrada en operaciones, el Banco Nacional alega que nunca conocieron una respuesta negativa de parte del Instituto de Electricidad.
Herrera expuso ante los diputados que el contrato le permitía al desarrollador de la planta hidroeléctrica modificar, un año antes de la fecha establecida en el contrato, la fecha de entrada en operación comercial real.
El contrato que ahora investigan los miembros de la Comisión de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa se refiere a la compra de energía que licitó el ICE en el 2006 por 150 megavatios, en tres bloques de 50 megavatios cada uno.
Uno de esos bloques se le contrató al consorcio Hidrotárcoles, formado por Hidroescobal, de Juan Rafael Rojas Madrigal; Hidrosanp, de José Joaquín Chacón Leandro, y la constructora Sánchez Carvajal, de Fernando Sánchez Carvajal, Álvaro Enrique Sánchez Chávez, Fernando Sánchez Sirias y Carlos Alberto Sánchez Sirias.
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El contrato de compra de energía entre Hidrotárcoles y el ICE se firma en el 2012, bajo la modalidad BOT (build, operation, transfer, o sea, construcción, operaación y transferencia), y se dio la orden de inicio de la construcción para el 1.º de agosto del 2012, con una previsión de construcción de tres años.
No obstante, apenas para abril del 2014 se estaba dando el cierre financiero, o sea, la aceptación del ICE de la fuente de financiamiento que usaría Hidrotárcoles para realizar esa planta hidroeléctrica.
Ese mismo mes, el consorcio le presentó al ICE el plan de trabajo con la nueva fecha de inicio de operaciones comerciales, diferente a la establecida en el contrato.
De acuerdo con Bernardo Alfaro, subgerente de Riesgo y Crédito, el Nacional realizó un amplio estudio de factibilidad y se hizo una "debida diligencia", para la cual se contrató a una empresa asesora externa, para que emitiera un criterio técnico y legal sobre ese crédito.
Alfaro añadió que para abril del 2014, el ICE se dio por satisfecho y avaló el mecanismo de financiamiento del BN al proyecto, que ya para esa época había elevado su valor, pues en el 2006 se calculaba el proyecto en $107 millones y para el 2014 se había incrementado a $167 millones.
"Eso es muy importante para nosotros, porque ya el proyecto valía mucho más y el financiamiento que dábamos era por $117 millones", alegó Alfaro.
Desembolsos y término del contrato
Los representantes del Banco Nacional aseguraron que iniciaron los desembolsos del crédito en noviembre del 2014 y que, todavía en abril del 2015, el ICE e Hidrotárcoles firmaron un contrato para el procedimiento de expropiación de unas fincas que se deben obtener porque están bajo riesgo de inundación por las operaciones de la hidroeléctrica.
Sin embargo, para junio del 2015, el ICE le pide al ingenierio que el BN tenía supervisando el proyecto que trajera, para la próxima cita, a los representantes del Comité Especial de Crédito, a los cuales les anuncia, en julio de ese año, que terminaría el contrato de compra de energía por la vía de la resolución.
"Todavía para enero del 2015 no tenemos ninguna noticia, de parte del ICE, de que hubiera habido ningún incumplimiento del contrato por parte de Hidrotárcoles", comentó Alfaro.
Juan Carlos Corrales apuntó que en la matriz energética 2015-2035 que el Instituto de Electricidad presentó en junio del 2015 se incluían los 50 megavatios que se tenía previsto comprar a Hidrotárcoles, producidos por Capulín San Pablo.
"Eso nos toma por sorpresa y suspendemos los desembolsos para el proyecto, dejamos de girar porque el ICE dice que suspende. Mantuvimos el proyecto parado por 11 meses", comentó el gerente general del BN.
En medio de esa polémica, Hidrotárcoles perdió al subcontratista HidroChina, que estaba desarrollando directamente la obra, por falta de pago.
Luego de que en abril del 2016 un juez suspendió la decisión del ICE, el Banco Nacional continuó con los desembolsos del crédito, empezando con el pago de una obra de $5 millones para evitar que el invierno destruyera lo ya construido.
Eso sí, Hidrotárcoles tuvo que buscar un nuevo constructor y todo eso implicó una cantidad de atrasos importante, que para Corrales llegaron a 21 meses.
Actualmente, el Banco Nacional ha desembolsado ya $107 millones e Hidrotárcoles invertió $29,3 millones, por lo que la decisión que tomó el ICE el 15 de enero pasado, de dar por resuelto el contrato, causa molestia en los voceros bancarios.
Ante las consultas de Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los voceros del Banco alegaron varias veces que hubo algún tipo de aceptación, de parte del ICE, de la nueva fecha de entrada en operaciones, que se suponía iba a ser junio del año pasado.
Juan Carlos Corrales aseguró que, al día de hoy, la planta está en un 49% de avance de las obras y que, para finales de marzo, podría llegar a un 65% de avance, luego de obras hidromecánicas ya contratadas.
No obstante, Patricia Mora apuntó que, tal como lo reclamaba el ICE, tampoco para junio del año pasado había un avance suficiente, ni siquiera para la segunda fecha que Hidrotárcoles prometió como el inicio de las operaciones.
Ante ello, Corrales reconoció que en ese momento el avance que tenía la obra era del 30%.
"Lo vamos a pagar los costarricenses"
Como opinión personal, Gerardo Ulloa, exsubgerente de Banca Corporativa, aseguró que, si ya para el 2014, cuando Hidrotárcoles presentó la información del cierre financiero, ya el ICE preveía que le iba a sobrar energía, tenía formas de rescindir el contrato "con mínimos riesgos legales".
"El ICE pudo haberlo hecho por interés institucional, pudo haber rescindido, pagar el rendimiento a los inversionistas por los dineros verdaderamente invertidos en el proyecto, sin incluir el saldo de la deuda, que el ICE eso se lo hubiera pagado al banco, y en marzo del 2014 eso no hubiera implicado nada, porque no se había desembolsado un solo centavo", comentó Ulloa.
Es más, apuntó que para el 2015, cuando el Instituto anunció que daría por terminado el contrato de compra de energía, pudo haber optado igualmente por la rescisión y apenas haber tenido que pagarle al Banco una deuda de $22 millones y la inversión de los accionistas de Hidrotárcoles.
"Eso hubiera sido mucho más sencillo y hubiera sido mucho menos riesgoso y no nos abre una serie de flancos legales, tanto al ICE, como al Banco y a la empresa. Esto, al final, lo vamos a terminar pagando los costarricenses y eso es muy doloroso y se pudo haber evitado", dijo el exsubgerente.
Marieta Herrera, la directora jurídica del BN, apuntó que la preocupación de la entidad es el "mensaje de incerteza jurídica que se le manda a todas aquellas personas o empresas que en algún momento quieran entrar a participar en algún proyecto con el ICE".
"O a cualquier otra entidad bancaria que quisiera entrar a financiar un proyecto de esta magnitud, porque cuando se desconocen las mismas cláusulas contractuales que firmé, para obligarme, eso crea una incerteza jurídica para el país y que, al final de cuentas, lo va a pagar todo el país", concluyó Herrera.