Presidente del ICE sobre Hidrotárcoles: 'No conviene, no sabemos cuándo termina ni cuánto va a costar'

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón, aseguró este martes, en el Congreso, que la decisión de resolver el contrato de compra de energía con la firma Hidrotárcoles S. A. se dio, principalmente, por estimar que el proyecto es inconveniente.

"Es porque ese proyecto no conviene, no sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos cuánto va a costar", respondió Obregón ante las dudas de los diputados sobre las razones para ser inflexibles con la desarrolladora de la planta hidroeléctrica Capulín San Pablo.

Además de Obregón, Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE y José López, director de Negocio de Ingeniería y Construccion del Instituto, afirmaron que el consorcio Hidrotárcoles incumplió el contrato gravemente, pues originalmente se establecía la entrada en operaciones de la planta para agosto del 2015.

El presidente del ICE apuntó que, aunque el desarrollador de la planta hidroeléctrica intentó de varias maneras que se modificara la fecha contractual para el inicio de operaciones, nunca se aceptó eso, en parte porque "no se podía".

"No es correcta la aseveración de que el ICE aceptó que se modificaran las fechas contractuales. (...) Las fechas contractuales no (las puede modificar Hidrotárcoles). La fecha de entrada en operación de la planta es una potestad de ellos, haciéndose responsables de las consecuencias de eso", comentó Obregón durante la comparecencia.

LEA MÁS: ICE finaliza contrato con Hidrotárcoles por incumplimiento con proyecto hidroeléctrico

Los voceros del Instituto afirmaron que, cuando llegó la fecha establecida en el contrato para entrar en operaciones (tres años después de haberse firmado), la obra solo había avanzado en un 15%.

Obregón adujo que, a hoy, las obras corresponden a $46 millones y que los desembolsos del crédito del Banco Nacional (BN) para Hidrotárcoles sobrepasan los $120 millones, con solo un 45% de avance.

El ICE advirtió del incumplimiento contractual por parte de Hidrotárcoles desde enero del 2016, aseguraron los jerarcas, y agregaron que el Nacional, como financista, le advirtió al desarrollador de la hidroeléctrica sobre tres elementos que ponían en riesgo el financiamiento para la obra.

Esas razones son que la orden de inicio de operaciones ya tenía un año de atraso, que el plazo de construcción era de 36 meses y que se ofertó para ese contrato por $107 millones, pero que ya se había elevado la previsión a poco más de $160 millones.

El proyecto Capulín San Pablo es parte de una licitación del ICE para compra de energía por 150 megavatios, de los cuales Hidrotárcoles se había dejado el contrato por un tercio, o sea, 50 megavatios. Los proyectos Chucás y Torito se encargarían de otros 50 megavatios cada uno.

​Obregón les explicó a los congresistas que la resolución del contrato, anunciada este lunes por medio de comunicado de prensa, no implica para el ICE ningún costo, como sí habría sucedido si la figura empleada hubiese sido la rescisión, donde la entidad hubiera aceptado quedarse con la obra como está y con la deuda bancaria.

Los legisladores manifestaron dudas sobre el manejo de la relación con el proyecto y el supuesto trato diferenciado que, supuestamente, el ICE le habría dado a otro desarrollador de un proyecto similar, Enel Green Power Costa Rica, a cargo de la planta hidroeléctrica Chucás, ligada a los hermanos Mariano y José María Figueres Olsen.

En ese caso, Chucás tuvo más tiempo para desarrollar la obra y al final incluso ganó un proceso de arbitraje al ICE por una pugna sobre el encarecimiento del costo, por lo que el Instituto deberá pagar $112 millones a Enel.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, sugirió que hubo alguna especie de favorecimiento hacia la firma de los Figueres, a diferencia del trato a Hidrotárcoles, que estaría por sufrir la resolución del contrato.

La misma duda tuvieron Rafael Ortiz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Julio Rojas, de Liberación Nacional (PLN).

No obstante, Obregón adujo que, aunque efectivamente Chucás tuvo problemas para cumplir con el contrato, cuando se le vencía la fecha contractual ya tenía un porcentaje de avance importante y, en ese caso, por los incumplimientos se le podían aplicar las multas establecidas en el contrato.

En cuanto al proyecto de Hidrotárcoles, la Junta Directiva del BN ya había contactado al ICE para eventualmente flexibilizar las condiciones del contrato; sin embargo, la entidad se rehusó porque alegaron que no había responsabilidad de su parte en los incumplimientos del desarrollador y que no era culpa del Instituto si falló la supervisión para hacer los desembolsos del crédito.

Por su parte, Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le cuestionó a Obregón si la decisión de resolver el contrato con Hidrotárcoles se pudo deber a una mala previsión de demanda de energía.

Solís añadió que el ICE sobreestimó la demanda que necesitaría para este año y que por eso ahora no quieren que entre en operaciones la hidroeléctrica Capulín.

“Cada año tenemos situaciones diferentes, tendremos que ir haciendo un balance entre el crecimiento de la demanda y la oferta que vamos a dar nosotros”, argumentó el jerarca del ICE.

”¿Es factible que se hayan puesto rigurosos con Hidrotárcoles porque las proyecciones de demanda de energía cayeron y ya no necesitan de esa energía y hayan cambiado los términos de rigurosidad y la disposición a hacer ajustes en los tiempos de entrega?”, le preguntó de nuevo Solís.

"No es posible, no es un elemento a considerar de parte nuestra", respondió Obregón.