El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) decidió romper el contrato de ¢2.300 millones que otorgó al Sinart, para que se encargara de su publicidad durante cuatro años, debido a los incumplimientos de la empresa estatal.
El pasado 9 de enero, la Junta Directiva del AyA encontró que el Instituto no logró colocar mensajes de interés entre la población, además de que la Dirección Jurídica consideró inaceptables los argumentos expuestos por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para incumplir el contrato.
Gerardo Morera Rojas, miembro de la Directiva del AyA, cuestionó la decisión de haber otorgado un contrato de tan larga duración y valor económico al Sinart. El negocio fue adjudicado el 7 de febrero del 2023, sin concurso público. La Dirección de Comunicación recomendó otorgarlo de forma directa con base en un estudio de mercado de página y un párrafo.
La recomendación de contratar al Sinart provino de la Presidencia de la República, según dijo hace un año la propia jefa de Comunicación del AyA, Angie Ortega Umaña, ante la Junta Directiva. La exdirectiva Beverly Hernández agregó que fue el mandatario, Rodrigo Chaves, quien hizo la sugerencia.
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‘No sé cómo lo aprobamos’
En enero pasado, el directivo Gerardo Morera dijo: “Yo no sé si ese día yo estaba con la cabeza tapada. No sé cómo aprobamos ¢2.313 millones para que AyA estuviera durante cuatro años pegado al Sinart, pagando con las muchas pajas de agua que tenemos, porque la única entrada de dinero es el recurso hídrico, ya sea por saneamiento o por agua potable. ¿Cómo es posible hacer un contrato de cuatro años por ¢2.313 millones?”.
Seguidamente, el directivo agregó sobre el incumplimiento del Sinart: “Gracias a Dios que pasó, porque ahora nos podemos quitar el tiro, y tratar de que esto no se lleve a cabo, y que nosotros podamos tener esos recursos para hacer proyectos u otras cosas que son más importantes”.
La postura de Morera fue respaldada por su compañera Elizabeth Fallas Monge, quien afirmó que el presupuesto aprobado para la contratación fue muy alto.
En consecuencia, la Junta Directiva acordó por unanimidad iniciar el proceso de rescisión. Luego, en la sesión del pasado 15 de enero, la directora interina de Comunicación informó de que ya había subido al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el informe para hacer la ruptura.
El incumplimiento
El 14 de setiembre, el Sinart informó al AyA de que tenía problemas para ejecutar los proyectos pactados con sus clientes, debido a falta de dinero por la improbación de un presupuesto extraordinario de ¢4.150 millones. Alegó que no tenía recursos para subcontrataciones y, por ende, debía detener la recepción de más órdenes de compra.
La Contraloría General de la República (CGR) improbó el plan de gastos del Sinart porque incumplía con el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
La empresa pública de medios afirmó que estaba a la espera de que la Contraloría aprobara un nuevo presupuesto extraordinario; sin embargo, ese segundo plan de gastos también fue improbado en octubre por múltiples incumplimientos.
“Prácticamente, lo que nos indicaron es que no podían hacer ninguna contratación con los medios de comunicación”, explicó la jefa de Comunicación del AyA, durante la sesión de Junta Directiva del pasado martes 9 de enero.
Sinart debía cumplir con el 70% por sí solo
En un oficio del 22 de setiembre del 2023, la Dirección Jurídica del AyA criticó los argumentos que ofreció el Sinart, calificándolos de incongruentes.
Sobre el argumento de que no tenía recursos para hacer subcontrataciones, la Dirección Legal de Acueductos indicó que, según la Ley General de Contratación Pública, una empresa pública debe ser capaz de suministrar, por sí misma, al menos el 70% del objeto del contrato.
Además, bajo ningún concepto, las prestaciones sustanciales del contrato pueden ser subcontratadas.
“Debido a lo anterior, no se entiendepor qué solicitan detener la recepción de órdenes de compra en su totalidad por no tener presupuesto disponible para subcontrataciones, cuando a lo sumo las subcontrataciones deben ser el 30% del objeto contractual”, cita el oficio.
La Dirección Jurídica también recordó que la contratación con el Sinart está en la modalidad de servicios por demanda y, por lo tanto, el que determina las necesidades es el AyA, no el ente contratado. Además, la empresa pública se comprometió a asumir todos los requerimientos solicitados.
Ante esta situación, la oficina jurídica le señaló a Acueductos que tenía la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato con el Sinart, por motivo de incumplimiento grave imputable al contratista. De hecho, recomendó hacerlo.
Asimismo, según el artículo 119 de la Ley General de Contratación Pública, el AyA podría pedir una sanción contra el Sinart.
La oficina legal también indicó que Acueductos debe verificar que se hayan cumplido las especificaciones del contrato, entre ellas que el Sinart ejecutara al menos el 70% de las tareas, y que no subcontratara las prestaciones sustanciales.
Antes de la contratación, el 14 de diciembre del 2022, el entonces presidente ejecutivo del Sinart, Allan Trigueros Vega, declaró bajo juramento que toda la gestión publicitaria la realizaba el equipo humano del Sinart, sin acudir a la subcontratación, “salvo en casos muy excepcionales”.
Según Angie Ortega, el incumplimiento del Sinart provocó una subejecución del presupuesto designado para publicidad. Además, Acueductos no logró colocar mensajes de su interés en los medios de comunicación de forma masiva.
La contratación de Sinart fue aprobada de forma unánime por la Junta Directiva el 7 de febrero del 2023. Según las actas, ese día, estuvieron presentes Alejandro Guillén (entonces presidente ejecutivo de AyA), Beverly Hernández, Gerardo Morera, María Fernanda Jiménez, Krissia Coto y Alejandra Mora.