El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) negó uno de los argumentos usados por la Policía de Fronteras para salir de la finca Vivoyet, ubicada en Crucitas de Cutris, en San Carlos. En esa propiedad, localizada a seis kilómetros de la frontera con Nicaragua, cientos de coligalleros ingresan todos los días para extraer oro ilegalmente.
En un oficio, con fecha del 4 de junio del 2023, el director de la Policía de Fronteras, Adrián Salazar Cascante, justificó que, entre otros motivos, salían de la finca porque el AyA incumplió con el acuerdo que tenían de suministrarles 15.000 litros de agua potable en camiones cisterna cada dos o tres días.
Salazar aseveró que esa cantidad de litros permitiría cubrir las necesidades diarias de 30 personas, como la preparación de alimentos, limpieza de utensilios, duchas, lavandería e ingesta humana.
El instituto lleva agua a Crucitas en camiones cisterna desde febrero del 2023, cuando el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria que clausuró el uso de nacientes y pozos de agua, tras detectar que estaban contaminados con mercurio procedente de la minería ilegal.
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El director de la Policía de Fronteras dijo que llegaban a sus instalaciones con “una cantidad no superior a los 5.000 litros”. Añadió que, aunque pidieron abastecerlos cada dos días, en varias ocasiones los han dejado esperando hasta cuatro días sin agua potable.
Promesa era menor
Sin embargo, este viernes 11 de agosto, ante consultas de La Nación, Acueductos y Alcantarillados negó los argumentos utilizados por Salazar Cascante.
En primera instancia, el AyA negó que se hubiesen comprometido a entregar 15.000 litros de agua cada dos días.
La institución explicó que un camión cisterna ingresa de día de por medio a las comunidades de Llano Verde, El Jocote, Tiricias, y Crucitas, y en ese mismo viaje visitan a las instalaciones de la Policía de Fronteras.
En un correo electrónico, el AyA sostiene que en ningún momento se comprometieron a entregar 15.000 litros solamente al puesto de Policía, porque esa es la capacidad máxima que puede cargar el camión, y las demás localidades se quedarían sin el recurso hídrico.
También refutaron que estuviesen otorgando menos de 5.000 litros por viaje: “Se les entregaba 7.000 litros cada vez que llegábamos, es por ello que en tres días se les entregaban 14.000 litros aproximadamente”.
Acueductos y Alcantarillados agregó que, cuando llegaban a depositar el agua en los cuatro tanques disponibles, con frecuencia se encontraban que estos estaban llenos, es decir, los policías no consumían la totalidad el agua que se les entregaba.
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En el sitio hay instalados tres tanques con capacidad de 2.500 litros, y uno más con capacidad de 5.000 litros.
El AyA mencionó que, en total, han instalado 14 tanques para almacenamiento de agua, seis en Llano Verde, dos en Jocote, dos en Crucitas, dos en Chamorro, uno en Tiricias y uno en el Roble.
“Mantenemos una comunicación fluida con la Policía de Fronteras. Precisamente, en Tiricias actualmente estamos colaborándoles con la instalación de un segundo tanque de almacenamiento con capacidad de 2.500 litros, el cual será abastecido con el vehículo tipo cisterna institucional”, detalló la institución.
Además, admitió que hay zonas donde el cisterna no puede ingresar debido a las condiciones de los caminos, especialmente en época lluviosa, pero en estos casos, realizan reparto de agua, casa por casa, con un vehículo doble tracción, que transporta una tanqueta con capacidad de 1.100 litros.
Por orden presidencial
La Nación reportó el miércoles 9 de agosto que la Policía de Fronteras abandonó su base de operaciones el 17 de julio “por orden presidencial”. Así lo expresó esa dependencia de la Fuerza Pública en un correo electrónico enviado a los encargados de la finca Vivoyet, quienes prestaban las instalaciones sin ningún costo.
La finca vive una invasión masiva de mineros ilegales en estos momentos, generando daños ambientales e inseguridad en la región.
El correo expone que no se asignará más personal a la zona de Crucitas ni se laborará más en el sitio debido a solicitudes de las jefaturas del Ministerio de Seguridad, “por orden presidencial”.
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Instalaciones deterioradas
Greivin Rodríguez Miranda, administrador de la finca privada, lamentó que los edificios que eran utilizados por los policías fueran entregados con mucho deterioro, pese a que, cuando fueron prestados a las autoridades, se encontraban en excelentes condiciones.
Este diario constató que en el lugar hay puertas sin cerraduras, ventanas rotas, paredes rayadas o con moho, lavatorios desaparecidos e, incluso, las secuelas de un incendio.
El director Adrián Salazar argumentó que ese deterioro de las instalaciones fue otro de los motivos por los cuales abandonaron la finca Vivoyet en Crucitas. Sostuvo que los daños son consecuencia del vandalismo por “una invasión” que sufrió la finca en el 2017.
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Tanto Greivin Rodríguez como vecinos de la finca aseguraron que el incendio en una de las estructuras fue ocasionado por un enfrentamiento entre policías y coligalleros. Los oreros habrían iniciado las llamas para expulsar a los uniformados del lugar.
El acontecimiento dejó millonarias pérdidas para la empresa Vivoyet, que ofrecía los edificios sin ningún costo. Las instalaciones fueron quemadas, no hay vidrios y las puertas fueron quebradas. La instalación eléctrica tiene daños y hay filtraciones de agua por el techo.
Además, el director de la Policía de Fronteras aseguró que las dos instalaciones con mejores condiciones fueron solicitadas por el administrador de la finca, Greivin Rodríguez, como condición para la continuidad del convenio.
Lo anterior implicaría un riesgo para las actividades policiales, advirtió Salazar, debido a la cercanía de civiles al centro de operaciones de la Policía de Fronteras.
El plan remedial propuesto por la Policía de Fronteras, planteado desde inicios de junio, fue trasladar el campamento de Crucitas desde la finca Vivoyet al puesto Tiricias, en una finca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), o bien, al puesto policial El Concho, donde funciona una delegación de la Fuerza Pública.
Tiricias está a 30 minutos y El Concho a 35 minutos de la finca donde estaba el centro de operación de la Policía de Fronteras, y eso implica el reparto del personal policial en dos grupos de 15 oficiales cada uno.
“Con el traslado de instalaciones se estaría teniendo cercanía a otras fincas que en este momento, por la cantidad de personal y la distancia a la que se encuentra, es difícil de tener patrullajes constantemente. Además, permitiría atender con mayor eficacia otras fincas que también son de interés”, dice la propuesta.
Adrián Salazar destacó que el puesto de Tiricias está prácticamente sobre la raya fronteriza, lo cual facilitaría los patrullajes y presencia de unidades móviles de la Policía de Fronteras, para resguardo de la soberanía nacional.