El Sistema de Emergencias 9-1-1 asegura que dejaría de funcionar a mediados de diciembre debido al límite de gasto impuesto por la regla fiscal. La institución argumenta que necesita sobrepasar el techo en ¢237 millones para terminar el año.
Elena Amuy, directora del 9-1-1, sostiene que el servicio entraría en un cierre técnico que afectaría la atención de las llamadas de emergencia, de no solucionarse la situación.
Según explicó, el problema no es de escasez de dinero, pues sí tienen fondos para cubrir los gastos, sino de que carecen de autorización para subir el gasto corriente en más de un 4,13%, como lo estableció la regla fiscal para el 2021, debido a la crisis fiscal del país. El servicio se financia con un impuesto del 0,75% incluido en los recibos de telecomunicaciones.
“¿Qué le vamos a decir a los usurarios?, cuando los usuarios pagan todos los meses la tasa para el financiamiento del 9-1-1, pero el 9-1-1 en vez de mejorar el servicio va a dar un servicio más precario, porque no puede utilizar los recursos que están pagando los usuarios para mejorar la calidad de servicio”, manifestó.
Para este año, el sistema de emergencias tiene un límite de gasto de ¢4.477 millones y su incumplimiento conlleva sanciones.
“Los únicos gastos en los que estamos incurriendo son los gastos esenciales para el funcionamiento del servicio; corresponden a remuneraciones, pago de tiempo extraordinarios única y exclusivamente al personal operativo, reposición de plazas únicamente del personal operativo, el pago del alquiler del edificio y de los equipos”, dijo Amuy.
Agregó que, como consecuencia del techo de gasto, el 9-1-1 acumuló un superávit de más de ¢600 millones, los cuales no pueden ser transferidos a Hacienda ni pueden ser utilizados por el servicio.
Para el 2022, la funcionaria también hay problemas, pues en junio de ese año vencen los contratos de los equipos que alquilan y el próximo presupuesto no incluye una partida para su renovación.
Ante el impedimento de seguir alquilando los equipos con el gasto corriente, el 9-1-1 buscó comprarlos, contrario a lo que le ha recomendado la Contraloría General de la República (CGR).
“Nosotros pensábamos en hacer la compra de los equipos y decirle a la Contraloría ‘nos vamos a apartar de la recomendación y vamos a adquirir los equipos, porque la regla fiscal no nos permite crecer en gasto, entonces los vamos a adquirir como un bien duradero’.
“Lo que pasa es que la misma ley contempla que, para el año 2022, el tope de la regla fiscal ya no va a caer solo sobre los gastos corrientes, sino que también sobre los gastos de capital; ahora la eventual ventaja que teníamos para adquirir equipos de comunicación ya no la tenemos”, explicó la directora del 911.
Proyecto de ley
Para poder continuar con sus funciones, el 9-1-1 busca un proyecto de ley para que se les exonere de la regla fiscal.
Según la directora del servicio, el impuesto que se cobra a los costarricenses en las facturas de telecomunicaciones pasa directamente a las arcas del 9-1-1, por lo que si elevan el gasto no afectarían la crítica situación del Gobierno Central.
Por otra parte, Amuy informó de que esta semana empezaran reuniones con el Ministerio de la Presidencia. La directora también comentó que evalúan usar un edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para reducir los costos operativos.