Un total de 41 diputados enviaron al archivo la ratificación del Acuerdo de Escazú, este miércoles, al votar en contra de una moción que pretendía extender el plazo para la discusión del expediente en la Asamblea Legislativa.
El Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es un pacto regional sobre el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia ambiental para América Latina y el Caribe.
El tratado ambiental fue firmado por 24 países y, hasta la fecha, 14 naciones han decidido ratificarlo. Costa Rica, uno de los principales impulsores del acuerdo, decidió rechazarlo este miércoles.
Los opositores al acuerdo alegan que el convenio incluye un mecanismo de participación ciudadana, dentro del proceso de revisión de proyectos y actividades productivas, que podría afectar “cualquier” actividad productiva.
El inciso 1) del artículo 7, por ejemplo, garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales sobre la base de la normativa interna e internacional.
El inciso 2) de ese mismo artículo establece ese mismo mecanismo de participación en “los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.
Los diputados en contra alegan que esa herramienta se podría prestar para frenar la generación de empleo y la reactivación económica.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) había considerado que este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel mundial en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El expediente legislativo había sido aprobado en primer debate en febrero de 2022, por la anterior Asamblea Legislativa. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional señaló “vicios de procedimientos” que obligaban al Congreso a repetir la votación.
No obstante, nunca obtuvo el apoyo suficiente para volver a ser discutido en primer debate. Muchos de los diputados actuales o anteriores alegaron una posible afectación a la producción nacional.
Las cámaras empresariales también se opusieron a la ratificación del acuerdo, al aducir que afectaba la seguridad jurídica de las empresas.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también había declarado que era contraproducente para la reactivación económica y dijo que el expediente no estaba en planes del Gobierno.
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Solo 11 diputados votaron a favor de la moción para ampliar el plazo cuatrienal. Los seis del Frente Amplio: Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Ariel Robles, Priscilla Vindas, Rocío Alfaro y Antonio Ortega.
También Rosaura Méndez, Francisco Nicolás y Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Luz Mary Alpízar y Manuel Morales, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El plazo para la discusión de este expediente legislativo venció este miércoles 1.° de febrero y, por lo tanto, pasó al archivo.