Ciento cincuenta y tres empresas autobuseras enfrentan, desde marzo, un proceso de cancelación de sus permisos por no presentar estudios sobre la calidad del servicio, apegados a los requisitos de las autoridades.
La decisión fue tomada de forma unánime por los siete miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) en la sesión ordinaria 14-2017, del 29 de marzo.
Incluso, el representante de los autobuseros en el Consejo, Miguel Badilla, votó a favor de empezar los procedimientos de caducidad.
Las compañías a las que se les abrió expedientes de cancelación operan 157 (22%) de las 690 rutas de bus que existen en el país.
Según el CTP, los transportistas presentaron evaluaciones de calidad hechas por inspectores que no están acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), lo cual era un requisito para garantizar la transparencia e imparcialidad de las valoraciones.
En setiembre del 2016, el Consejo ordenó involucrar al ECA porque los autobuseros, desde años atrás, presentaban estudios de calidad hechos por sus empleados, sus asesores o profesionales que no cumplían con el perfil para realizar los análisis
Las firmas que enfrentan la cancelación de permisos administran rutas como San José-Jacó, San Miguel-Higuito, Grecia-San José, Alajuela-Grecia-Naranjo, San Ramón-Zarcero, Cartago-Paraíso, San José-Calle Blancos y San José-San Antonio de Belén, entre otros.
Cada año, los buseros deben presentar un informe que certifique el buen estado de los buses, cumplimiento de horarios, tiempos de recorridos, demanda de pasajeros y uso de rampas para personas con discapacidad, entre otros aspectos. Si no se presenta ese análisis, se corre el riesgo de perder el permiso de operación o ser excluido de la renovación de concesiones en el 2021.
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Mario Zarate, director ejecutivo del CTP, dijo que no puede referirse a este tema porque los procedimientos de cancelación están abiertos y son confidenciales en esta fase.
La Nación consultó al Consejo cuánto tardan en resolver estos trámites y cuál es el proceso. Sin embargo, no contestaron las consultas enviadas por escrito.
Autobuseros inconformes
Luis Diego González, propietario de Discar S.A., empresa a cargo de la ruta conocida como La Periférica, dijo que el CTP pidió algo que no se puede cumplir, pues el ECA no tiene ninguna firma acreditada para evaluar servicios de transporte público.
Eric Chaves, gerente del ECA, envió al CTP una nota el 17 de abril en la que comunicó que "no se cuenta con organismos de inspección acreditados para el alcance de calidad del servicio público de transporte remunerado de personas".
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En el documento, agrega que nueve empresas han iniciado su proceso de acreditación para realizar evaluaciones al transporte público.
González agregó que lo ideal es que el Consejo de Transporte Público debería ser el que contrate las inspecciones para garantizar la imparcialidad de los resultados y que el costo de las evaluaciones se traslade al usuario por medio de la tarifa.
"Pensamos que lo conveniente es que las evaluaciones sean hechas por entes acreditados (...); así nadie podría decir que nosotros influimos en los resultados, porque se trata de organismos independientes", señaló el transportista.
Para el empresario, existe una intención de "suprimir a los transportistas nacionales para introducir un consorcio internacional".
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, la decisión del Consejo de iniciar la cancelación de permisos de operación es injusta.
"Me parece que, independientemente de que la empresa hiciera la evaluación con un profesional independiente o con un organismo del ECA, se cumplieron los procedimientos establecidos", comentó Bolaños.
Silvia Bolaños, vocera de autobuseros: 'No han sido prudentes'
–¿Qué fue lo que cambió el CTP con respecto a las evaluaciones de calidad del servicio a partir del año anterior?
–Las empresas tenían la potestad de poder contratar al profesional que cumpliera con las disposiciones que establecía la Administración, es decir, que estuviera inscrito ante el colegio respectivo, que fuera un profesional que tuviera competencia para hacer las evaluaciones. Cuando se dio el cambio pidiendo organismos acreditados por el ECA, nosotros apelamos, pero como hasta el día de hoy ese requisito se mantiene en firme, muchas empresas acataron hacer las evaluaciones con organismos de inspección y otras lo hicieron con profesionales independientes.
–El ECA ha dicho que no existen orgamismos acreditados para evaluar el servicio de transporte público ¿Por qué cree usted que el CTP insiste en pedirles ese requisito si el panorama es así?
–Esa es una de las observaciones que nosotros hicimos al Consejo de Transporte Público. Les dijimos que había una serie de organismos acreditados, pero no con la capacidad o el alcance para examinar o hacer estudios de calidad al transporte público.
–¿Considera el proceso de cancelación de permisos injusto?
–Me parece que, independientemente de que la empresa hiciera la evaluación con un profesional independiente o con un organismo del ECA, se cumplieron los procedimientos establecidos en el manual y el CTP deberá tomar en cuenta lo dicho por ECA de que no existen organismos acreditados para evaluar el transporte público (...). Me parece que el trámite no ha sido prudente.