La Municipalidad de Alajuela ha realizado 514 proyectos viales en los últimos 14 años, de los cuales el 41% (213) fueron adjudicados a la constructora MECO, según se desprende del informe 09-2021 emitido en setiembre por la Auditoría Interna de ese gobierno local, precisamente para conocer la participación de empresas vinculadas con el escándalo del Caso Cochinilla, que estalló en junio pasado.
MECO es una de las empresas que figura en ese expediente judicial por presuntos actos de corrupción en obras viales y, como se conoció este lunes, también en la investigación denominada Caso Diamante, relacionada con supuestas anomalías en contratos con municipalidades.
En el documento de la Auditoría, del cual tiene copia La Nación, se indica que la Municipalidad alajuelense ha invertido ¢22.064 millones en estas obras y que ¢9.114 millones han sido para MECO. El estudio se realizó a solicitud del Concejo Municipal y apenas se encuentra en su primera etapa.
La mayor parte de los proyectos (99) fueron adjudicados a la compañía entre 2007 y 2008, pero el más oneroso, por ¢1.574 millones, se le otorgó en 2018, cuando solo se le dieron cinco obras. En los últimos tres años, la firma ha realizado cuatro proyectos en el cantón y ha tenido ingresos que superan los ¢800 millones (contando únicamente el primer semestre de 2021).
Este lunes, el Ministerio Público afirmó que la constructora MECO habría creado una red de pago de sobornos en al menos ocho municipalidades (incluida la de Alajuela) a cambio ganar contratos para construir y reparar calles, hacer aceras y parques. También habría logrado que los funcionarios le hicieran pagos por adelantado de facturas o que ordenaran un inicio anticipado de las obras.
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Por estos hechos fueron detenidas 13 personas. Entre ellas, el alcalde alajuelense, Humberto Soto Herrera, y un ingeniero del Ayuntamiento, de apellidos Chacón Ugalde. Este último, según el regidor Randall Barquero, “ha negociado y ha hecho adendas a las contrataciones” obtenidas por MECO durante las últimas tres administraciones municipales.
De acuerdo con el informe de la Auditoría, ese funcionario además ha sido el responsable designado por el alcalde para vigilar la mayor cantidad de proyectos de infraestructura vial ejecutados por las Asociaciones de Desarrollo Integral de los diferentes distritos del cantón. Se han realizado un total de 339 obras de la mano de cinco trabajadores municipales y 162 han sido asignadas a Chacón Ugalde.
En estos proyectos se han invertido más de ¢7.388 millones desde 2007, de los cuales casi ¢2.000 se giraron en 2015. No obstante, “a partir del 2019, la Administración Municipal tomó la decisión de que todos los proyectos de infraestructura vial se contrataran directamente por la institución. Por lo tanto, a partir de dicha fecha, no se realizan más transferencias a las Asociaciones de Desarrollo por este concepto”, dice el informe.
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Inversión vial
Si se toman en cuenta todos los proyectos realizados por las asociaciones y las unidades técnicas del gobierno local (853), la Municipalidad de Alajuela ha invertido casi ¢30.000 millones en los últimos 14 años para obras de asfaltado, recarpeteo, demarcación, lastreado, pluviales, aceras, cunetas, puentes, así como para la adquisición de materiales y alquiler de maquinaria.
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La mayoría de construcciones propias han sido adjudicadas mediante contratación directa (59,5%), es decir, a través de un cartel sencillo con montos menores a los ¢42 millones. Sin embargo, el pago más alto (¢10.400 millones) se ha girado a través de licitaciones abreviadas, que se trata de un procedimiento ordinario de carácter concursal que procede en los casos previstos en el art. 27 de la Ley de Contratación Administrativa.
Además, un 83% del total de contrataciones se han realizado de manera manual, mediante archivos o expedientes físicos, y únicamente un 17% a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Desde 2017 se decretó que todas las contrataciones municipales se debían realizar con este sistema, pero hasta dos años después la Municipalidad de Alajuela giró una directriz para que todos los procesos se tramitaran así.
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