La ampliación de la ruta 32 en el tramo que va del cruce hacia Río Frío al centro de Limón, podría quedarse sin financiamiento antes que se finalicen las obras.
La semana anterior, el ministro del Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, confirmaron durante una comparecencia ante la Comisión legislativa de Limón, que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) no terminará las obras en marzo del otro año y se le otorgó una nueva prórroga a diciembre del 2024.
Sin embargo, en esa misma audiencia, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta recordó que la ejecución del crédito del Eximbank vence en abril. Eso significa que los fondos remanentes del crédito que no hayan sido invertidos en el proyecto para ese mes, no serán girados por el banco chino.
Acosta dijo a los diputados que están buscando negociar con la entidad financiera una extensión del plazo, pero no es algo que vean asegurado porque ya les han otorgado cuatro prórrogas.
Según el ministro de Hacienda, si no se logra esa ampliación le harían falta unos $20 millones más al proyecto, que se suman a los faltantes que ya enfrenta.
De acuerdo con el último informe de avance disponible, hasta agosto anterior se habían ejecutado $302,9 millones de los $465 millones provenientes del préstamo, lo que significa que quedaba aún por ejecutar más del 35% de los recursos. El viernes anterior, el ministro de Hacienda dijo que el avance financiero estaba en 82%.
Al faltante estimado, en caso de que el banco chino no otorgue la prórroga, el Gobierno debe sumar los recursos necesarios para cubrir el aumento en el costo de la obra, así como los pagos que reclama la empresa y los fondos necesarios para las obras complementarias.
Las estimaciones sobre el monto que falta para completar el proyecto han variado en el último año. En noviembre anterior, tanto Batalla como Amador habían anunciado que se requerían de al menos $300 millones para completar las obras y pagarle a CHEC y, posteriormente, el Gobierno indicó que el faltante sería de $100 millones.
Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Hacienda dijo que se requerirían $157 millones para terminar la ampliación.
Hasta ahora, ni las autoridades del MOPT ni del Ministerio de Hacienda han indicado de dónde saldrían esos fondos pendientes.
El costo inicial se estimó en $534 millones, de los cuales $465 millones provenían del financiamiento con el Eximbank y los restantes $69 millones correspondían a una contrapartida estatal.
Las obras contratadas a CHEC incluían la ampliación a cuatro carriles de 107 km, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Sin embargo, 11 de los pasos a desnivel e intercambios ahora serán rotondas, según el MOPT,como una medida para reducir costos y agilizar obras ante el faltante de decenas de terrenos que no han sido expropiados.
Según el último reporte del Ministerio, el avance de las obras a setiembre era del 82%.
Sin supervisión
Además de los problemas de financiamiento y los atrasos arrastrados por la obra desde su inicio, el proyecto ahora adolece la falta de supervisión, debido a que la licitación para contratar al nuevo gestor fue declarada desierta, tras determinarse que ninguna de las empresas que ofertaron cumplía con los requisitos.
El proceso que se inició desde junio, debido a que el MOPT decidió no renovar el contrato con la anterior fiscalizadora, sufrió múltiples atrasos a causa de apelaciones y reclamos de las empresas que competían.
Ahora, el MOPT deberá iniciar de cero una nueva contratación, mientras las obras son supervisadas de manera limitada por la misma unidad ejecutora del Conavi.
Esa situación, según reconoció el mismo jerarca del MOPT, durante la sesión de Junta Directiva del Consejo de Administración del pasado 25 de octubre, está “quitándole toda la capacidad al Conavi de poder iniciar nuevas obras”.
El viernes anterior, el ministro Amador indicó que una de las opciones que valoran es que dicha tarea sea asumida por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). No obstante, esa posibilidad aún estaría en negociaciones.