Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), manifestó este miércoles su molestia por una reducción de ¢29.244 millones al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que avaló este martes la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Los legisladores decidieron dirigir estos fondos a las municipalidades, para que le den mantenimiento de vías cantonales. El traslado se aprobó con nueve votos a favor y uno en contra y pese a la advertencia del Ministerio de Hacienda de que la medida afectaría los proyectos de carreteras nacionales.
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“Este recorte le corta los brazos al Conavi casi en forma total para el 2022 porque no hay contratos (de mantenimiento de vías) y tampoco se pueden confeccionar si no hay dinero. Esto ahonda la situación de inactividad este año”, expresó el ministro.
Méndez recordó que ya este año, 40 contratos para mantenimiento de la red vial nacional quedaron en pausa por la falta de recursos para contratar los servicios de verificación de calidad de las obras, pues sin esa supervisión no pueden realizarse los trabajos.
“Para las personas, esto se traduce en deterioro de la red vial y en particular en zonas rurales que desde antes vienen afectadas por falta de mantenimiento. Es paradójico que los diputados le dan recursos a los cantonespero se lo quitan al Conavi para atención de rutas nacionales que pasan por los cantones de esas municipalidades, un cuido vial que recae en el Consejo y no en los gobiernos locales. En el fondo, no creo que ganen nada con el traslado”, comentó.
Las obras de conservación de carreteras se han visto afectadas no solo por la falta de fondos, sino también por las implicaciones del llamado Caso Cochinilla, denominado así por las autoridades judiciales que investigan presuntos actos de corrupción en obras viales.
A partir de las revelaciones de ese expediente sobre aparente pago de dádivas por parte de constructoras a funcionarios del Conavi, esta entidad optó por excluir a las grandes empresas que normalmente ganaban estos contratos, como H Solis y MECO. La situación obligó a buscar un nuevo mecanismo para buscar firmas pequeñas y regionalizadas, con contrataciones por montos más pequeños.
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Presupuesto extraordinario
Aparte del golpe al plan de gastos para el próximo año, en setiembre, el Gobierno ordenó una reducción de ¢26.000 millones de un pedido para el MOPT, el Conavi y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), en el marco del sétimo presupuesto extraordinario de este año.
Presidencia pidió autorización a los diputados para solamente aumentar en ¢19.600 millones el gasto de este sector, en vez de los ¢47.000 millones propuestos tres meses antes. El Poder Ejecutivo justificó los recortes en los hallazgos del escándalo por presunta corrupción, conocido en junio, e hizo una revisión de las prioridades de los dineros requeridos para cubrir los compromisos contractuales en lo que resta del año.
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A la fecha, sin embargo, ese dinero sigue sin llegar. Según el ministro, ese presupuesto aún sigue en una subcomisión legislativa a menos de dos meses de finalizar el año lo cual, insistió, tiene enormes repercusiones en la operatividad del Conavi y afectará todavía más a los conductores en general por el deterioro en las vías.