La construcción de la carretera de Circunvalación norte, la cual desahogaría presas en San José, comenzó en setiembre del 2017 y con el paso de los años se convirtió en el proyecto vial con mayor atraso pues debía estar lista en el primer trimestre del 2020.
Pese a la demora de casi 1.500 días, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pretende entregar al consorcio conformado por empresas H Solís y La Estrella la garantía de cumplimiento por $14,8 millones, o parte de ella, depositada cuando firmaron el contrato para la construcción de las primeras cuatro secciones, una inversión de $163 millones.
El ministro Luis Amador Jiménez mencionó en diciembre que un factor para acelerar la apertura de los tramos ya listos es que la Contraloría General de la República les autorice “una devolución parcial” del dinero que respondería si el consorcio incumple alguna parte del contrato una vez finalizada la obra o si hubiera daños.
Incluso, a finales de noviembre, el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) avaló consultar a la Contraloría General de la República sobre la devolución “parcial” del dinero, pero, la respuesta que tuvo no fue la esperada.
Por un lado, el órgano fiscalizador del dinero público rechazó de plano la consulta al aducir que no es de su competencia responder. Pero, además, advirtió al MOPT y al Conavi, el 16 de diciembre, que cualquier decisión sobre devolver parcialmente el dinero que debería ser reservado para resarcir daños o incumplimientos, debe ser valorada bajo “su entera responsabilidad”.
De hecho, en setiembre, una Auditoría del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) alertó de cambios encontrados en el material que se utilizó para la construcción de ciertas cunetas y hasta deterioro en algunas de ellas. También apuntó que en caso de fuertes aguaceros se podrían producir charcos en los espaldones. Además, detectó incumplimientos en la mezcla asfáltica utilizada. Tales defectos deberían ser corregidos por el contratista antes de que el Estado haga la recepción definitiva de la obra.
El porqué el MOPT intenta reintegrar el dinero a la constructora antes de tiempo lo explicó Mauricio Batalla, director del Conavi, en la consulta que hizo a la Contraloría. El jerarca alegó la intención de “mantener el equilibrio financiero” del contrato.
De acuerdo con el contrato refrendado en junio del 2014, la empresa debió dejar en garantía $14,8 millones, equivalentes al 10% de costo de la obra, que inicialmente se fijó en $141 millones, pero luego subió a $163 millones en el caso de las primeras cuatro etapas.
La Circunvalación norte, cuya construcción empezó en noviembre del 2017, fue divida en etapas para poder iniciar debido a los atrasos en expropiaciones.
Se establecieron cuatro unidades: La I que comprende la Intersección Uruca, la II-A del puente Quebrada Rivera y II-B tramo a nivel León XIII-Colima, la III que corresponde al viaducto y la IV que es el intercambio con la ruta 32.
De esas secciones se encuentran finalizadas el viaducto y el tramo a nivel en León XIII, mientras que las otras tienen entre 92% y 98% de avance.
Cabe destacar que en el primer contrato no se incluyó la quinta etapa, que fue encargada mediante una adenda en el 2021 y que corresponde al trayecto que va de la ruta 32 hasta el cruce de Calle Blancos. Dicha fase tiene un 50% de ejecución.
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La apertura de las primeras secciones de la Circunvalación lleva posponiéndose más de dos años. Incluso, en abril del año pasado el Gobierno anterior realizó un recorrido completo desde la Uruca hasta la 32 para mostrar que la vía estaba casi lista para habilitarse.
Sin embargo, a mediados de año, el actual jerarca Luis Amador expresó que no se atrevía a dar una fecha de apertura y justificó el atraso en el faltante de dispositivos de seguridad que sufrieron demoras por la crisis generada por la guerra en Ucrania.
Pero, además, en los últimos meses del año se constató el avance a paso muy lento por parte del contratista en la última sección pendiente de completar, que comprende el intercambio a tres niveles en la Uruca.
Aparte, según lo indicado por el director del Conavi, el puente sobre la quebrada Rivera tampoco se ha terminado, lo que impediría el tránsito continuo desde La Uruca hasta la ruta 32.
Mientras tanto, también es visible el bajo ritmo de ejecución en la quinta etapa, entre la ruta 32 y Calle Blancos, la cual se construye mediante una adenda y cuya inauguración quedaría para el futuro.
Este martes, La Nación consultó tanto a Batalla como a Amador las razones para pretender devolver la garantía a la empresa y cuál será la decisión luego de recibir la respuesta de la Contraloría.
También se les preguntó mediante sus oficinas de prensa, cuál sería el porcentaje a entregar a la empresa y si dicha medida no dejaría a la Administración en una situación de desventaja en caso de que la empresa no cumpla con lo encargado, pero no se tuvo respuesta.
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Las cinco etapas de Circunvalación tienen un costo de $223 millones, que son financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
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En agosto anterior, el MOPT accedió a reintegrar cerca de $1 millón de la garantía depositada por la empresa española Azvi, que tuvo a su cargo la construcción de la carretera entre Paquera y Playa Naranjo, pese a que la unidad ejecutora de la obra advirtió que la vía de $27,5 millones fue entregada con defectos.
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Dentro de ese monto, se incluyó el pago de $759.740 que correspondían a la retención por la garantía de cumplimiento, a pesar de que la unidad ejecutora alertó de que la empresa no había reparado una serie de defectos señalados previamente.