Los 13 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) implicados en el Caso Cochinilla quedaron suspendidos sin goce de salario.
Esa fue la decisión del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, luego de que el Juzgado Penal que ordenó las medidas cautelares contra los imputados dejara en manos de la institución decidir si les pagaba o no los sueldos durante el tiempo que estuvieran separados del cargo.
“Básicamente es una resolución con base a un criterio legal que señala argumentos de orden constitucional y legal, los funcionarios fueron separados del cargo por razones judiciales y, como tales, no pueden desempeñar sus labores y sobre esa base. Por eso se les suspendió sus remuneraciones”, expresó el jerarca a La Nación, este jueves.
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Inicialmente, los 13 funcionarios fueron suspendidos por un periodo de cuatro meses que comenzó a correr el 26 de junio y concluiría el 26 de octubre. A ellos se les involucra con supuestos actos de corrupción en el trámite de proyectos de infraestructura vial.
Durante la audiencia de medidas cautelares, los abogados defensores reclamaron el pago de sueldos.
Se trata de Erick Rodríguez Araya, Laura Chaves Mora, Luis Quesada Pérez, Elsie Carmona Rivas, Hugo Zúñiga Fallas, José Manuel Rojas Monge, Marlon Zamora Ulloa, Mauricio Ortiz Vega, Carmen Madrigal Rímola, Edgar May Cantillano, Harold Mora Obando, Abraham Sánchez Castro, Sergio Lobo Bejarano, y María Marcela Monge Hernández.
Según el oficio 2021-000947 del despacho ministerial, con fecha del 21 de julio, entre las consideraciones que se tuvieron está el hecho de que estos empleados deberán ser sustituidos, por lo que “deviene fundamental poder contar con los recursos presupuestarios para enfrentar la erogaciones que eventualmente deban realizarse”.
“Y resulta claro, que la situación presupuestaria de la Administración no admite de ninguna manera, manejar dobles asignaciones salariales para el ejercicio de las funciones, razón por la cual, siendo que la separación del cargo no obedece a una decisión del suscrito como jerarca ministerial sino que es producto de una decisión judicial, se considera que a la luz de la interpretación de la Sala Constitucional y bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad lo que deviene jurídicamente procedente es determinar que la suspensión del cargo (...) sea sin goce salarial”, señala el documento.
Según un informe de remuneraciones facilitado por el MOPT, la mayoría de salarios base de los implicados oscilan entre los ¢444.000 y los ¢2,2 millones.
Así se instruyó a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT para que realizara la gestión en los casos de Rodríguez, Quesada, Carmona y May; lo mismo que a Recursos Humanos del Conavi, para la situación de los restantes.
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El Caso Cochinilla salió a la luz pública el 14 de junio, cuando el Organismo de Investigación Judicial y el MInisterio Público realizaron 57 allanamientos y 30 capturas contra empresarios, trabajadores de constructoras y empleados del Conavi por el supuesto pago de dádivas y otras irregularidades relacionadas con obras viales.
Actualmente, solo se encuentran en prisión preventiva Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de las compañías constructoras H Solís y MECO, respectivamente.
De los 28 restantes, 27 tienen medidas cautelares, entre ellos los 14 trabajadores del Conavi y MOPT, quienes además, tienen prohibido acercarse a las oficinas de la institución y comunicarse con testigos de la investigación judicial.