La construcción del megapuerto de Moín que se inaugura oficialmente este jueves no fue pacífica. Por el contrario, desde enero de 2009, cuando se anunció que el proyecto se daría en concesión ocasionó una tromba de reacciones.
A partir de ese momento, el camino que enfrentó la obra de infraestructura más grande que se ha desarrollado en el país, estuvo lleno de escollos, cuestionamientos y polémica.
Fue el el entonces presidente Óscar Arias (2006-2010) quien dio a conocer que el proyecto consistía en una plataforma de al menos seis puestos de atraque, 13 grúas pórticas y capacidad para atender barcos tipo post- Panamax de hasta 12.000 contenedores.
La obra fue adjudicada un año después a la firma holandesa APM Terminals por un valor de $1.000 millones. En ese momento, la fecha de arranque de la operación se fijó para el 2016.
Apenas 10 días después de adjudicado, la Cámara Nacional de Bananeros demandó al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando que el cartel se publicó sin contar con los estudios técnicos necesarios para validar la obra. El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) se sumó al reclamo.
Aquel proceso llegó hasta la Sala Primera, última instancia en materia contenciosa. También se plantearon recursos ante la Sala Constitucional para bloquear el plan.
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Los años siguientes se vieron marcados por protestas de trabajadores, transportistas y ambientalistas que cuestionaban el plan. Unos por las consecuencias que traería para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que había sido la única responsable de la carga y descarga en Moín, y otros a la naturaleza.
Precisamente, uno de obstáculos mayores fue conseguir las autorizaciones ambientales. Fue diciembre del 2015, cuando luego de una audiencia en Limón y de la intervención de otras instituciones, la Secretaría Técnica Ambiental dio el aval.
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La construcción de la obra se inició en marzo del 2016, pero la agitación no concluía.
La polémica surgió con la ruta que el Gobierno debía construir para acceder a la Terminal de Contenedores de Moín.
La llamada pifia se gestó en el 2015 cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) abrió la vía de lastre de 2,8 kilómetros entre Sandoval de Limón y Moín para el ingreso de camiones con materiales de construcción y obreros de la terminal portuaria.
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Dicha obra se realizó con coordenadas geográficas equivocadas, lo cual provocó una diferencia de 80 metros entre el punto donde finaliza el acceso y el ingreso del puerto.
El error fue señalado por la Contraloría General de la República en un informe entregado al Ministerio, en octubre del 2016 y encareció la obra en al menos $5,6 millones.
Vendrían luego problemas constructivos de APM Terminals, que en julio de 2017 anunció que la inauguración del nuevo megapuerto se retrasaría 13 meses.
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La fecha original para entregar el puerto, de acuerdo con el contrato de concesión, era el 19 de enero de 2018.
A pesar de los problemas, en octubre de 2018 y con el 98% de la obra terminada, la concesionaria recibió permiso para poner en operación el primer puesto de atraque, el cual podía ser utilizado voluntariamente por los barcos que así lo requieran.
Desde entonces la empresa ha atendido 90 embarcaciones y girado $1,1 millones correspondientes al canon para el desarrollo de la provincia de Limón.
Incluso ahora, la polémica no termina, pues en noviembre acudió de nuevo a la vía contenciosa en una disputa por el tipo de buques que atiende el megapuerto.
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La semana pasada, sin embargo, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) otorgó el visto bueno para la entrada en operación del segundo puesto de atraque, con lo que la firma completó la llamada fase 2A.