El coordinador del Programa Red Vial Cantonal, Eduardo Barquero, aseguró este miércoles ante los diputados que integran la comisión investigadora del Caso Cochinilla, que desde marzo del año anterior comenzaron a discutir el tema de la concentración de contratos en grandes empresas constructoras.
Ante la referencia, la liberacionista Paola Valladares preguntó por las razones por las cuales la empresa MECO obtuvo contratos de ese programa por más de ¢21.000 millones, a lo que el funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), respondió que los contratos se adjudican a la empresa que presente la oferta más baja.
“El año pasado, ya vimos el asunto como venía creciendo en concentración de contrataciones, hicimos una reunión con 47 contratistas en marzo, les escuchamos, consultamos si era problema de garantías, liquidez o maquinaria, en una sesión abierta para reunir requisitos y ver en que podíamos ajustar, porque estamos en lo primero (de la red vial cantonal); hemos ejecutado menos de una cuarta parte de los proyectos que hay que ejecutar”, afirmó Barquero.
Según el funcionario, desde marzo pasado se comenzó a armar un sondeo para conocer cuáles empresas tenían capacidad.
Después de aquella reunión, aseguró, se modificaron los carteles para que estas modalidades de contratación, licitaciones públicas internacionales y comparaciones de precio se pudieran ir combinando. De acuerdo con Barquero, producto de la medida, a la fecha han participado 28 empresas pequeñas en todo el país en las contrataciones del programa que se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que contempla la atención de rutas cantonales.
La legisladora también le cuestionó sobre las medidas que se deben tomar para evitar que en este tipo de contratos se den hechos similares a los denunciados en la investigación por supuesta corrupción en obras viales, donde se indica que las empresas verificadoras o de control de calidad, forman parte de las constructoras.
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Barquero reconoció la necesidad de “blindar” las contrataciones para que los controles no queden en manos de una sola persona. A modo de ejemplo, propuso que las municipalidades podrían tener convenios para control de calidad con laboratorios como el del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
Nuevo modelo
Otro de los temas que se abordó en la sesión de este miércoles fue la necesidad de avanzar en la conservación vial mediante estándares de servicio, modelo que sí se ha probado en programas cantonales a cargo de cooperativas y que parece cada vez más lejano para la red vial nacional.
Del resultado de esa experiencia, Barquero dijo que las microempresas operan a una cuarta parte del costo que paga el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por las mismas actividades en rutas nacionales.
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“No podemos seguir pagando las chapias por metro cuadrado (...) si tenemos todos los derechos de vía se le dice al contratista yo quiero una altura de maleza de 30 cm y eso lo ve cualquiera si cumple o no cumple, no es asunto de ir a buscar el laboratorio, entonces hago contratos por estándares de servicio”, afirmó.
El Programa Red Vial Cantonal II, que se financia con un crédito de $144 millones del BID, tiene como fin mejorar las condiciones de la superficie de las vías que se encuentran en lastre. Además, las licitaciones incluyen intervenciones en los sistemas de drenaje, caños y cunetas para la correcta canalización de las aguas pluviales.
La comparecencia de este miércoles, representó la primera sesión relacionada con la investigación del Caso Diamante, que involucra a varios alcaldes y representantes de empresas en supuestos hechos de corrupción asociados a obras cantonales. De esta manera, la comisión investigadora del Conavi avanzará ahora en las convocatorias relacionadas con este caso. Aún no se tiene fecha prevista para que presenten los respectivos informes.