En su segunda comparecencia frente a los diputados que investigan las presunta anomalías en obras viales, el exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, aseguró que no sabía que las empresas constructoras eran cuestionadas por aparentes actos de corrupción relacionados con la obtención o ampliación de contratos de obras públicas.
Por esa razón, aseguró el exfuncionario, continuó gestionando ante la Contraloría General de la República (CGR) ampliaciones de los contratos de conservación vial a favor de algunas firmas que hoy figuran como sospechosas de actuaciones irregulares en el expediente judicial conocido como el Caso Cochinilla.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, le reprochó a Rodríguez que el 7 de mayo del presente año –38 días antes de los allanamientos por el caso Cochinilla, realizados el 14 de junio– envió una petición a la Contraloría para aumentar un contrato de mantenimiento vial para H Solís, constructora propiedad de Mélida Solís, imputada en prisión preventiva por este asunto.
“Usted seguía gestionando cuantiosos recursos para las empresas cuestionadas”, reclamó Villalta.
“Yo, en ese momento (mayo de 2021) no sabía que las empresas constructoras estaban cuestionadas y cuál era el alcance del cuestionamiento”, respondió Rodríguez.
La pretensión del exjerarca del Conavi ante la Contraloría era ampliar el plazo y monto para la línea de conservación vial número 16 (Puntarenas, Quepos y Cañas) por 592 días naturales más y ¢9.279 millones. El ente contralor rechazó esa solicitud.
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“Esa gestión, en mi opinión, contradice lo que usted nos ha venido a decir (sobre que él fue el denunciante ante el Organismo de Investigación Judicial –OIJ– del caso Cochinilla) y abona la tesis de que usted también colaboraba con estas empresas, nos podría explicar ¿Por qué siendo colaborador del OIJ o denunciante, a la vez estaba gestionando más recursos para H Solís?”, preguntó el legislador frenteamplista.
Luego de varios segundos de silencio, Rodríguez comentó: “Vamos a ver, yo creo que si usted me dice hoy si haría algunas de esas gestiones, evidentemente, apenas se supo y se descubrió el caso, el comportamiento de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Conavi varió radicalmente.
“Yo tengo la responsabilidad de darle conservación a las vías y esa es la responsabilidad fundamental del Conavi (...) Yo parto de un principio de honestidad y de un principio de operación correcta de los actores”.
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A Rodríguez también le consultaron si es que en aquel momento sospechaba de irregularidades de funcionarios, pero no de las constructoras. Sin embargo, el exfuncionario optó por no contestar.
“Me abstengo de declarar señor diputado, me está metiendo en un campo en el que se me ha dicho que no debo intervenir”, dijo.
También se abstuvo de declarar cuando varios diputados le consultaron sobre el nivel de información que manejaba de la investigación judicial, sobre las supuestas canastas de regalo que recibió en Navidad y sobre los aparentes pedidos de legisladores para nombrar personas en Conavi. Ese último punto fue mencionado por Rodríguez en la audiencia de la semana anterior.
“Tengo un derecho constitucional de permanecer callado”, concluyó el exdirector de Conavi.
El caso
El 14 de junio anterior, el Ministerio Público y la Policía Judicial realizaron allanamientos en oficinas de constructoras, instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Conavi y Casa Presidencial, entre otros, por aparente pago de dádivas en contratos de obras viales.
Los operativos provocaron la detención de 30 personas, entre ellos Mélida Solís y Carlos Cerdas, propietarios de las compañías H Solís y MECO, respectivamente, los únicos que cumplen prisión preventiva. También fue apresado Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi, quien cumple otras medidas.
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La noticia provocó la renuncia de Rodríguez el 19 de julio pasado.
El expediente judicial incluye decenas de intervenciones telefónicas y documentos que, según las autoridades judiciales, muestran presuntos favorecimientos para las constructoras.
“Hace aproximadamente 20 años, funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) (...) han operado en una red de corrupción asociada a las grandes empresas constructoras como MECO, a cargo de Carlos Cerdas Araya, y H Solís, a cargo de Mélida Solís Vargas y Roberto Acosta Mora”.
“Esta organización criminal se encarga de conducir los procesos licitatorios en materia de conservación vial en favor de estas empresas constructoras, a cambio de dádivas o ventajas, logrando con ello adjudicaciones, beneficios indebidos en la ejecución de pagos de los contratos, omisiones en las supervisiones de las obras de infraestructura vial adjudicadas y, en consecuencia, incrementos patrimoniales indebidos en detrimento de la hacienda pública”, expresó la Fiscalía, el 30 de agosto de 2019, ante el Juzgado Penal de Hacienda, para que el Caso Cochinilla se declarara procedimiento especial de delincuencia organizada.