El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien se encuentra suspendido de su cargo, compareció este jueves ante los diputados de la comisión especial que investiga supuestos hechos de corrupción en obras viales, los cuales trascendieron con los casos Cochinilla y Diamante.
Desde un inicio, Araya aclaró que únicamente daría una breve declaración, sin atender las consultas de los legisladores. En ese mensaje, Araya repitió en varias ocasiones que fue “víctima” de un “show mediático” y calificó de arbitraria e ilegal su detención, durante los allanamientos que se realizaron el 15 de noviembre pasado.
El alcalde josefino criticó el operativo para su detención, al considerarlo “desproporcionado”, con más de 50 agentes “fuertemente” armados como si se tratara de un allanamiento a un búnker de narcotráfico o “un capo de la mafia criminal”. Según él, pudo haber intereses políticos.
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“Fui víctima de show mediático un verdadero circo, el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y el Ministerio Público desplegaron un operativo desproporcionado, más de 50 oficiales, algunos fuertemente armados como si se tratara del allanamiento de un búnker o un capo de la mafia criminal (...) ¿qué motivaciones tuvieron los que tomaron la decisión? Me sacaron esposado, una decisión incomprensible y sin congruencia con lo que ocurrió posteriormente, pues la Fiscalía ya había decidido no pedir prisión preventiva (...) No descarto, por la forma en que se llevaron a cabo los operativos, que existieran intereses políticos ocultos”, añadió Araya.
Insistió en que su detención fue ilegal y arbitraria.
El alcalde justificó que no respondería los cuestionamientos de los legisladores, porque aún ni siquiera ha podido rendir de forma ampliada su declaración en sede judicial.
“Sí les puedo decir que rechazo los cargos que se me han hecho en sede judicial. Se me atribuyen supuestos delitos que no he cometido y estoy preparado para demostrarlo en las instancias pertinentes (...) Se ha producido un escándalo mediático con la divulgación de hechos descontextualizados, malintencionada e ilegalmente divulgados. Violentando una y otra vez el artículo 295 del Código Penal que protege la privacidad de las investigaciones se ha dañado el principio de inocencia, lesionando el derecho a la intimidad de los ciudadanos que figuran en procesos penales”,añadió Araya.
‘No puedo asumir la responsabilidad de lo que hagan todos’
A pesar de que respondió preguntas, Araya fue muy enfático al afirmar que fue él quien llevó a la Fiscalía una serie de informes de auditoría relacionados con contratación de obras viales, como aporte a la investigación que surgió luego del Caso Cochinilla, en el que están implicados funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y constructoras.
El alcalde suspendido insistió en culpar a los medios de comunicación por la divulgación de los presuntos actos irregulares que se exponen en el expediente judicial.
“Los medios de comunicación han estado sacando cosas, primero ilegales, porque es ilegal que el OIJ esté sacando cosas que son confidenciales. Tenemos un (recurso de) amparo presentado por esa violacion”, afirmó.
Dicha aseveración fue refutada por el oficialista Enrique Sánchez, quien le recordó que en este caso prima el interés público.
Los hechos que se le atribuyen
De acuerdo con el expediente del Caso Diamante, Araya efectuó actos contrarios a sus deberes e intervino en favor de la empresa MECO para que ganara una licitación de ¢394,2 millones,a cambio de presuntas dádivas o promesas de retribución.
Se trata de la reconstrucción de la calle 78, entre la ruta nacional 104 y el bulevar de Rohrmoser, la cual fue adjudicada el 3 de diciembre del 2020 a MECO.
El ente acusador asevera que Marco Vinicio Corrales Xatruch, titular del departamento de Gerencia de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José, también habría recibido promesas de entrega de dádivas por parte de Carlos Cerdas Araya y Luis Fernando Gutiérrez Vargas, dueño y gerente de la Unidad de Asfaltos de MECO, respectivamente.
Sobre esos y otros hechos, el legislador del Frente Amplio, José María Villalta, realizó una serie de preguntas a pesar de la negativa del alcalde a contestar. Le consultó por su relación con empresarios de la firma Multiservicios, que ha ganado múltiples contrataciones en la Municipalidad y que habrían contribuido con su campaña.
Además, le preguntó por el sonado contrato para la reconstrucción de la calle 78, que supuestamente habría sido otorgado de manera ilícita a la empresa MECO. En respuesta, Araya dijo una y otra vez que se abstendría de declarar.
El alcalde y el diputado protagonizaron un enfrentamiento, pues Villalta le cuestionó su responsabilidad como jerarca municipal de haber mantenido en sus cargos a empleados que habían sido investigados por hechos irregulares en el pasado. Araya alegó que estas personas nunca fueron condenadas.
Entretanto, en relación con la sospechas de que se elaboraran carteles a la medida para favorecer a la empresa MECO, el jerarca municipal aseguró que todas esas obras fueron refrendadas por la Contraloría General de la República, por lo que debería preguntarle a ese órgano.
–Pero usted es el jerarca, si aquí se manipuló una licitación para favorecer a MECO probablemente habrá funcionarios que hicieron esto directamente, pero usted como jerarca no puede venir a decir que no tiene responsabilidad.
–Como jerarca, no puedo darme cuenta de todo lo que pasa en una institución que tiene 3.000 empleados y que tiene un presupuesto que supera los ¢150.000 millones anuales. El auditor es responsable de determinar si el alcalde tuvo responsabilidad y si la tuvo tendrá que individualizar. Yo estoy convencido que no tengo ninguna responsabilidad de que eso haya ocurrido. No puedo asumir la responsabilidad de lo que hagan todos los funcionarios municipales (...) Cualquier cosa que pase, al final, el jerarca es responsable, si alguien se quebró un pié en un hueco de una calle en San José, el jerarca es responsable, y esa lógica no es correcta, porque el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pase en la Municipalidad”.
Finalmente, el alcalde insistió en que los hechos por los cuales se le investiga, no deberían configurar un caso de crimen organizado, tal como se tipificó la investigación.
Araya, al igual que los alcaldes Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa se encuentran suspendidos de sus cargos mientras avanza la investigación.