Inversionistas no identificados se interesan en desarrollar refinería en Limón

Recope afirma que empresas realizan estudios, pero se reserva los nombres de las compañías. Tampoco revela si hay relación con pedido de ayuda a Noruega para determinar reservas de hidrocarburos

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Un grupo de inversionistas estarían interesados en desarrollar estudios para analizar la posibilidad de construir una refinería en Limón. Por lo menos así lo aseguraron las autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), sin revelar quiénes son o a quiénes representan.

Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente de Recope, informó el 5 de octubre que tuvo acercamientos con “algunos inversionistas” para valorar dicho proyecto, tal y como lo comunicó la empresa en un comunicado.

“Producto de esos acercamientos, le hemos solicitado a los interesados que trabajen en un estudio técnico-financiero detallado y serio, que nos permita valorar en una forma adecuada este proyecto”, declaró el funcionario.

Sus manifestaciones se dieron un día después de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara que Costa Rica pidió a Noruega ayuda para hacer estudios en torno a las reservas nacionales de hidrocarburos y gas natural.

La Nación consultó a Quesada Espinoza quiénes son los inversionistas interesados, si era posible conocer sus nacionalidades o nombres de sus empresas y cuándo fueron los acercamientos. Igualmente, se le preguntó si Recope puso dinero para los análisis de la eventual refinería y si sus declaraciones guardaban relación con el anuncio del mandatario relacionado con la solicitud planteada a Noruega.

No obstante, la empresa optó por alargar el misterio.

“Tal y como lo hemos informado, recientemente se ha recibido a un grupo de interesados en invertir en este proyecto y ellos tienen la tarea de hacer, bajo su costo, los estudios para plantear una propuesta para el país”, se limitó a responder Recope.

Según la entidad, cuando los estudios estén, harían una valoración de la razonabilidad, costos, oportunidades y amenazas de dicha propuesta. “No vamos a apostar a un proyecto que no sea de beneficio para el país”, aseguró Recope en su contestación por escrito.

Recope afirmó que si se determina que hay viabilidad de una refinería en Limón, la propuesta se valorará, tema sobre el cual prometió mantener informada a la población.

“Pero si no, seremos los primeros en decir que no se puede realizar”, dijo la empresa.

La reserva sobre el posible plan también la mantuvo Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación. Según el funcionario, es un asunto que solo concierne a Recope.

Al ser consultado sobre cómo avanzan los contactos con Noruega, el ministro sugirió consultar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al que señaló como el ente responsable.

Refinería en Costa Rica

La Nación también envió consultas a Recope sobre el hecho de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) encontrara estructuras de la vieja refinería en octubre pasado, mucho tiempo después de que la empresa había anunciado el total desmantelamiento.

Se cuestionó si es que consideran que esas piezas podrían resultar de utilidad ante la probable nueva refinería.

No obstante, Recope no dio respuestas.

La refinería de Recope fue inaugurada en 1967 y dejó de funcionar en 2011. No obstante, en 2009 se echó a andar otro intento para refinar, el cual terminó en fracaso.

Con ese propósito se creó en conjunto con China, la llamada Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (Soresco) con un fondo de $100 millones de los cuales los consumidores costarricenses costearon la mitad mediante las tarifas de combustibles.

Con la constitución de Soresco y el fondo de $100 millones se suponía que esa empresa debía contratar las obras de la refinería y luego arrendaría la planta por 15 años a Recope. Sin embargo, el proyecto nunca prosperó.

Fue en 2013 cuando la Contraloría General de la República señaló irregularidades en los estudios debido a un conflicto de interés, pues fueron elaborados por una compañía filial del socio chino.

Estos se negaron a contratar nuevos análisis y llevaron a Costa Rica, en el 2017, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en busca de una indemnización. Al final, el país ganó el proceso.