El plan para dejar en manos de un nuevo operador el servicio de revisión técnica, a partir del 15 de setiembre, podría enfrentar un camino empedrado pues, según el criterio de expertos, la iniciativa del Gobierno tiene inconsistencias y vacíos legales que demorarían el período de contratación (que se estimó en dos meses) y también podría acarrear complicaciones para el Estado y los usuarios.
El próximo viernes 15 de julio, a las 4 p. m., la empresa española Riteve SyC cerrará las puertas de las 17 estaciones de servicio y a partir de ese momento, los terrenos, equipos e instalaciones pasarán a ser propiedad del Estado.
Así lo establece el contrato mediante el cual la empresa brindó el servicio de certificación de condiciones técnicas de vehículos –un requisito de ley para poder transitar– durante los últimos 20 años.
A partir de ese momento, el MOPT planea apurar el proceso para adjudicar el permiso provisional, cuyo concurso se lanzó hace una semana y da a los interesados un período de 15 días para presentar sus propuestas.
Ese plazo es una de las primeras debilidades señaladas por el exviceministro de Transportes, Rodrigo Rivera Fournier, quien explicó en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, que es un plazo muy corto, pero, además, el pliego carece de información detallada que permita a los interesados formular las ofertas.
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Por ejemplo, dijo, el pliego no aporta información sobre costos de mantenimiento o el estado detallado de los equipos que deja Riteve SyC. Únicamente, se registraron en actas autenticadas por abogados las condiciones del inventario, sin que estos puedan ser probados o exista detalle de si están prontos a cumplir su vida útil o si requieren algún tipo de calibración.
El cartel tampoco establece una garantía de cumplimiento para el nuevo operador y aunque señala eventuales sanciones que serían potestad de la Administración, no se detalla cuáles.
Rivera agregó, además, que la figura del permisionario “no deja de llamar a dudas” pues legalmente este mecanismo es utilizado para hacer uso de instalaciones del Estado, pero no es recomendable para otorgar un servicio público en carácter de permiso.
Por su parte, el exgerente de Riteve SyC y también abogado, Fernando Mayorga, enumeró una serie de trastornos que podrían presentarse en servicios públicos debido a la decisión de suspender la revisión técnica durante dos meses.
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Esta situación, dijo, podría generar un problema en el pago de marchamos ya que hacia final de año, cuando se retomen las inspecciones, es poco probable que todos los usuarios logren cumplir a tiempo con la revisión.
“Durante los últimos dos meses del año se van a saturar las estaciones, si es que no se atrasa aún más, con lo cual el caos sería enorme, lo que conducirá a que el Gobierno tenga que eximir de la revisión técnica el pago del marchamo porque no va a dejar de recaudar esos cientos de miles de millones para dar tiempo a la revisión técnica. Eso, abriría nuevamente un portillo para que vehículos en mal estado anden circulando, incluso el tema de gemeleo que se logró disminuir en el pasado y que además se genere un caos para las inspecciones futuras”, agregó.
El abogado también indicó que el cartel parece muy riguroso, como, por ejemplo, en cuanto a requisitos para el personal, pero en otros “suaviza” condiciones asociadas a la acreditación y especificaciones que garantizarían la calidad.
El pliego divulgado por el MOPT indica, por ejemplo, que la empresa interesada en concursar debe tener al menos dos millones de revisiones realizadas en los últimos 10 años (200.000 por año).
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Sobre ese punto, Rivera aseguró que el cartel da pie para que conglomerados de talleres se unan para cumplir ese requisito y presentar una oferta pues no especifica qué tipo de revisiones.
A su criterio, el concurso no parece interesante para que las empresas que lleguen desde fuera “sean sólidas”.
En tanto, el exgerente de Riteve también apunta a que se abre la posibilidad a que una empresa presente su oferta cumpliendo holgadamente con esa cifra de revisiones, pero sin que se apeguen al tipo de inspección que se hace en el país. También se presta para que solamente tenga esa experiencia acumulada en revisiones de emisión de gases y no de mecánica completa que garantice la seguridad vial.
“Si se busca una empresa sin experiencia se puede provocar que la revisión se desvirtúe y se convierta en el ecomarchamo que hacían antes los talleres y que cumplía el que pudiera pagar y eso es lo que debe evitarse”, explicó Mayorga.
A su criterio, el pliego debió establecer que las revisiones que se incluyeran en la experiencia debían contener al menos el 80% de las pruebas que se realizan en Costa Rica.
Ambos expertos, aseguran que la opción más razonable debió ser mantener a la empresa actual durante el tiempo que se llevaba a cabo la nueva contratación, pues, si la razón era el costo de la tarifa, como indicó el Gobierno, esta podía ser discutida en el camino mientras se avanzaba en el nuevo proceso.
El ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, aseguró a La Nación que “se intentó pedir experiencia razonable y favorecer la baja en el precio tanto de primera inspección como de reinspección”.
Además, sostuvo que se espera que el plazo que el país estaría sin servicio sea menor y que para mediados de agosto ya haya un nuevo operador.
Achacó los eventuales atrasos a las consultas presentadas recientemente por Riteve, relacionadas directamente con el proceso.
Tal como anunciaron en Consejo de Gobierno, el ministro también insistió en que la importación de vehículos nuevos y usados no sufrirá a causa de la paralización, pues 30 mecánicos del MOPT están listos para realizar las inspecciones.
Asimismo, dio a conocer que la empresa española presentó un reclamo financiero correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009, aunque no detalló los montos ni las razones de esa solicitud.
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El MOPT indicó que durante el tiempo que el servicio esté suspendido, las estaciones serán vigiladas por oficiales de la Fuerza Pública, sin embargo, no ha especificado si los equipos recibirán algún tipo de mantenimiento, situación que según los expertos también podría acarrear más problemas para los futuros operadores.
Escollo legal
El abogado experto en contratación Cristian Campos agregó además que el proceso del MOPT podría enfrentar una complicación adicional, pues según su criterio el rechazo por parte de la Contraloría General de la República a la solicitud de prórroga planteada por el anterior gobierno, reconocía que la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de ambientalistas en contra de los artículos de la Ley de Tránsito relacionados con el tema de la revisión, impide dictar acto final de adjudicación sobre ese servicio.
Según Campos, ese mismo criterio se aplicará de igual forma para este nuevo concurso.
Drama laboral
Aunado al tema contractual, los expertos coinciden además de que el Gobierno no ha contemplado el impacto de la decisión en el extremo laboral, pues el cese de Riteve dejará sin trabajo directo a 500 colaboradores y un número no establecido de personas que dependen de este servicio.
De acuerdo con los especialistas es poco probable que este personal sea recontratado por el futuro operador pues muchos de ellos comenzarán a dispersarse debido al tiempo que pasará entre el cierre y el nuevo establecimiento.