El gerente de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Édgar May Cantillano, se abstuvo de declarar este jueves frente a los diputados que investigan la supuesta corrupción en obras viales, hechos por los cuales también figura como imputado en el denominado Caso Cochinilla.
“Me asiste un derecho constitucional de abstención, al cual me acojo”, fue la respuesta del gerente, actualmente suspendido, cada vez que los diputados de la Comisión Legislativa le realizaron preguntas relacionadas con sus actuaciones sobre aparentes favorecimientos a empresas constructoras en la adjudicación de millonarios contratos de obra pública.
May fue uno de los detenidos el 14 de junio por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de los allanamientos realizados ese día en oficinas del Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Casa Presidencial e instalaciones de varias constructoras. Desde entonces se encuentra apartado del cargo y sin goce de salario.
“No voy a responder ninguna pregunta que tenga que ver con mis funciones, ni con el desempeño de ellas en el Conavi, ni en el MOPT, y que ya cuestionadas en el Ministerio Público son objeto de investigación en el expediente judicial. Asimismo, defiendo mi condición de inocencia hasta que una sentencia en firme y dictada por un tribunal de justicia legalmente instituido me declare culpable”, manifestó May en la presentación que hizo ante los legisladores.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le reclamó a May haber omitido en esa presentación el informe de los puestos que ocupó entre 2007 y 2008 con constructora MECO, y en 2015, con la compañía Dinaju.
“Yo no las llamaría omisiones porque el resumen es de mi vida laboral como funcionario público, obviamente todos los registros ante la Caja Costarricense de Seguro Social (sobre sus trabajos) están claros y están a la orden del Ministerio Público”, alegó May ante los reproches del legislador.
Abarca enfatizó que el caso de May demuestra que existe una “costumbre” en el Conavi de contratar funcionarios que han pasado por las empresas constructoras.
Durante la audiencia, en varias oportunidades, May afirmó que no daría declaraciones para no prestarse a un “show político” o para darle titulares a la prensa.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, lo cuestionó por haber prestado servicios a empresas constructoras privadas y luego, en su condición de empleado del Conavi, participar en procesos de adjudicación de contratos para sus expatronos.
Mencionó, por ejemplo, una adjudicación a favor de Dinaju por ¢4.200 millones correspondiente a 10 obras viales con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La Contraloría (General de la República) plantea que usted, como funcionario de Conavi en ese momento, tuvo una posición parcializada favoreciendo a la empresa Dinaju. Entre las cosas que se señalan es que usted no declaró haber trabajado para esa empresa (...) Don Édgar, esta es una situación que consta en los documentos, no es una especulación de los expedientes ¿Usted inclinó la balanza hacia Dinaju?, preguntó Villalta.
“De ninguna manera, inclusive todo ese caso está en un órgano director en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, está investigando ese asunto (...) Vea, señor diputado, todo eso se tendría que analizar todo el proceso, hacerlo de esta forma no me parece que sea lo lógico y conveniente”, respondió el gerente suspendido.
Frente a repreguntas de Villalta sobre ese tema, May reiteró que se acogería a su derecho de no declarar.
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El legislador también le consultó sobre invitaciones a almuerzos que, según el expediente judicial, mantenía en restaurantes del área metropolitana con representantes de compañías constructoras, a lo cual May rechazó contestar.
La próxima semana, la comisión legislativa que investiga este asunto recibirá a Camilo Saldarriaga, exasesor de la Presidencia de la República quien también figura en el expediente judicial.