“La ley de contratación debe someterse a una cirugía mayor”, afirmó la contralora general de la República, Marta Acosta, al referirse al estado de emergencia con el que debe atenderse la reforma a dicha legislación.
La Contraloría General presentó un proyecto de ley con el que busca meter el bisturí para combatir la corrupción y articular mejor el trabajo de las instituciones en pos de desarrollar los proyectos que la población requiere.
“Nosotros, desde la Contraloría, reconocemos que la Ley de Contratación Administrativa debe someterse a una cirugía, pero mayor, es una ley que tiene ya 26 años de estar vigente”.
“El Estado cambió, los tipos de negocio que hace el Estado son ahora más sofisticados, son distintos, hay tecnología distinta ahora y hay muchos grupos que requieren estar metidos ahí, insertados en la ley”, aseguró Acosta durante el segundo foro de infraestructura Movamos Costa Rica, organizado por La Nación.
Uno de los principales ejes de esta iniciativa se enfoca en evitar las llamadas “apelaciones temerarias”, que en ocasiones son presentadas por contratistas cuando no resultan elegidos en determinados procesos, aunque no tengan fundamento.
Este tipo de apelaciones temerarias generan atrasos y sobrecostos en los proyectos.
El proyecto fija multas que van de un 0,5% a un 1% del monto del umbral de la licitación mayor o licitación menor si el objetante no demuestra su vinculación con el objeto del concurso, o si actúa con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales.
Asimismo, el texto fija una serie de sanciones a particulares, contratistas y funcionarios públicos por actos de corrupción.
“Consideramos que el factor ético es fundamental para todas las partes que intervienen en los proyectos. La Contraloría en los últimos años ha consultado a la ciudadanía y también a los contratistas sobre el tema de la contratación y ellos mismos han dicho que sí hay corrupción y que hay premios en materia de contratación, eso está ahí y nos parece que es un tema al que hay que entrarle”, aseveró Acosta en su presentación.
Con la nueva propuesta, a los funcionarios se les imponen castigos que van desde la suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad patronal por las siguientes conductas:
-Se demuestre su participación en actividades organizadas o patrocinadas por los proveedores
-Dar orden de inicio sin que el proyecto cuente con los requisitos y presupuestos necesarios
-Brindar información que ponga en un ventaja a un oferente
-Recibir dádivas a cambio de favorecer a contratistas
Durante su intervención, la contralora recalcó la necesidad de que los proyectos cuenten con etapas de preinversión y que exista un plan de inversión pública a largo plazo.
“El país necesita un sistema de preinversión, no podemos empezar procedimientos de contratación si no tenemos los estudios de hecho, y eso nos sucede todos los días que hemos visto encallar proyectos que no cuentan con los estudios”, dijo.
Otro atraso frecuente que se busca aminorar es el relacionado con el traslado de servicios públicos y las expropiaciones.
Sobre esto, el proyecto indica que, de requerirse expropiaciones para la realización de un proyecto de obra, la administración deberá valorar la necesidad de la disponibilidad total o parcial de los terrenos, según lo previsto en la decisión inicial.
“Cuando se decida dar la orden de inicio sin contar previamente con los terrenos, la administración deberá realizar un plan de adquisición que considere el programa de trabajo del contratista y así deberá advertirlo en el pliego de condiciones”, cita el artículo 104.
Además, menciona que, en caso de requerir reubicación de servicios, las instituciones que brindan los servicios públicos darán prioridad a las reubicaciones que afecten proyectos de obra pública.
Para Acosta, uno de los principales fines de la propuesta es que exista una uniformidad en los sistemas de contratación en todas las instituciones.
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Para esto, deroga una serie de artículos vigentes en leyes como la del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros, que cuentan con normativa especial para la adquisición de bienes, obras y servicios.
“Las instituciones públicas tienen que hablarse, tienen que coordinar. Hemos visto muchos atrasos por ese tema”, afirmó la contralora.
Conavi enmarañado por la sombra de la corrupción
Mario Rodríguez, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), afirmó que esta institución está llena de marañas legales que impiden la eficiencia y que acumula decenas de pendientes que atender.
Rodríguez mencionó un conjunto de contradicciones que según dijo, dificultan actuar con mayor eficiencia, al tiempo que reconoció que uno de los principales males que enfrenta la entidad es la corrupción.
Relató que, antes de que se le anunciara como director del Conavi, participó en un foro donde compartió con sus futuros subalternos y les preguntó cuál es el principal problema de la institución. La respuesta más contundente fue precisamente la corrupción.
“Entonces, cuando uno piensa en esos términos, piensa en la necesidad que ha tenido el país de ir desarrollando supuestamente leyes que controlen la corrupción”, dijo.
En criterio, en esos intentos más bien se ha creado una “maraña” alrededor del Conavi que termina volviéndolo aún más ineficiente y costoso.
“Desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura, hemos creado un entramado que hace que nuestra producción de infraestructura sea más cara.
"Nosotros podríamos decir ‘bueno, es que como país tenemos leyes y tenemos aspectos sociales que no cubren otros países y que nosotros estamos cubriendo’.
“Yo creo que tenemos que reconocer que, como país, hemos creado un sistema que hace que nuestra producción pueda ser ineficiente”, añadió.
Otro de los aspectos señalados por el funcionario es que el marco técnico de los proyectos no se apega a las realidades económicas y sociales de las comunidades.
Citó, por ejemplo, que se les exige hacer una carretera con condiciones de alto tránsito en un lugar donde existía un “trillo”, lo que impide que se haga un desarrollo por etapas.
Actualmente, el Conavi acumula unas 50 disposiciones de la Contraloría General pendientes de atender desde el 2013, así como 53 recursos de amparo, 11 recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y 49 informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) que no han sido atendidos en su totalidad.