El convenio entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para supervisar la construcción de la nueva vía a San Carlos, podría ser anulado.
La División de Fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que evalúa la legalidad del contrato entre estas instituciones.
Además, el ente contralor investigará por qué se declaró infructuoso el proceso de contratación original para elegir una empresa fiscalizadora y cómo se calculó el monto de ¢2.131 millones que se le pagará al ICE por las labores de supervisión.
No obstante, Carlos Segnini, ministro de Transportes, insistió en que el nexo entre el ICE y el MOPT es legal.
El acuerdo entre el Instituto y el Ministerio es por un periodo de 21 meses y empezó a regir el pasado 21 de octubre.
La Contraloría respalda el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que las instituciones públicas pueden firmar convenios entre sí, siempre y cuando las funciones acordadas estén dentro de sus competencias.
“Ambos sujetos de contratación deben contratar en el marco de sus respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial”, expresó la CGR en el oficio 13.172, del 14 de setiembre.
En ese documento, la CGR respondió las consultas del diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, relacionadas con el modelo de contratación entre instituciones del Estado.
Sobre este tema, en agosto anterior, la PGR expresó que el ICE debía limitarse a cumplir las funciones para las cuales fue creado.
Ese argumento fue reiterado el pasado 5 de noviembre por Magda Rojas, procuradora general adjunta, por medio de un oficio enviado a Henry Mora, diputado de Acción Ciudadana.
Rojas añadió en la nota que el Instituto podría dar servicios relacionados con carreteras “si la construcción de obra vial fuere legalmente parte de la competencia del ICE”.
La nueva vía a San Carlos –en el tramo entre Sifón y La Abundancia, de 28 km– presenta un 80% de avance, según detalló la constructora Sánchez Carvajal.
Legalidad. El ministro Segnini defendió este jueves, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa, la legitimidad del contrato con el ICE.
El jerarca señaló que urgía un fiscalizador del proyecto y por eso iniciaron un proceso de contratación concursada.
Sin embargo, no se presentaron oferentes en dicho procedimiento y esto los motivó a acudir al Instituto.
“Lo que había era un criterio de la Procuraduría que, en este momento, no es un criterio vinculante, se hizo un análisis jurídico y nos pareció que sí procedía (firmar el convenio con el ICE) y fuimos hacia adelante”, afirmó Segnini, luego de su audiencia ante los legisladores.
Si la CGR declara nulo este procedimiento, sería el segundo traspié de este tipo para el Ministerio en lo que va del año.
En setiembre, la Contraloría declaró la nulidad absoluta del proceso de contratación directa de un nuevo edificio de la sede central del MOPT al detectar “inconsistencias en el manejo del plazo de apertura de ofertas”.
“Me parece muy acertada la decisión de la Contraloría General de investigar el vínculo entre el ICE y el MOPT porque hay razones suficientes para declarar la nulidad ese convenio”, manifestó el congresista Otto Guevara.