Como una “camisa de fuerza” que condena los proyectos de infraestructura a una tortuosa ejecución. Esa fue la comparación que hizo la contralora de la República, Marta Acosta, la noche de este jueves durante una comparecencia ante los diputados de la provincia de Alajuela, al referirse a la ausencia de planificación que ha prevalecido en las obras que se ejecutan en el país.
Acosta acudió para referirse al informe divulgado, en noviembre anterior, sobre el estado del proyecto para ampliar la carretera entre San José y San Ramón.
Los legisladores aprovecharon para consultarle a la jerarca si el Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que el Gobierno está a punto de disolver, era la manera más conveniente para llevar adelante ese plan, a lo que la funcionaria respondió que lo ideal, sin importar la figura, es primero madurar el proyecto y desarrollar la fase preoperativa, para luego decidir cuál será el esquema.
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Precisamente, previo a la audiencia de Acosta, los parlamentarios mostraron su preocupación porque el país está a las puertas de iniciar un nuevo ciclo con esa misma falencia y acordaron llamar a comparecer al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador a ese mismo foro en los próximos días para que se refiera a dichas debilidades.
La contralora insistió en varias ocasiones sobre la ausencia de una “cultura de planificación” y de enfoque en el ciclo de vida de los proyectos.
Según dijo, las principales justificaciones para saltarse esa fase es que se tarda mucho o que es muy costoso, pero en proyectos como el de San José San Ramón, o el de la ruta 32, ha quedado comprobado que al final el costo y el plazo más bien se incrementan por no haber cumplido con esas etapas.
En el caso específico del proyecto San José- San Ramón, la funcionaria llamó la atención en que no es aconsejable definir primero el vehículo y luego ver cómo se desarrolla.
Por ejemplo, citó, toda la fase preoperativa que se venía desarrollando se hizo pensando en que la misma respondía a un esquema de Fideicomiso, pero después habrá que realizar los ajustes para adaptar su estructuración a la figura que se decida.
“El verdadero reto más allá de definir si es concesión, fideicomiso, APP o licitación, está en definir una hoja de ruta clara, consensuada y apegada a la técnica, el plazo, los costos y calidad sin obviar la integralidad del proyecto”, remarcó.
Acosta agregó que si el plan del ejecutivo es redefinir la figura contractual, la decisión debería sustentarse en un análisis técnico de costo-beneficio, y no se deben dejar de lado los entregables de la fase preoperativa, que son vitales para evitar riesgos.
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“Independientemente de la figura que se quiera adoptar debe garantizarse la definición funcionalidad y adecuada gobernanza del proyecto integral, no se trata solo de trasladar de un lado para otro responsabilidades manteniendo los mismos yerros del pasado”, apuntó.
Al ser cuestionada sobre la ejecución de los lotes de Obis 3 y 4, que según el Consejo Nacional de Vialidad podrían ejecutarse de manera gradual, pues no dependerían de la estructuración financiera del proyecto integral, la contralora insistió en que la “la fase preoperativa no es un formalismo”.
“La fase preoperativa es la que marca la pauta, porque una vez que usted construya el corredor principal, habrá entonces que revisar, que estas Obis se ajusten al corredor, no el corredor a las Obis”, advirtió.
Sin cronograma
La ausencia de un cronograma también fue cuestionada por la funcionaria que comparó dicha acción como iniciar a construir una casa sin los planos.
Acosta recordó que precisamente la ausencia de dichos plazos han sido uno de los detonantes para el encarecimiento del proyecto en más de un 50% en los pagos de honorarios a la unidad administradora, pues no había sanciones establecidas en el contrato para castigar el atraso que, según ese documento, superaba los 950 días.
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La cabeza del ente contralor adelantó que actualmente se lleva a cabo una investigación para determinar si existen responsables en la Administración por dichos atrasos y sobrecostos registrados hasta ahora.
El Fideicomiso a cargo del BCR, solo ha completado las obras impostergables del primer lote, las del lote 2-A fueron adjudicadas pero el Conavi planea limitar el contrato firmado a solo la fase de diseños debido al poco avance, al tiempo que el Fideicomiso ha responsabilizado a ese consejo por las demoras en aprobación de diseños y otros hitos necesarios para completar las obras.
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El plan anunciado por el Gobierno, el pasado 11 de enero, hasta ahora carece de cronograma y detalles sobre la figura que se usará, así como los costos y estudios técnicos para el desarrollo del proyecto integral.
El MOPT únicamente compartió un esquema según el cual planean ejecutar los distintos lotes de Obis pendientes.