La Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad es “un ente decorativo” que podría cerrar mañana y no cambiaría la gestión de esa entidad. Esa es una de las principales conclusiones a la que llegaron seis de los siete diputados que conformaron la comisión especial que se creó para investigar los supuestos hechos de corrupción en obras viales que se ventilaron en el expediente del llamado Caso Cochinilla.
Este jueves, los diputados de ese foro legislativo discutieron algunos de los hallazgos que plasmaron en el informe de 130 páginas que se construyó luego de más de 40 sesiones, en las que participaron desde el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, hasta funcionarios y exfuncionarios del Conavi, exministros de Obras Públicas y de Hacienda, empresarios, la contralora general, Marta Acosta y expertos en construcción.
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Para el presidente de la Comisión Legislativa, Pablo Heriberto Abarca, la dinámica de trabajo del Consejo Administrativo de Conavi no es coherente con las responsabilidades y el seguimiento que las personas que están en ese consejo, incluyendo el ministro, deben tener.
“Elefantes blancos que fueron desconocidos y justificados por excusas, que al final implican que debe revisarse cuál es el futuro de ese consejo”, dijo Abarca.
Entre las recomendaciones está eliminar la figura del Consejo de Administración y asignarle las funciones de este a un gerente general, mientras que la potestad sancionatoria se devuelva al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Los congresistas, incluso, consideran que la responsabilidad política por los hechos denunciados en este informe recae en los integrantes actuales de ese consejo presidido por el ministro Rodolfo Méndez Mata e integrado por el viceministro Tomás Figueroa Malavassi, así como por Berny Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Llach Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara.
Todo ellos, consideraron los diputados, deben enfrentar una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y hacen la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años).
Entre las conclusiones más importantes contenidas en el documento aprobado están:
- Existencia de una compleja red de corrupción. Los hallazgos de la investigación revelaron “un patrón de comportamiento superior al simple desarrollo de delitos de corrupción convencionales y demuestran la existencia de una compleja red de corrupción promovida por las constructoras MECO y H Solís y apoyada por funcionarios del Conavi en procura de apropiarse irregularmente de los fondos públicos que dicha institución administra. Esta red data desde el propio surgimiento del Conavi y se fortaleció con el paso de los años.
- Deficientes mecanismos de control en el MOPT y en CONAVI. Se demostró durante la investigación que aquellos entes designados para el ejercicio del control, tales como las auditorías del MOPT y el Conavi, LanammeUCR e incluso la Contraloría General de la República eran desoídos continuamente en sus recomendaciones o se aletargaba la atención injustificadamente.
- Auditorías de Conavi y MOPT sin incidencia Las Auditorías demostraron carencias en la capacidad de vigilancia de los recursos, principalmente la de Conavi, de la cual su propio auditor reconoció ante la Comisión la incapacidad de dar seguimiento a sus propias recomendaciones, una vez que estas llegaban al despacho del ministro.
- Debilitamiento de los sistemas de supervisión y verificación de calidad de las obras. El sistema de supervisión en la calidad de las obras empleado en Conavi mediante la contratación de laboratorios demostró ser muy débil o nulo para el cumplimiento del objetivo esperado, dado que estas empresas no están impedidas a brindar otros servicios como el de verificación de calidad para las mismas empresas supervisadas.
- El sistema de contratación permite que las obras se encarezcan por los sobreprecios y expropiaciones. Existe poco control entre el periodo de licitación de la obra y el momento de la adjudicación y la posterior orden de inicio, lo que genera cambios imprevisibles en el escenario de construcción o mantenimiento.
- El modelo de contratación actual favorece la corrupción. El modelo de contratación de obras por parte del Conavi demostró requerir de cambios importantes, como adoptar en las obras que se considere conveniente el modelo de contratación por estándares de calidad o niveles de servicio, dejando de lado el actual sistema de precios unitarios.
- Origen de los faltantes presupuestarios favorecieron a las empresas investigadas. Para la Comisión, el faltante presupuestario tuvo su origen en las políticas de reducción de gasto que impulsó el Poder Ejecutivo en 2019, que condujo al Ministerio de Hacienda a no girar gran parte de dichos recursos, así como algunos recortes que tuvieron lugar en el propio recinto legislativo en 2020, por lo tanto, la naturaleza de esos recortes produjo el faltante económico.
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- Presunta violación al principio de probidad por parte de funcionarios y jerarcas del MOPT y del Conavi. En general, durante la investigación se pudo comprobar una violación reiterada a los principios de probidad en obligaciones tales como atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
En ese apartado, los diputados afrimaron que el exdirector del Conavi, Mario Rodríguez, “facilitó la pasividad y tolerancia” hacia la supuesta corrupción existente en Conavi. Eso a pesar de que Rodríguez indicó durante su audiencia que fue quien se acercó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para pedir colaboración para indagar los presuntos hechos delictivos a lo interno de la institución.
En tanto, sobre el ministro de Obras Públicas, el informe recomienda su destitución por considerar que “su accionar como jerarca en el cargo de presidente del Consejo de Administración, no demostró una actitud agresiva para atacar la corrupción y así quedó demostrado cuando se le consultó sobre su accionar y el porqué no realizó una estrategia más consistente con el nivel de corrupción que se supo, percibía”.
Además se indica que el MOPT debe recuperar la capacidad de construcción y ejecución de obras, fortalecer la capacidad de fiscalización de las obras contratadas con terceros, mediante la reactivación del laboratorio de evaluación de calidad de ese ministerio y restablecer la planificación a largo plazo de obras de infraestructura, para construir el Plan Nacional de Movilidad, así como intervenir en los proyectos de infraestructura vial que tienen grandes retrasos.
La Comisión también hizo referencia a lo denunciado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), sobre la imposibilidad de sancionar a profesionales en temas de obra pública, pero criticó que esa misma organización no hizo ninguna propuesta para solventar ese impedimento legal.
En relación con el papel de la Contraloría General de la República (CGR), aseveraron que los controles que corresponden a ese órgano deben mejorar. Sostuvieron, además, que los cambios a la Ley de Contratación Administrativa deben revisarse para evitar actividades monopólicas u duopólicas, así como prácticas que no garantizan la calidad y sugieren el sobreprecio de las obras.
El foro legislativo que se creó una semana después de los allanamientos del pasado 14 de junio, lo conforman Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); las liberacionistas Paola Valladares Rosado y Franggi Nicolás Solano; José María Villalta del Frente Amplio; Enrique Sánchez Carvallo del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez Hernández, del Partido Restauración Nacional (PRN) y el independiente Jonathan Prendas Rodríguez.
De estos, únicamente Sánchez, que es el diputado oficialista, no figura como firmante del documento final.