El Gobierno tiene la mira puesta sobre los directivos de la Junta de Desarrollo Económico de la Zona Sur (Judesur), pues sospecha de actos ilícitos acumulados en varios años, como representantes de las cinco municipalidades sureñas y de las cooperativas de la región.
Como parte del proceso de intervención dictado por el presidente Luis Guillermo Solís, la junta a cargo de indagar las anomalías recopiló lo que considera “evidencias” de posibles irregularidades, en alusión a deudas pendientes, denuncias anteriores o beneficios otorgados a familiares.
Por eso llevó sus casos a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría de la Ética Pública, a la Fiscalía Adjunta de la Probidad y también a los cinco concejos que nombraron a esos directivos de Judesur, institución que cumple 15 años llena de problemas de gestión, transparencia y eficacia, pues tiene ociosos más de ¢17.000 millones.
El propio Luis Guillermo Solís firmó notas que dirigió a los gobiernos locales de Golfito, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus y Osa, aunque esta última fue la única que le contestó hasta ahora y de manera negativa. “Se rechaza el documento”, contestaron los regidores, el 18 de setiembre.
En este caso, Luis Guillermo Solís afirmó que el representante de Osa en Judesur (Enoc Rugama) adeuda ¢343.000 a esta institución y, además, está denunciado por “incumplimiento de deberes”, por lo que pidió a los concejales que manifiesten si son ciertos estos casos y abran, entonces, un procedimiento administrativo contra su propio delegado.
Otros directivos cuestionados son Jorge Jiménez (Corredores), Rafael Ángel Navarro (Coto Brus), Raybert Vásquez (Golfito) y Odiligia Leiva (Buenos Aires), por deudas, posible superposición de horarios con otros trabajos y eventuales conflictos de interés o incumplimiento de deberes, aunque no hay delitos comprobados.
“El hecho de que esté denunciado no significa nada (...). Esto es una intromisión del Ejecutivo en las municipalidades”, dijo el alcalde de Osa, Alberto Cole, molesto por las acciones de la junta interventora, creada por decreto el 18 de agosto para un plazo de seis meses.
Informe. Miembros de esta junta interventora dieron ayer una conferencia de prensa sobre los “avances” del proceso, los cuales “confirman las sospechas”, según la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
La junta interventora no sustituye a los directivos actuales, pues Judesur es una institución autónoma, cuyos dirigentes los deben nombrar los cinco ayuntamientos de la zona, las cuales también son autónomos por ley.
Solo uno de los directivos no proviene de las municipalidades, sino de la Unión de Cooperativas del Pacífico Sur. Su representante es Óscar Alvarado, gerente de Coopeguaycará R. L., que adeuda más de ¢9 millones a Judesur, en uno de los créditos que la entidad otorga a organizaciones, a pesar de su pobre capacidad de cobro.
Alvarado también es papá de un joven beneficiado con una beca para estudios universitarios, la cual originó una deuda de ¢14,7 millones que está morosa, según el oficio DP-P-068-2014, de la Presidencia.
Una integrante de la junta interventora, María Isabel Bonilla, recalcó que seguirán en labores por los seis meses de mandato.