Ni lo contundende del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni los llamados a cumplir la orden , han hecho que los diputados, en los últimos dos años, cumplan con la orden de aprobar una ley que permita la aplicación de la técnica de fecundación in vitro (FIV).
Luego de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), emitida el 20 de diciembre del 2012, los legisladores a favor y en contra de la FIV empezaron una discusión que tiene más tintes religiosos y doctrinarios que técnicos.
En esa ocasión, los jueces internacionales les dieron la razón a 18 personas que denunciaron al Estado por no permitir la fecundación asistida, mediante el procedimiento conocido como FIV.
Ese procedimiento quedó prohibido en el país, luego de un fallo de la Sala Constitucional del año 2000, que exigía que la técnica fuera regulada a partir de una ley.
De ahí que la Corte condenara al Estado a indemnizar económicamente a los afectados con sumas entre $18.000 y $25.000 y ordenara la promulgación de una ley.
Pero han pasado dos años y, aunque a los afectados se les benefició económicamente, a la fecha no hay un panorama claro sobre la aprobación de una legislación que cumpla el mandato de la Corte.
El problema sigue presente y para agosto del año pasado había ya 46 nuevos demandantes contra el Estado , quienes reclaman su derecho a utilizar esta técnica de fertilización asistida, con el propósito de tener hijos.
Sin entendimiento. El problema quedó relegado durante el gobierno de Laura Chinchilla, a pesar de que dos meses antes de la orden de la Corte, el Ejecutivo envió un plan de ley para permitir la FIV, el cual murió, sin mayor noticia, la semana pasada por vencimiento de plazo en el Congreso.
Si bien en el Congreso hay cuatro proyectos “vivos”, no hay un acuerdo sobre ninguno de ellos.
Desde entonces, la discusión sobre la FIV se basa en definir el momento en que se inicia la vida humana, un argumento que tiene a los congresistas cristianos empeñados en frenar cualquier plan que irrespete su ideal “provida”.
Así lo señala la jefa del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, quien asegura que los diputados evangélicos frenan la iniciativa.
“Estoy comprometida para que se vote antes de fin de año; es mi compromiso con las familias”, afirmó Molina.
La legisladora culpa al parlamentario Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), de entorpecer el plan.
Redondo, por su parte, rechaza esta posición y afirma que está dispuesto a discutir el tema.
“El tema debe seguirse discutiendo; no ha sido nuestra práctica obstaculizar. Tenemos una posición provida, donde defendemos la vida desde el momento de la concepción”, afirmó Fabricio Alvarado, legislador del Partido Restauración Nacional.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, dijo que hacen esfuerzos para conseguir los votos necesarios para votar alguno de los proyectos.