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23 parejas han presentado demandas contra el Estado por no permitir la FIV

Actualizado el 22 de agosto de 2013 a las 05:21 pm

Piden que se levante la prohibición y que se les indemnice

Proyecto de Ley para regular la técnica avanza a paso lento en la Asamblea

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23 parejas han presentado demandas contra el Estado por no permitir la FIV

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23 parejas han presentado demandas en contra del Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por no permitir la aplicación de la fecundación in vitro (FIV), luego de que la Corte Interamericanda de Derechos Humanos, ordenara levantar la prohibición.

Hubert May, abogado representante de 15 de las parejas demandantes, aseguró que muchas de las demandas están en trámite inicial e incluso en una de ellas solicitaron una medida cautelar, con el fin de que se ordene a la Caja Costarricense del Seguro Social,  practicarle la técnica a la pareja o financiarla para que la realicen en una clínica privada.

May indicó, que todas las demandas tienen como fin principal que se permita la técnica y la Caja brinde el servicio, pero además un fin indemnizatorio para aquellas parejas que han tenido que salir del país para someterse al tratamiento. 

Por su parte el abogado Boris Molina, quien lleva las ocho causas de las demás parejas, aseguró que las indemnizaciones en los casos que representan rondan los $20.000 por persona por concepto de daño moral.

El procurador Jorge Oviedo, manifestó que los procesos contenciosos son de responsabilidad civil y que no tienen relación con que si se levanta o no la prohibición.

"Ahí lo que se está discutiendo es si en el caso concreto de las parejas que están demandando se han ocasionado daños y si existe un deber de indemnizar del Estado", aseguró.

Informe de avance: "El gobierno de Costa Rica con lo que ha cumplido hasta la fecha es con las disposiciones accesorias de la sentencia como son: el pago de la indemnización a las parejas, la publicación de la sentencia a nivel nacional y dar atención psicológica a las parejas con infertilidad que interpusieron la demanda".

Oviedo indicó que el ordenar la aplicación de la técnica no forma parte de la jurisdicción contenciosa, porque la decisión de levantar la prohibición y regular la técnica le corresponde a la Asamblea Legislativa.

Sobre el cumplimiento de la sentencia, Oviedo manifestó que "los puntos resolutivos de la sentencia establecen que el Estado debe legislar (..) lo que nosotros tenemos que hacer en diciembre es nuevamente informar cuál es el estado en que se encuentra el proyecto de ley.

Mientras tanto, las parejas que integraron la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que terminó con un fallo a favor  y la sentencia condenatoria para el país, enviaron a ese organismo un informe sobre el avance luego de seis meses de dictada la sentencia.

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En dicho documento, señalan que "El gobierno de Costa Rica con lo que ha cumplido hasta la fecha es con las disposiciones accesorias de la sentencia como son: el pago de la indemnización a las parejas, la publicación de la sentencia a nivel nacional y dar atención psicológica a las parejas con infertilidad que interpusieron la demanda. Pero el punto medular, que fue el que dio origen a la interposición de esta demanda ante la CIDH, que era y sigue siendo la prohibición absoluta de la realización de la FIV en Costa Rica no se ha resuelto".

Gerardo Mejía, quien forma parte de ese grupo, aseguró que la Corte les respondió que dicho informe sería usado como un elemento para ser analizado dentro del proceso que siguen de la causa.

Estancado. El proyecto de ley que el Gobierno presentó para que dicha técnica fuera regulada y aplicada en el país, ve pocas luces en el Congreso.

La semana pasada los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, conformaron una subcomisión que tiene como fin procurar el avance de dicha propuesta.

La diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana, comentó que el proyecto comenzó a ser lenteado con mociones y que el fin de la subcomisión es poder dictaminar el proyecto en un plazo de 15 días.

En diciembre del año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en el que obligó al Estado costarricense a reactivar la práctica de fertilización in vitro.
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En diciembre del año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en el que obligó al Estado costarricense a reactivar la práctica de fertilización in vitro.
Añadió que el tema de la cantidad de embriones sigue siendo parte de la polémica, así como la resistencia que ha puesto la Caja para cumplir con la orden de dar el servicio.

Venegas se mostró pesimista sobre la aprobación de la ley en el plazo fijado, sin embargo asegura que por medio del fallo debería permitirse que se realice la técnica sin necesidad de que exista legislación, esto en el caso de las parejas que requieran solo espermatozoides.

La diputada del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Rita Chaves, por su parte aseguró que es cuestión de que todos cedan en algunos puntos, aunque reconoció que "algunos tenemos puntos irrenunciables".

Chaves considera que el hecho de crear la subcomisión fue un error, pues algunos  van a estar más avanzados que otros con respecto al tema, ya que a la hora de dictaminarlo deberán participar los nueve diputados que integran la comisión  y no solo los cinco que lo están analizando de lleno.

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Sobre los concensos logrados, manifestó que se acordó que el número de embriones quedara en seis, pues en el proyecto original venía con 12. Mientras que considera que en cuanto al tema de los vientres de alquiler "nuestra posición no es negociable".

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Patricia Recio

arecio@nacion.com

Periodista digital

Periodista en la sección digital de La Nación. Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

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