Gastos millonarios en comida para los miembros de la Junta Directiva y supuestos irregularidades en el trámite de un convenio para modernizar la institución.
Estos fueron los hechos que representantes sindicales del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) denunciaron la mañana de este martes ante el Ministerio Público.
Según Sindicato de Trabajadores de esa institución (Sitraina), la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Esta se tramita por la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y peculado.
Los denunciados son los miembros de la Junta Directiva del Instituto y su presidente ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez.
El secretario general de ese sindicato, Ricardo Jara Núñez, explicó que se tomó la decisión con base en informes de la Auditoría Interna que han señalado inconsistencias en la contratación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración de una propuesta de modernización profesional del INA.
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Los representantes laborales aseguran que han hecho al menos ocho solicitudes para informarle de este y otros temas al presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, pero nunca fueron atendidos.
Este martes, en un evento al que acudió el mandatario, le informaron de la denuncia, dijo Jara.
"Me dijo que nos felicitaba por las acciones que habíamos tomado y que él iba a analizar la situación para tomar las medidas correspondientes", agregó el líder sindical.
La Nación consultó al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien dijo no conocer el fondo de la denuncia.
"Hablaremos con don Minor Rodríguez sobre el asunto”, expresó.
Por su parte, el presidente ejecutivo del INA manifestó, mediante su oficina de prensa, que no se puede referir a una denuncia sobre la cual no ha sido notificado oficialmente.
Gastos millonarios
El INA maneja un presupuesto de ¢130.000 millones para una oferta de formación técnica con pobres resultados: solo el 25 % de los graduados consiguen empleo en la especialidad estudiada.
Según informó la abogada del Sitraina, Adina Reyes Reyes, se ha producido una cadena de irregularidades en el llamado "proceso de modernización profesional", que persigue actualizar los contenidos de los programas de formación de los estudiantes.
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Primero, relató la abogada, las autoridades contrataron al Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) –perteneciente a la Universidad de Costa Rica– para hacer la propuesta, pero rescindieron el contrato de ¢70 millones apenas con el primer informe de avance.
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Luego, agregó Reyes, decidieron dar el proyecto a la OIT, por $780.510. Se le canceló la mitad del monto y, sin tener ni siquiera un primer informe, se tomó la decisión de solicitar a esa organización devolver el dinero luego de recibir cuestionamientos de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la República.
"El dinero, por supuesto, aún no lo han devuelto", aseguró Reyes.
El Sindicato también puso en manos de los fiscales la queja por millonarios gastos de comida registrados entre el 26 de enero y el 7 de agosto del 2017, los cuales ascendieron a más de ¢11 millones. Este monto también incluye el gasto en la compra de agua como parte del servicio de alimentación.
Los representantes laborales anuncian la presentación de nuevas acciones legales ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría.
Entre los casos en trámite está el viaje a los Emiratos Árabes de una comitiva institucional conformada por 14 personas, incluido Rodríguez y miembros de la Junta. Ahí, según Sitraina, se invirtieron $8.000 en viáticos.
A Rodríguez se le atribuye un gasto de unos ¢20 millones en visitas a 15 países, entre esos China, Italia, Francia, Colombia y Brasil, al cual ha viajado cinco veces durante su gestión, detalló el Sindicato.