Padres, hijastros, hermanos, esposos y tíos de seis familias lograron que el Concejo Municipal de San José los nombrara en juntas de educación de 16 centros educativos de ese cantón. En dos de los casos, los regidores colocaron a un matrimonio, así como a una mujer y su hijastra en las mismas juntas, lo cual viola el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
Según el artículo 13 de esa normativa, no pueden ser miembros de una misma junta de educación parientes entre sí hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Tampoco pueden ser integrantes de un mismo órgano familiares del director de la escuela o colegio ni de los regidores municipales.
No obstante, el Concejo Municipal colocó a Minor Jiménez Lara y Sayira Argentina Rodríguez Calderón, casados desde 1984 según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la Junta de Educación del Jardín de Niños de Cristo Rey, el 3 de agosto de 2021. Además, nombraron a Ana Yoijaide Guevara Rosales y su hijastra, Natalie Morales Fuentes, en la Junta de Educación del Jardín de Niños de Colonia Kennedy, el 19 de febrero de 2019.
En el caso de la pareja ni siquiera formaban parte de las ternas propuestas por el centro educativo para integrar la Junta, como confirmó Rita Arce, quien fue directora del Jardín de Niños de Cristo Rey hasta el 31 de enero de 2022.
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En total, el Concejo Municipal capitalino designó a 15 personas de esas seis familias en cuatro colegios, seis jardines de niños y seis escuelas. Algunas de esas instituciones, de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), disponen de presupuestos para servicios públicos, mantenimiento, alimentación, suministros de oficina y artículos de limpieza, entre otros, hasta por ¢193 millones para el año 2022. Cada decisión sobre el uso del dinero pasa por los miembros de la Junta.
La Nación confirmó que el Ministerio Público investiga este asunto por el presunto delito de nombramientos ilegales, luego de una denuncia presentada por el regidor de la Coalición Juntos San José, Diego Miranda Méndez. La investigación se desarrolla bajo el número de expediente 22-000122-1218-PE y, por ahora, no se pueden conocer detalles.
“Existe un problema bastante difundido en el que varias personas participan en más de una junta de educación, y en algunas ocasiones incluso poseen relaciones de parentesco con miembros de otras juntas. Esto resulta en una dinámica nociva en la que dichas plazas se concentran en pocas manos, atentando contra la democratización de las juntas de educación y en el involucramiento de más personas en la toma de decisiones”, dijo Miranda en su denuncia, la cual contiene cientos de páginas con el detalle de los nombramientos, de las relaciones familiares, copias de actas y acuerdos.
Además de la denuncia de Miranda, La Nación publicó, el pasado 18 de abril, que el Concejo Municipal de San José realizó desde octubre de 2020, 61 nombramientos a dedo en diferentes centros educativos del cantón.
Este diario contactó a Ulises Alexánder Cano Castro, quien fungió como presidente del Concejo Municipal de San José en el periodo en que ocurrieron los nombramientos. Cano es regidor por el Partido Liberación Nacional (PLN).
“Eso (los vínculos familiares) no lo puedo saber yo y no lo puede saber ningún regidor; los regidores no conocen a toda la gente del cantón Central de San José. Lo que sí tienen que llenar las personas que desean participar en las juntas de educación es una declaración jurada (...).
“Diay, tendrá cuestiones penales si incumplen una declaración jurada. Ellos tienen que firmar indicando que no tienen parentesco, afinidad con alguien del colegio y esas cosas; esos son los requisitos”, afirmó Cano.
No obstante, el Concejo Municipal tiene la responsabilidad de revisar la información remitida por los aspirantes a integrar juntas; como parte de ese procedimiento se debe crear un expediente con todos los documentos necesarios. Sin embargo, Cano admitió en la entrevista con este diario que ellos no revisan la veracidad de los datos aportados.
En este gráfico interactivo los puntos de color azul representan personas y los puntos de color anaranjado representan centros educativos. Cuanto más grande sea el punto, más conexiones tiene la persona/centro educativo. De clic en los puntos para obtener información adicional.
En la actualidad, el presidente del Concejo Municipal es Lennin Barrantes Villarreal, también regidor verdiblanco.
Se intentó conocer la posición del matrimonio, pero no respondieron las llamadas realizadas a los teléfonos registrados a su nombre.
Por su parte, Morales Fuentes aceptó que fue postulada y nombrada en la Junta de Educación del Jardín de Niños de Colonia Kennedy por petición de su madrastra, pero que no asistió a ninguna sesión, pues vive en San Ramón, en Alajuela.
“Ay yo no sé nada de eso, cuando ella (madrastra) me puso a mí, me puso como una postulante, pero yo nunca fui a la escuela. Sí me dijeron que fui nombrada, pero yo nunca asistí. No puedo decir nada de eso; yo no sé nada de eso, no tengo ningún papel que me indique si tengo o no que hablar con usted. Después, tendría que averiguar qué está pasando para dar una entrevista”, concluyó la mujer.
En tanto, Guevara Rosales señaló que desconocía que familiares hasta en tercer grado de afinidad no pueden estar en una misma junta de educación.
Hasta en cuatro juntas
De los 15 nombramientos dudosos, ocho son personas que no fueron propuestas en ternas por el director ni los docentes de los centros escolares, como lo exige la legislación y reglamentos vigentes, sino que fueron incluidas por el Concejo Municipal sin especificar quién los proponía o por qué. Incluso, hay una funcionaria municipal que fue asignada en cuatro juntas de educación en los últimos cuatro años.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, las juntas de educación deben nombrarse respetando las ternas propuestas por cada centro educativo, esa posición fue ratificada por el abogado del Estado en octubre de 2020.
Kathia Sibaja Molina, funcionaria de recolección de residuos del Ayuntamiento capitalino y vecina de Zapote, San José, reconoció que fue nombrada en cuatro juntas en el cantón y que aún permanece en tres: en la Escuela Napoleón Quesada Salazar, ubicada en esa comunidad; en la Escuela Juan Rafael Mora Porras, y el Jardín de Niños Juan Rafael Mora Porras, ambos localizados en paseo Colón.
Sibaja Molina, además, reconoció que es militante del PLN, lo cual riñe con el compendio de prohibiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pues ese documento indica que los miembros de las juntas de educación tienen prohibición absoluta de “participar en actividades político electorales de los partidos políticos, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral”.
Al tiempo que Sibaja Molina participa en tres juntas de educación, su hermano, Marco Vinicio Molina Chaves, pertenece a la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica. Según datos oficiales, fue delegado en ese órgano pese a no estar dentro de las ternas propuestas por el colegio.
Sibaja Molina fue fiscal general para el PLN en las elecciones presidenciales del 2022 y 2018. Además, fue delegada territorial y secretaria propietaria del Comité Ejecutivo por esa agrupación en el distrito de Zapote en 2021. Al mismo tiempo, su hermano fue fiscal propietario por el mismo partido y el mismo distrito.
¿Por qué participar en una junta de educación que no es de su comunidad? ¿Por qué tomar responsabilidades con tres juntas si se trata de puestos sin ninguna remuneración económica?
“Yo soy comunalista ante todo. Trabajo por mi distrito, trabajo por varias entidades y estoy hasta en una fundación del Hospital Nacional de Niños. Yo conozco a los directores de los centros educativos, entonces por ese lado es que ellos acogen a que yo les colabore (...).
“No sé porque me pregunta eso. Cuando uno es comunalista trabaja casi por todo el cantón, independientemente de que no haya pago, uno colabora”, expresó Sibaja.
El MEP confirmó que la Junta de Educación de la Escuela Juan Rafael Mora Porras tiene un presupuesto para el 2022 de ¢160 millones y que la Junta del Jardín de Niños Juan Rafael Mora Porras dispone, para el 2022, de ¢50 millones. Mientras que la Junta de la Escuela Napoleón Quesada Salazar no tiene presupuesto aprobado por problemas administrativos.
Padre, hija y tío
Carlos Méndez Leiva, de 49 años, es otra de las personas que, según la denuncia presentada por el regidor, logró nombramientos en varias juntas de educación sin estar dentro de las ternas propuestas por los docentes. El hombre pertenece desde 2019 a la Junta de Educación de la Escuela Santa Marta y a la Escuela Juan Rafael Mora Porras.
Además, su hija, Joseline Vanessa Méndez Hsing Ju, de 26 años, fue delegada en mayo de 2021 a la presidencia de la Junta Administrativa del Colegio de Señoritas y a la vicepresidencia de la Junta de Educación del Jardín de Niños Jorge Debravo, en octubre de ese mismo año.
El hermano de Méndez Leiva y tío de Méndez Hsing Ju, Yoseth Méndez Leiva, fue nombrado en la presidencia de la Junta de Educación de la Escuela Pacífica Fernández sin pertenecer a las ternas presentadas por la institución educativa.
Consultado sobre este tema, Méndez Leiva alegó que no podría referirse por estar ocupado y pidió que lo llamaran después. Luego se le llamó, pero no contestó. Su hija pidió que le enviaran las consultas por escrito y que preferiría consultar a su abogado.
Por último, Yoseth Méndez Leiva comentó que se incorporó a la Junta porque tenía experiencia en ese tipo de órganos. Aseguró desconocer detalles sobre la participación de sus familiares en otras instituciones educativas.