Mientras los afiliados a sindicatos reclaman desde las afueras, con la presencia de unas 60 cocineras de comedores escolares, , los diputados de la fracción del Partido Acción 8 (PAC) usan el tiempo de control político para expresar la “necesidad” de contratar en propiedad a estas trabajadoras.

El argumento es que solo así se puede “garantizar el respeto a sus derechos laborales” a pesar de que por su contratación el MEP va a tener pérdidas a partir del 2029, ya que tendrá que pagar pluses y beneficios que no reciben actualmente al estar contratadas por las Juntas de Educación.

Este alianza por la contratación se da, contradictoriamente, luego de que el 29 de octubre los diputados acordarán eliminar 2.200 plazas vacantes de 18 ministerios y de la Presidencia de la República, a solicitud del Gobierno, con la idea de generar un ahorro de ¢5.000 millones.

Sin embargo, el mismo Ejecutivo es el que envía un presupuesto para incluir 2.000 plazas más en el MEP para el otro año, las cuales comenzarán a generar pérdidas a partir del 2029.

Desde la curul

Nielsen Pérez, diputada del PAC, se reunió el 12 de noviembre anterior con los representantes de las cocineras y les reafirmó “su apoyo a la defensa de los derechos laborales de estas funcionarias”, asimismo, se refirió “al vital beneficio que tienen los estudiantes al recibir un servicio de alimentación complementaria en cada centro educativo”.

Unos días antes, en un comunicado de esa bancada, del 9 de noviembre, Pérez llegó a afirmar que la continuidad del servicio escolar depende de la contratación en plaza de estas trabajadoras.

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“Cerca de 250.000 estudiantes de alrededor de 1.000 centros educativos se verían seriamente afectados si el MEP no procede con estas contrataciones” dijo Pérez, aunque sin dar mayor detalle de las razones de esa supuesta afectación.

Si la Asamblea Legislativa no aprueba el presupuesto para abrir esas 2.000 plazas en 2021, las cocineras seguirían brindando el servicio por medio de las Juntas de Educación, como actualmente sucede.

Lo que hizo el Gobierno fue trasladar los fondos presupuestados para pagar los salarios de estas cocineras de la partida de las Juntas de Educación al de remuneraciones para cumplir con lo pactado entre el MEP y los sindicatos.

De acuerdo con Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), solo bastaría una moción para revertir el proceso, es decir, devolverle ese presupuesto a las Juntas de Educación para que continúen contratando a las cocineras, sin interrupción del servicio a los estudiantes y sin necesidad de abrir 2.000 plazas más para el próximo año.

Oposición

Delgado ha sido una férrea opositora de la apertura de nuevas plazas.

En el nuevo acuerdo laboral, firmado el 16 de octubre anterior, el MEP se comprometió a abrir 4.000 puestos para cocineras de los comedores escolares. Las primeras 2.000 en el 2021 y el resto en el 2022.

Estas plazas sustituirían el modelo actual de trabajo, el cual consiste en que el MEP les pasa recursos a las Juntas de Educación de escuelas y colegios para estas contraten a las cocineras por la vía privada.

Diez días antes de firmarse la convención, el 6 de octubre, la ministra de Educación, Guiselle Cruz, defendió esa contratación en una audiencia de la Comisión de Hacendarios, en la cual los diputados le cuestionaron la creación de esas las plazas en medio de la crisis económica.

Cruz dijo a los legisladores que la decisión tenía que ver con una “política social” y que su contratación generaría un ahorro al Estado. Sin embargo, la ministra no presentó a los diputados un estudio técnico y económico que respaldará esa afirmación.

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“La exposición de motivos no fue suficiente para determinar la viabilidad presupuestaria o una justificación de peso de la creación de esas plazas. En ningún lado, ella prueba que no va a generar un gasto, ni lo pudo demostrar en audiencia. En ningún momento genera una justificación técnica- jurídica; un análisis de costo-beneficio que permita determinar que efectivamente existe una justificación válida para eso, no hubo forma de que lo pudiese contestar”, manifestó Delgado a La Nación

Tras la comparecencia, los legisladores le pidieron a la ministra un estudio sobre el costo de esas plazas, por lo que en el MEP corrieron a elaborar una proyección a 10 años. Ese primer análisis estimó ahorros anuales de cerca de ¢2.000 millones, sin ningún tipo de pérdida.

Sin embargo, en el análisis, el Ministerio omitió datos esenciales como incluir el salario escolar y subestimó el costo de la anualidad, entre otros. La Nación informó sobre esos errores semanas atrás.

Tras la publicación de este diario, el MEP hizo un nuevo documento con la incorporación de datos omitidos. Según este, habrá un ahorro de ¢2.159 millones para el próximo año, pero con el tiempo ese ahorro irá en decrecimiento y, para el 2030, una pérdida de ¢189 millones.

A partir de ese año, solo habrá pérdidas.

Insistencia

El 12 de noviembre, la diputada Pérez realizó una intervención de 19 minutos en el plenario para solicitar la contratación de las cocineras.

Habló sobre la “importancia de atender con perspectiva de género” en la contratación de estas funcionarias por parte del MEP.

Para ella, se trata de “una medida necesaria para garantizar el respeto a los derechos laborales de este personal, constituido en su mayoría por mujeres jefas de hogar”.

También, el 9 de noviembre la legisladora, por medio de un video, difundido por la fracción legislativa del PAC, pidió la contratación de las cocineras.

“Queremos que se les contrate con las condiciones legales que establece este pais para todos los ciudadanos. No puede haber funcionarios de una categoría y otros de otra, todos necesitan tener las mismas condiciones, sin excesos, sin abusos, sin privilegios. Estamos hablando de un salario, de un horario, de seguridad social, por eso acompañamos y apoyamos a las cocineras en esta lucha para que se reconozcan esos 2.000 puestos este año en el presupuesto 2021”, dijo Pérez.

En la contratación realizada por las Juntas de Educación, las cocineras cuentan con un salario, un horario y seguridad social.

En esa última fecha, Pérez y la legisladora del PAC, Catalina Montero, también estuvieron en una manifestación realizada por las cocineras en las afueras de la Asamblea Legislativa, apoyando el movimiento. El video de este apoyo fue difundido por la fracción del PAC.

El 10 de noviembre, las representaciones del SEC y Sitracome, se reunieron con legisladores de otros partidos, distintos al PAC, para pedir la contratación en plaza de las cocineras.

El 12 de noviembre, la dirigencia de Asociación Nacional de Educadores (ANDE) entregó una carta a los diputados en las que solicitó los puestos para las cocineras ; un “derecho” sustentado en la recién firmada convención colectiva que incluye 4.000 plazas.