De forma tajante y sin rodeos, la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, mostró su desacuerdo con que el Gobierno haya acogido la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de incluir al INA y a los programas de primera infancia dentro del presupuesto para educación.
Ese sector debe recibir el 8% del producto interno bruto (PIB), según el artículo 78 de la Constitución Política, así reformado en 2010.
Actualmente, el presupuesto incluye solo al Ministerio de Educación Pública (MEP) y este debe asignar un 1,5% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de las universidades.
No obstante, en el artículo 32 del texto sustitutivo de la iniciativa de ley que discute el Congreso para reducir el déficit fiscal, se indica que el presupuesto debe tomar en cuenta la educación profesional, técnica y primera infancia (antes de ingresar a preescolar).
La ministra dijo, en una entrevista a este medio, que no hubo ninguna consulta al MEP sobre la inclusión de esa norma en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, presentado el jueves 20 de abril a la Asamblea Legislativa.
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"Definitivamente no estoy de acuerdo por dos razones: una es que cuando, como una voluntad nacional, se aprueba el mandato constitucional de llegar del 8% del PIB (producto interno bruto) para educación, esto se hace claramente con la consciencia de que en ese momento hay una línea base y que hablar del 8% era hablar de un fortalecimiento del presupuesto de la educación a partir de la línea base de ese momento.
"Si en este momento cambiamos la línea base, podríamos llegar a sumar un 8% pero no estaríamos cumpliendo con el mandato constitucional, lo estaríamos evadiendo", explicó Mora.
La segunda razón de la jerarca hasta el 8 de mayo, es que, en su criterio, sería "un enorme retroceso en materia de financiamiento al sistema educativo".
Según ella, tras cuatro años de estar al frente del Ministerio, tiene claridad de que esos recursos se necesitan para que se superen los rezagos que existen como herencia de los años 80's.
"Esos recursos son necesarios para lograr aspiraciones nacionales como la universalización de la educación en preescolar, como superar el rezago que tenemos en materia de infraestructura educativa, cumplir con la universalización del idioma inglés. Esos fondos son requeridos. Costa Rica es excepcional desde que abolió el ejército y que esa decisión histórica también se dio para que los fondos se inviertieran en el sistema educativo", añadió.
Mora argumentó que el voto de la Sala (2012-6416) definió que es contrario al artículo 78 de la Constitución Política sumar el presupuesto destinado a capacitación que da el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para alcanzar el porcentaje del PIB que se define en el mandato constitucional.
Resultados se cuestionan
Costa Rica dedica un mayor porcentaje de su presupuesto a educación que los 35 países miembros de la OCDE, incluidas naciones como Finlandia o Alemania. Sin embargo, esa inversión no se refleja en el desempeño de sus estudiantes, como advirtió un informe de la organización, dado a conocer en agosto.
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Entre los aspectos que tomaron en cuenta para hacer esta afirmación está el rendimiento del país diagnosticado por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), realizado por la OCDE. En la última evaluación internacional, del 2015, Costa Rica retrocedió en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, con respecto a las pruebas aplicadas en el 2012.
Las puntuaciones de los estudiantes ticos se ubicaron muy por debajo del promedio de las naciones de OCDE.
Además, países con menor inversión sacaron mejores resultados.
El VI Informe del Estado de la Educación también hizo una advertencia en ese sentido.
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Según la investigación, los incentivos y recargos que el MEP paga a sus docentes representan un gasto de muchos millones que no se traducen en mejoras de la calidad de la enseñanza.
Cada año, el Ministerio de Educación Pública (MEP) destina un monto de ¢447.000 millones a esos rubros, el 35% del gasto en remuneraciones.
Tanto la OCDE como el Estado de la Educación recomendaron al país invertir de manera más eficiente los millonarios recursos destinados al sector.