El Ministerio de Educación Pública (MEP) es incapaz de atender las necesidades de construcción y mantenimiento de los centros educativos, de acuerdo con las conclusiones del informe publicado este jueves por la Contraloría General de la República (CGR).
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Tan ineficaz es la gestión de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP que construye centros educativos en zonas donde no hay matrícula, según respuestas que dieron funcionarios de las direcciones regionales a consultas de la Contraloría. Sin embargo, no se profundizó en el informe sobre ese tema.
“El MEP no tiene la capacidad para atender todas las necesidades de infraestructura del sistema educativo, o bien estas se atienden de forma inoportuna, particularmente en lo que respecta a la atención de órdenes sanitarias”, dijo el órgano el contralor en el documento OE-CAP-IF-00012-2022.
La mala gestión de la DIE no es problema de dinero. Del 2017 al 2021 ha transferido ¢179.723 millones a las Juntas de Educación y Administrativas para infraestructura.
“La transferencia de recursos a las Juntas no implica la ejecución final de los recursos por parte de estas, pues ello depende de su capacidad de gestión y procedimientos requeridos, además, requieren contar con la autorización de DIE. Al 30 de junio de 2022 las Juntas mantenían ¢95.944 millones como saldos en Caja Única por este concepto”, dijo la Contraloría.
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Ese dinero lleva años de estar allí depositado a pesar de las necesidades de los centros educativos. A modo de ejemplo, la Contraloría identificó un caso en el que una Junta recibió ¢1.997 millones en 2017; a junio de 2022 ese dinero no había sido ejecutado. En otro caso, la Junta recibió ¢1.697 millones en 2017 y, a la fecha, tampoco habían sido ejecutados.
“En total, se identificaron 905 juntas cuyos saldos no registraron variación entre diciembre de 2017 y junio de 2022″, señala el informe.
Hallazgos
La Contraloría explicó que la gestión de la infraestructura educativa se encuentra a cargo de muchas partes involucradas en el proceso, sin que exista claridad sobre los roles y funciones.
De acuerdo con esa auditoría, el MEP dispone de algunos mecanismos de coordinación, sin embargo, estos presentan limitaciones.
Por ejemplo, en 2019 se estableció una directriz de coordinación entre el MEP y el Ministerio de Salud para la atención de órdenes sanitarias , no obstante, el procedimiento establecido no siempre se lleva a cabo. Inclusive, cada una de las instituciones maneja un dato distinto de órdenes sanitarias.
Para la DIE, existen 614 centros con órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento; por su parte, el Ministerio de Salud registra 662 centros con órdenes por “deficiencia físicosanitaria” en estado de incumplimiento y 58 en tiempo; pero, a la vez, existen 292 centros educativos con orden sanitaria de los que no se encontró información registrada en el MEP.
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“De acuerdo con la consulta realizada, 16 direcciones regionales de educación consideran que la comunicación con la DIE es mala (solo ante consultas reiteradas) o muy mala (no existe un canal efectivo de comunicación), limitando la buena gobernanza en la atención de la infraestructura educativa”, explicó.
La DIE carece de un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura del sistema educativo, sigue planificando y tomando de decisiones sin datos.
De acuerdo con la CGR, el inventario utilizado por la DIE es parcial y se basa en las solicitudes realizadas por las escuelas o colegios y que, de acuerdo con su capacidad operativa, han sido valoradas y cuentan con un diagnóstico, “evidenciando una gestión reactiva y contra demanda”.
Por ejemplo, el 58% (692) de los proyectos considerados en el inventario parcial corresponden a solicitudes por emergencias, órdenes sanitarias y recursos de amparo, inclusive, existen proyectos asignados desde 2012.
“Los centros educativos que no han realizado solicitudes quedan fuera del inventario, o bien esas solicitudes no han sido valoradas, por lo que no se conoce con certeza el estado de su infraestructura”, indicó el órgano contralor.
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Agregó que el MEP carece de un proceso sistemático de recopilación, actualización y análisis de la información sobre el estado de la infraestructura educativa; en su defecto, la gestión de la información se realiza mediante hojas de cálculo.
“La gestión manual implica incumplimiento de los atributos de calidad de la información: no es completa, no es comparable y su consolidación no es uniforme ni estandarizada ni está integrada”, se lee en el informe.
Reestructuración no funcionó
La Contraloría confirmó que no funcionó la reestructuración de la DIE realizada en 2020. Esto mismo lo había señalado Álvaro Mata, director de la DIE, a los diputados hace unas semanas. Los problemas continúan.
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Desde el inicio se planteó un problema y es que la reestructuración mantenía a los mismos 113 funcionarios que la Auditoría Interna del MEP catalogó como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”. Esos mismos funcionarios se mantienen hasta la fecha.
“La gestión de infraestructura educativa no está cumpliendo con su propósito, puesto que los procesos no son sistemáticos ni simplificados y no se dispone de información integrada confiable, útil y oportuna; lo que genera brechas para la toma de decisiones y una gestión deficiente de esta materia, así como la desmejora en la calidad del servicio de educación”, indicó la CGR