Diputados reclamaron “falta de voluntad” del Ministerio de Educación Pública (MEP) para concretar mejoras o construir escuelas con el dinero para ese fin, que tienen guardado en sus cuentas las juntas de educación. Ese fue la crítica que hicieron los legisladores a Catalina Salas, exjefa de la de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) de la institución.
La funcionaria, quien estuvo al frente de la DIE entre julio de 2019 y junio del 2022, compareció esta semana ante la Comisión Especial de Educación para referirse al rezago en infraestructura, problema que ella atribuye a la falta de presupuesto, a pesar de que las juntas tienen ¢95.000 millones depositados para ese fin, desde hace años. Los fondos no se ejecutan porque las escuelas requieren el visto bueno de la DIE para proceder con las obras, pero como el aval no llega de manera oportuna, los proyectos no caminan.
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“No es un tema de faltante de presupuesto, es falta de voluntad. Ver niños de la Escuela Luis Rodríguez Salas (en Alajuela) que tienen en el kínder un play muy bonito, pero no lo pueden usar porque las láminas de zinc están podridas, el agua se filtra y les da miedo que se caiga alguna a los niños... Las gestiones se hicieron y simplemente no hay autorización (de la DIE) porque hasta para compras menores la necesitan”, expresó el diputado de Nueva República (PNR), José Pablo Sibaja.
“Yo creo que a usted le falta voluntad, usted era la jerarca que no podía resolverlo todo y que, aún sin usted, tampoco se puede resolver, pero había muchas cosas que usted si podía hacer y no las hizo por falta voluntad”, señaló Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Bojorges relató que antes de ser diputado, se desempeñó como director de una escuela sobre la cual pesaba una orden sanitaria por falta de extintores. Según dijo, el centro tenía los recursos para atender la orden, pero la DIE no les contestaba correos ni mensajes.
El legislador reprochó a Salas, que él se vio obligado a ir a buscarla personalmente para que le diera una solución, pero ella no lo atendió a pesar de que la esperó dos horas.
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¿Falta de presupuesto?
Salas, quien renunció a la jefatura de la DIE pero se mantiene trabajando en esa dirección, alegó que una de las razones del rezago en el estado de las instalaciones educativas es la falta de recursos así como los recortes en los últimos años.
“En el 2022 se tuvo una caída muy grande, el presupuesto es de ¢9.200 millones y eso es con lo que se está atendiendo la infraestructura educativa en todo el país”, manifestó la funcionaria.
Agregó que de los ¢95.000 millones que tienen las juntas en caja única, el 73%, ¢70.000 millones, lo tienen centros educativos que tienen órdenes sanitarias y el 27% lo tienen centros con proyectos asociados a construir aulas o brindar un mantenimiento.
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Según Salas, de los 4. 585 centros educativos del país, 804 tienen órdenes sanitarias y, de esos, 88 son categoría roja, o sea, con orden de cierre. Esta cifra ha cambiado varias veces.
Explicó que, para atender las órdenes sanitarias de esos 88 centros, se requieren ¢64.000 millones pero, de ese monto, las juntas tienen depositados desde hace años ¢35.200 millones.
Ante la falta de ejecución de la DIE de ese dinero que permanece en la Caja Única del Estado, Salas justificó que el replanteamiento de los proyectos “toma tiempo” y que se necesitan “brazos ejecutores” que puedan apoyar a las juntas a hacer los procesos de contratación.
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“Toma tiempo porque hay que considerar todos los estudios técnicos que conlleva estar en formulación de proyectos, esa es una de las cuestiones. Hay otras, como que también se tienen problemas muy viejos de contratación, que las juntas realizaron sin autorización de la DIE, sin fondos para poder ejecutar esas contrataciones, entonces conlleva una serie de análisis de investigaciones”, declaró la funcionaria.
A pesar de sus explicaciones, los diputados insistieron en que el problema del rezago en infraestructura no es de dinero sino de gestión.
José Pablo Sibaja señaló que, en la administración anterior, cuando él era asesor de un diputado, solicitaron respuestas de la DIE pero no las obtuvieron.
“Yo veo que el dinero está, que se hace la gestión pero que hay una ineficiencia en el aparato público, especialmente en la DIE. Fuimos a tocar la puerta de la DIE y nos atendió un oficial de seguridad diciendo que estaban todos en teletrabajo. Si no le respondieron a un diputado, cuántos centros educativos se han quedado sin respuesta”, cuestionó el legislador.
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En una entrevista dada a La Nación la semana anterior, Leonardo Sánchez, viceministro administrativo del MEP, dijo que la razón de por qué existe esa plata en Caja Única del Estado pasa por la incapacidad que ha tenido históricamente el MEP para poder ejecutar en tiempo, forma y de manera eficiente.