Contrario a lo estipulado por la Contraloría General de la República, la Gerencia General del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) utiliza el presupuesto institucional para financiar alimentación de reuniones cotidianas, como rondas de negociaciones con sindicatos para firmar la nueva convención colectiva, sesiones informativas y capacitaciones.
Desayunos, almuerzos, meriendas, refrigerios y agua embotellada figuran entre los bienes pagados, según Wendy Fallas, gerente general del INA, con una partida destinada para el servicio de alimentación durante eventos especiales.
De hecho, información suministrada por el Instituto a solicitud de La Nación revela el uso frecuente de ese dinero en reuniones internas para informar de nuevas condiciones laborales, rendir informes de ejecución presupuestaria, capacitaciones, negociaciones con sindicatos para nuevas convenciones colectivas y hasta refrigerios para el informe de los primeros 100 días de Rodrigo Chaves Robles como presidente de la República.
Por ejemplo, el 21 de enero de 2022, la entidad autorizó el pago de desayuno y almuerzo para la reunión en la que se negoció la nueva convención colectiva. Lo mismo ocurrió en la ronda de negociaciones del 11 de mayo siguiente.
Durante el 2022, el INA realizó 35 encargos de alimentación para reuniones, la mayoría de ellas administrativas, como encuentros para comunicar a sus funcionarios el nuevo régimen de empleo, una cita para analizar la gestión de tecnologías de información y conversatorios con docentes.
Las erogaciones se hacen pese a que, desde el 2013, la Contraloría manifestó que los funcionarios públicos retribuidos a través de dietas o salarios deben proveerse sus alimentos.
“(...) Por lo cual como regla general debe entenderse proscrita o prohibida dicha conducta administrativa”, declaró la Contraloría. También señaló que en “casos esporádicos y de carácter excepcional debidamente justificados” se puede autorizar un servicio alimenticio mínimo apegado a criterios de austeridad y razonabilidad.
En 2017 y 2020, el ente contralor reiteró criterios en esa misma línea.
En el caso del INA, los registros muestran que no se trata de encargo de alimentos esporádicos, pues en 2022 se solicitó, en promedio, 2,9 servicios por mes.
La gerente general del INA indicó que se justifica la compra de alimentos por parte de la entidad para reuniones con sindicalistas para negociar convenciones colectivas porque son citas de varias horas y se requiere “no perder el hilo conductor”.
“Nos hemos apegado a los pronunciamientos de los entes fiscalizadores (...). Son necesidades debidamente justificadas en la institución”, enfatizó Fallas.
Para el 2023, el INA dispuso de un presupuesto de ¢30 millones, de los cuales ya se ejecutaron ¢19 millones. Entre ese monto está el pago de 200 refrigerios para el informe de los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Chaves, presentado en agosto de 2022.
El INA asumió ese gasto, de acuerdo con Fallas, por instrucción de Juan Alfaro, presidente ejecutivo de la entidad.
Desde el pasado domingo, La Nación envió varias consultas a Alfaro, pero aún no responde. La institución tampoco precisa cuánto costaron los refrigerios, el detalle de los mismos, ni la factura. Además, se solicitó el sustento legal utilizado para emplear presupuesto del INA en otra entidad.
Según el Ministerio de Hacienda, en 2022, Casa Presidencial presupuestó ¢67 millones para alimentación y bebidas.