Los miembros del Consejo Superior de Educación (CSE) afirmaron que el tipo de preguntas que las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) presentaron ante dicho órgano “fueron muy distintas” al extenso cuestionario de Factores Asociados que se les aplicó a 77.000 alumnos de quinto grado el viernes anterior, en el que debieron brindar información socioeconómica de sus familias y lugares de habitación de manera no anonimizada.
También, alegaron, hubo diferencias en las preguntas que se formularon en el pilotaje de Factores Asociados ejecutado, en 2019, a un pequeño grupo de estudiantes.
Así lo argumentaron los ocho integrantes del CSE, –órgano constitucional a cargo de definir las políticas educativas– en una carta a la opinión pública que emitieron, este lunes, tras una reunión para valorar los hechos relativos a las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).
En el Consejo hacen esa manifestación, a pesar de que en las actas de las reuniones de dicho órgano, de enero y febrero del 2019, consta que la exministra Guiselle Cruz, quien para ese entonces era la viceministra académica, tenía la responsabilidad de diseñar y presentar a los miembros del Consejo las pruebas FARO y, desde el planteamiento inicial, estuvieron presentes los cuestionarios de factores de contexto o factores asociados.
Una prueba de esa situación está en la página web del Ministerio de Educación Pública; en una infografía se indica que esa herramienta tiene el objetivo de conocer “las situaciones personales, familiares y escolares de cada estudiante durante su aprendizaje”.
Cruz habló de los Factores de Contexto directamente en la sesión 06-2019 del 31 de enero de 2019 frente a los integrantes del CSE.
En esa sesión estuvieron presentes Edgar Mora Altamirano, jerarca del MEP en ese momento, los exministros de Educación, Leonardo Garnier Rímolo y Manuel Bolaños Salas y varios representantes de organizaciones de educadores y la Universidad de Costa Rica.
Las pruebas FARO fueron aprobadas por el Consejo en febrero de ese mismo año y las modificaciones, incluidas los factores de contexto, incorporadas al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
Argumentos del CSE
Los miembros del CSE explicaron que ellos avalaron, en 2019, la transformación de bachillerato en pruebas FARO, las cuales, dijeron, siguen las tendencias más modernas de la evaluación educativa, sin embargo, argumentaron que estas debían ser aplicadas en forma adecuada y esta responsabilidad recaía sobre el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Añadieron que el objetivo del cuestionario de Factores de Contexto Asociados era el de identificar los distintos elementos que inciden en el mayor o menor logro educativo, para así poder modificar y ajustar las políticas y prácticas educativas y de apoyo a los estudiantes, para optimizar el logro de los aprendizajes.
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“Esto es algo que tiene pleno sentido educativo, pero debía ejecutarse en forma razonable y, sobre todo, sensible. Lamentablemente, la forma en que se diseñó y realizó esta primera aplicación de las pruebas FARO resulta completamente impropia e inaceptable, tanto por la duración de la prueba como por la complejidad y el tipo de preguntas realizadas.
“Resulta evidente que las preguntas de contexto aplicadas no solo fueron excesivas, sino totalmente inapropiadas, abusivas y muy insensibles para estudiantes que rondan los diez años de edad; en ese sentido, consideramos que los instrumentos de factores asociados aplicados no cumplían con los requisitos de confiabilidad y validez indispensables en cualquier prueba, y más bien evidencian un abuso de la razonabilidad y la proporcionalidad”, se lee en el documento.
Agregaron que las preguntas se apartaron de los parámetros definidos en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
“Fueron muy distintas al tipo de preguntas de contexto presentadas por el Ministerio ante este Consejo, como ejemplo de lo que se aplicaría, y también fueron distintas a las preguntas aplicadas en el pilotaje en el 2019″, recalcaron.
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Según los miembros del CSE, la forma en que se diseñó y ejecutó la prueba resultó en un proceso “tortuoso e injustificado” para los estudiantes, causándoles un nivel de angustia “inaceptable” y violentando el derecho a la privacidad y confidencialidad en el manejo de información sensible.
Para el CSE, resulta imperativo identificar los errores de acción y omisión cometidos al diseñar, revisar, probar y aplicar las pruebas, para sentar responsabilidades y garantizar que estos problemas nunca se repitan.
Debido a esto, el Consejo solicita al MEP un informe, dentro de los siguientes 15 días naturales, sobre lo acontecido en esta primera aplicación de las pruebas FARO y Factores de Contexto Asociados al rendimiento del estudiante.
El reporte debe incluir los procesos de contratación y costos.
“Que se sienten las responsabilidades del caso y se garantice, tanto al Consejo como a la comunidad educativa nacional, que esto no volverá a repetirse. Finalmente, y con carácter de urgencia solicitamos al Ministerio que suspenda la aplicación de la herramienta de Factores Asociados en la aplicación de las pruebas FARO a los estudiantes de secundaria (en diciembre)”, finalizaron.
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La polémica por dicho cuestionario hizo que Guiselle Cruz Maduro renunciara a su cargo como ministra de Educación la noche de este domingo. También dimitió Melania Brenes, viceministra académica, y, el sábado anterior, lo hizo Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de la Calidad.