Pese a que las clases a distancia disminuyeron la convivencia entre estudiantes y profesores en 2020, no impidieron posibles actos de violencia sexual en el contexto educativo.

Durante ese periodo, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió 37 investigaciones por presuntas agresiones y abusos en perjuicio de menores de edad.

La mayoría de los casos son por hechos supuestamente cometidos por docentes o personal administrativo de centros educativos contra niños o adolescentes, informó esa oficina, aunque también se incluyen casos de posible violencia sexual ocurridos en el hogar.

Esta cifra considera, además, 12 denuncias de supuestos abusos sexuales donde los victimarios también serían estudiantes.

“La mayoría de casos ocurren dentro de los centros educativos, pero en 2020, que fue un año atípico, muchos de esos casos sucedieron fuera de los centros educativos, pero estaban involucrados profesores y estudiantes”, aseguró Rocío Solís, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles.

La funcionaria recordó que el personal de escuelas y colegios tiene la obligación de interponer denuncias penales ante sospechas de agresiones sexuales, independientemente de si esos hechos ocurrieron dentro o fuera de centros educativos.

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También se debe actuar de la misma manera cuando los presuntos implicados son educadores, familiares o alumnos mayores de 12 años.

Menos denuncias

Aunque la virtualidad no erradicó las denuncias por agresiones sexuales contra estudiantes, sí las redujo significativamente.

En 2019, año previo a la pandemia, centros educativos públicos y privados notificaron al MEP de de 157 presuntos casos de violencia sexual.

Se denunciaron 53 presuntos casos de abuso sexual y 41 de acoso sexual, supuestamente cometidos por un adulto en perjuicio de un menor de edad. Mientras que también se procesaron 63 denuncias de abuso sexual contra estudiantes que habrían sido cometidos por otros alumnos.

Las quejas registradas en 2020, cuando se implementaron las clases a distancia por la pandemia de coronavirus, representaron el 23,6% del total interpuesto en el año precedente.

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En caso de que niños, niñas o adolescentes revelen ser víctimas de abuso sexual u otro tipo de violencia, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recordó la necesidad de creer en los relatos de los menores y denunciar a los supuestos involucrados ante las instancias judiciales.

“Escuchar el discurso de los hijos y las hijas cuando exponen alguna situación de riesgo en el cual se sientan amenazados o amenazadas y brindar credibilidad a su relato, evitando realizar juicios en contra del niño, niña o adolescente. Esos son pasos fundamentales para establecer una relación de confianza que facilite, por un lado, mayor estabilidad y seguridad emocional de la persona menor de edad ante un hecho que le haya causado un perjuicio y, por otro lado, permite mayores posibilidades de recabar pruebas para la denuncia y sanción de un posible delito.

“También es importante observar el comportamiento de los hijos o las hijas, conocer su entorno social, tener cercanía con su entorno educativo y mantenerse atentos y atentas cuando se detecte algún cambio en su comportamiento, ya que puede ser un signo de alerta de que pueda estar experimentando una situación abusiva o de riesgo para su integridad. Siempre la escucha, atención, cercanía, afectividad y respeto a la opinión de los hijos y las hijas serán claves”, advirtió Tatiana Mejía, del Centro de Orientación e Información del PANI.

La Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP es el órgano técnico que se encarga de fiscalizar la actuación de las autoridades educativas públicas y privadas frente a esos y otros actos de violencia.

Ese dependencia también brinda acompañamiento psicológico, social y legal a estudiantes víctimas de violencia y sus familias.

“Nosotros tenemos un equipo de profesionales integrado por abogados, psicólogos, educadores y trabajadores sociales que están para encauzarlos y sacar cualquier duda pertinente, sobre todo por el interés superior de la persona menor de edad”, aseguró Solís.

La directora de la oficina dijo que se puede solicitar ayuda al correo electrónico derechosestudiantiles@mep.go.cr, o bien a los teléfonos 2221-4102 y 2221-4104.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) también atiende denuncias de situaciones de maltrato y violencia sexual en las líneas gratuitas 1147 y 800-2262626, así como a través del WhatsApp 8989-1147 y otras redes sociales.