La Junta Directiva de Caja de ANDE permitirá que accionistas pensionados y jubilados con ingresos menores a ¢206.000 tengan acceso a créditos y otros servicios financieros de la entidad.
Ese acuerdó se tomó después de determinar que la Ley 7472 ( Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) no incluye a este grupo. Una modificación a esa normativa impide que los bancos otorguen créditos a personas con salarios inferiores a ¢200.000 e impone sanciones a quienes incumplan ese artículo
Según informó la entidad, para llegar a la decisión se realizó un análisis jurídico de los alcances del artículo 44 ter, “donde queda claro que se refiere solamente a los salarios de los trabajadores, no así a las pensiones” .
De esta manera, los accionistas pensionados y jubilados que cumplan con las condiciones requeridas podrán solicitar préstamos personales y de vivienda, aunque tengan ingresos inferiores a ¢206.000.
“Desde la aprobación de la Ley 7472, nuestra junta directiva no se ha detenido en la búsqueda de soluciones y herramientas que se puedan ofrecer a los educadores, funcionarios, pensionados y jubilados del MEP, siempre respetando la legislación vigente”, dijo Rafael Blanco, subgerente de Caja de ANDE.
Según dijo, existía una gran preocupación por las soluciones de crédito a accionistas pensionados con baja pensión líquida.
Blanco explicó que el servicio financiero ya se encuentra habilitado. Los montos y condiciones dependen del tipo de préstamo y la capacidad de pago del deudor. Los requisitos son los mismos establecidos para las dos líneas de crédito, que pueden ser consultados en la página https://www.cajadeande.fi.cr/
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Actualmente, la institución atiende a más de 36.000 pensionados del Ministerio de Educación Pública.
En junio del 2020, la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE (Caja de ANDE), destinada a brindar servicios financieros al Magisterio Nacional, acordó no volver a dar préstamos a los docentes que reciban menos de ¢200.000 de salario líquido.
La medida obedeció a la entrada en vigor de la Ley de Usura, publicada el 20 de junio anterior, que prohíbe a las entidades financieras otorgar préstamos a los accionistas cuyo salario líquido sea menor a esa cantidad.
En 2018, La Nación publicó que hay miles de docentes en el Ministerio de Educación Pública (MEP) que están ahogados en deudas. De hecho, en este entonces, el 60% (50.593) de los 84.322 funcionarios tenía comprometido el 50% de su salario o más, según datos de la institución.
Entre ese 60%, había 18.701 docentes que recibían menos del 20% del sueldo, o sea, los compromisos le consumían un 80% de sus ingresos.
Caja de ANDE es la principal acreedora, ya que agrupa a todo el sector docente debido a que es obligatorio para los funcionarios del MEP afiliarse desde que son contratados y aportar a esta entidad el 5% del salario