La Defensoría de los Habitantes apelará la decisión de la Superintendencia de Telecomuniciones (Sutel) de liberar las tarifas de telefonía e Internet Móvil. La decisión resulta de dudas sobre cómo tramitó Sutel más de 10.000 observaciones públicas planteadas sobre este tema.
En un comunicado de prensa, Montserrat Solano Carboni, defensora de los Habitantes, confirmó la interposición de un recurso ordinario de apelación contra el acuerdo N. 004-067-2017 del pasado lunes 18 de setiembre, donde el Consejo Directivo de la Sutel establece que ahora limitará su actuación en este mercado a vigilancia de calidad y cumplimiento de derechos de los usuarios.
"La Defensoría de los Habitantes debe analizar el documento de la Sutel para ver el fundamento de la decisión y si se incluyó un razonamiento de las 10.391 observaciones que la Sutel indicó se recibieron con motivo de esta consulta pública. La Sutel tuvo 10 días hábiles para analizar las miles de observaciones y la redacción de las 173 páginas de su resolución. A partir de este análisis, valoraremos acciones a seguir", afirmó Solano al ser consultada.
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La Nación consultó a la Sutel sobre las dudas que abriga la Defensoría centradas en la celeridad con que la Superintendencia resolvió este tema.
Al respecto, Gílbert Camacho, presidente del Consejo Directivo de la Sutel, se limitó a responder que la entidad contó "con la colaboración del equipo técnico a cargo de la propuesta, que de forma profesional y con gran compromiso asumió el reto de revisar las posiciones remitidas en cuanto al tema y responder cada una de ellas".
Días antes, Solano Carboni declaró su "total oposición" a que las tarifas del servicio de telefonía e Internet móvil perdieran la regulación tarifaria vigente hasta esta semana, debido a la falta de condiciones de competencia efectiva.
A criterio de la funcionaria, en este mercado existe un oligopolio en vez de condiciones de competencia.
En teoría económica, un mercado de bienes o servicios se halla en condición de oligopolio cuando un número reducido de oferentes controlan y acaparan la ventas.
Para la Defensoría, el mercado minorista de telefonía móvil "no puede ser declarado en competencia efectiva y continua presentando indicios de dominancia conjunta".
Solano considera que aún se necesita regulación tarifaria para prevenir posibles prácticas monopolísticas en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios. Según razona, para identificar cuándo un mercado se vuelve competitivo, el análisis debe ir más allá de cuántos prestadores de servicios hay.
Al respecto, Camacho insistió en que los mercados de telecomunicaciones se caracterizan por poseer pocos operadores y, afirma, esto no significa que el mercado no pueda alcanzar un correcto nivel de competencia.
Según el funcionario, el mercado costarricense posee un número de operadores que le ha permitido durante los últimos siete años alcanzar una adecuada dinámica competitiva, "con menores precios y mayor diversidad comercial para los usuarios".
"La declaratoria de competencia no implica una desregulación completa del mercado, este seguirá regulado pero de una forma diferente, pues tomarían mayor relevancia las regulaciones de tipo fiscalizador del comportamiento del mercado, como por ejemplo el seguimiento al comportamiento de los precios y al de los operadores, en particular en relación con la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas", recalcó.
Reacciones
La decisión de Sutel provocó la rápida felicitación de los operadores móviles extranjeros en el mercado costarricense, quienes calificaron la declaratoria como el inicio de una era comercial que supuestamente traería mayor flexibilidad comercial en la oferta de planes, productos y servicios que hasta ahora, dicen, se ha visto frenada por una supuesta "rigidez tarifaria".
"La resolución resulta de un proceso transparente y participativo, producto del esfuerzo que Sutel ha venido realizado al implementar evaluaciones del mercado móvil minorista, mediante las cuales se logró determinar que sí existen condiciones para la competencia efectiva. Este proceso culminó con la realización de una consulta pública, donde se recopilaron más de 10.000 observaciones analizadas para concretar la resolución", afirmó Edgar del Valle, gerente legal de Claro Costa Rica.
Jose Pablo Rivera, gerente de regulación de Movistar Costa Rica, descartó que la regulación tarifaria haya sido responsable de los niveles de precio y servicios actuales, pues para el funcionario dichos controles "solo actuaban como un freno a la posibilidad de tener más opciones en el mercado".
"La declaratoria permitirá ampliar aún más las posibilidades que tenemos como operadores para ofrecer mayor diversidad de planes y paquetes, con condiciones que se ajusten mejor a la constante evolución tanto de la tecnología, como de los hábitos de consumo de nuestros clientes", afirmó Rivera.
El Instituto Costarricense de Electricidad, que opera en el mercado móvil con su marca Kölbi, declinó referirse a la decisión en tanto revisa el documento de la Sutel.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) también cerró filas con la Sutel en un comunicado de prensa donde le reconoce "el trabajo serio y profesional, que sitúa a Costa Rica al nivel de las mejores prácticas internacionales".
"Como entidad interesada en el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, recibimos esta noticia con gran satisfacción. Ésta es una buena noticia para el país, para la región, pero muy especialmente para los costarricenses", refirió la organización internacional en un comunicado.
Según la ASIET, los consumidores costarricenses, las autoridades políticas y la sociedad en su conjunto "pueden estar seguras que la declaración de competencia beneficiará directamente a la ciudadanía y en ningún caso pone en riesgo los avances del país, sino que los acelerará".