Un 24% de las ayudas sociales termina en manos de personas que no las necesitan realmente, según el último informe del Estado de la Nación.
Ese porcentaje de filtraciones representa ¢147.000 millones menos en la lucha estatal contra la pobreza. En la actualidad, ese dinero está siendo destinado a personas de estratos medios o superiores.
El informe toma datos del estudio La equidad en Costa Rica: incidencia de la política social y la política fiscal 2014 y los complementa con información de la Encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El análisis toma en cuenta siete programas de asistencia social: Cen-Cinái, Comedores Escolares, Avancemos, Pensiones no Contributivas, Promoción y Bienestar Familiar, Asegurados por cuenta del Estado y Bono Familiar de la Vivienda.
El bono de vivienda presenta filtraciones de hasta un 37%, le siguen Comedores Escolares con 31.7% y Avancemos con 22.2%.
El Estado de la Nación sostiene que esta situación impide reducir el porcentaje de pobreza, el cual se encuentra estacionado en 20,7% de los hogares.
Natalia Morales, investigadora de Programa Estado de la Nación, criticó que el país carece un registro confiable de beneficiarios y tampoco dispone de herramientas de seguimiento.
“Hay que activar mecanismos de rendición de cuentas; por ejemplo, que cada cierto tiempo se actualice la información”.
Causas. Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano, achacó el problema a la debilidad en los sistemas de registro de beneficiarios que ha arrastrado el país por décadas.
“Falta articulación de las instituciones, no todas usan la misma fórmula para medir la pobreza y no ha habido el interés de dirigir los fondos a quienes más los necesitan”, dijo Alvarado.
En una revisión de las becas de Avancemos –realizada en octubre– el IMAS concluyó que 8.600 de estas ayudas son para menores no pobres. En total, este programa entrega 147.000 subsidios.
Alvarado agregó que manejan algunas opciones para corregir esta situación, pero no adelantó los detalles.
El presupuesto de Avancemos durante el 2014 fue de ¢48.000 millones. Cada beca oscila entre los ¢17.000 y ¢50.000.
Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, reconoció las filtraciones, pero subrayó que “el sistema no prohíbe que se den bonos a familias que tienen ingresos un poco más altos”.
En setiembre de este año, La Nación publicó que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) quitó 67 casas a familias pobres y las dio a hogares sin necesidad. Este caso está en investigación en la Fiscalía.
Entre los infiltrados aparece el hijo de un dirigente comunal de apellido Salazar.
De acuerdo con registros del Banco Hipotecario de la Vivienda, el hombre adquirió un préstamo en su trabajo por ¢29 millones, al tiempo que solicitó el bono de vivienda para el proyecto Villa Poala en Guararí de Heredia.