Barcelona
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, declaró este viernes en un juzgado investigada por "desobediencia grave" por haber autorizado un debate y un voto sobre la independencia.
Forcadell, arropada desde fuera del tribunal por centenares de militantes separatistas, es investigada por haber permitido la tramitación y la posterior aprobación el 27 de julio de una resolución que fijaba los pasos a seguir hasta declarar la República Catalana.
El Tribunal Constitucional español la había instado a impedir la votación al considerarla un paso más hacia la secesión, pero Forcadell no obedeció.
Por esa razón, se la acusa de "desobediencia grave" y puede ser inhabilitada.
"He explicado al juez que actué correctamente en ejercicio de mis funciones", dijo Forcadell a la prensa tras su declaración, en la que solo respondió a su abogado.
"Ningún tribunal puede impedir que el Parlamento debata sobre la independencia o cualquier otro tema", agregó.
"No se ataca a la presidenta del Parlamento, se ataca a la esencia parlamentaria: el debate y la palabra", añadió.
Desde Madrid, el vocero del gobierno conservador español, Íñigo Méndez de Vigo, defendió la independencia judicial y le restó connotación política a la audiencia.
"Nadie puede tener carta blanca para desobedecer leyes o para actuar con impunidad (...) La señora Forcadell, como cualquier otra persona, tiene que responder ante la Justicia", dijo.
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Forcadell –antigua organizadora de las masivas manifestaciones por la independencia de esta región– estuvo arropada por centenares de militantes, muchos de ellos ondeando las banderas separatistas, rojas, amarillas y azules.
"No estás sola", "fuera la justicia española", gritaban los manifestantes, muchos de ellos luciendo carteles con la consigna "Esto va de democracia".
También le dieron su apoyo miembros del gobierno catalán, unos 400 alcaldes de la región y otros cargos investigados, como el expresidente autonómico Artur Mas (2010-2016), próximamente juzgado por desobedecer al organizar una consulta independentista en el 2014.
La respuesta del gobierno de Mariano Rajoy al independentismo pasó casi siempre por los tribunales, con múltiples recursos al Tribunal Constitucional, controlado por jueces conservadores, para anular los avances de los diputados catalanes.
"Su objetivo es tomar a cuatro o cinco cabezas de turco para darnos un escarmiento y que paremos", aseguró a la AFP Francesc Homs, exvocero del Gobierno de Mas que también será juzgado por la consulta del 2014. "Pero este mecanismo coercitivo genera el efecto contrario".
Con mayoría absoluta en la cámara catalana, los nacionalistas iniciaron a finales del 2015 un proceso de secesión para proclamar antes del 2018 una República Catalana independiente.
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Según ellos, el pulso entra en su fase crítica, con la organización en septiembre de un referéndum de autodeterminación no autorizado por Madrid.
El Tribunal Constitucional decretó esta semana la suspensión de todos los preparativos pero el presidente catalán Carles Puigdemont hace oídos sordos y el 23 de diciembre convoca una cumbre para organizarlo.
Enfrente de la Audiencia de Barcelona, con una bandera independentista colgada del cuello, Xavier Rosselló se muestra dubitativo sobre su celebración.
"Será largo, va a costar tiempo. No creo que el próximo año podamos celebrar la independencia", afirma este profesor de catalán de 62 años.
"Sin embargo, tampoco pensábamos hace años que iba a caer el comunismo soviético o el apartheid. Tenemos que seguir, si nos resignamos, se ha acabado", añadió.
La jornada también sirvió para recuperar una imagen de unidad en el independentismo tras los conflictos entre el ejecutivo de Puigdemont y la izquierda anticapitalista Candidatura de Unidad Popular, claves para la gobernabilidad y partidarios de seguir una estrategia de desobediencia más agresiva.