Luxemburgo y San José. La Unión Europea (UE) divulgó este martes 5 de octubre su lista de paraísos fiscales, en la que figura Costa Rica, esto en pleno debate surgido tras la publicación de los Papeles de Pandora, una investigación que revela la elusión fiscal de líderes mundiales y personalidades de diversos ámbitos.
La modificación de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal (su nombre oficial) fue acordada hace días entre los expertos y aprobada este martes por los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).
El regreso de Costa Rica a este grupo es un retroceso, pues en el 2019 se le había excluido luego de que el bloque europeo considerara que se cumplieron en ese momento “todos los compromisos en materia de cooperación fiscal”.
“Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han implementado las reformas necesarias para cumplir con los principios fiscales de buena gobernanza de la UE”, indicaron los 28 ministros de Finanzas del bloque en la revisión de octubre de hace dos años.
Según explicó este martes el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a Costa Rica se le incluyó por dos temas puntuales: la definición de Establecimiento Permanente y el denominado “régimen de exención de rentas de origen extranjero de Costa Rica”.
Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, explicó que establecimiento permanente son todos los criterios para determinar cuándo una entidad opera en el país independientemente de que no tenga una estructura formal aquí. Eso se modificó en la reforma fiscal del 2018 y se ajustó a la lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).
El “régimen de exención de rentas de origen extranjero de Costa Rica” se refiere la definición de renta territorial. Este, según Piedra, es el tema más complejo.
“El tema que es más complejo es el segundo punto, porque si bien la nota no lo dice tan expresamente, va más dirigido a que se graven esas rentas en personas físicas (...) ¿Qué implicaría eso? Establecer un régimen en donde independientemente de dónde generemos las rentas, al ser yo considerado un residente fiscal en determinada jurisdicción tengo que declarar las rentas y aplicar lo que corresponda”, indicó Piedra.
Se le consultó a Villegas si la Unión Europea nos pide pasar de renta territorial (se grava solo la renta producida en el territorio nacional) a renta mundial (se gravan las rentas de los habitantes sin importar si esos ingresos se generan dentro o fuera del territorio).
“No necesariamente, eso es precisamente lo que hay que tener exactitud con ellos y por eso los grupos de trabajo para poder definir qué es lo que ellos quieren, porque en el comunicado, incluso señalan que la renta territorial no es problema per se, que lo que hay que buscar es que no se presenten problemas de doble exención, entonces eso es lo que habría que revisar directamente con ellos”, dijo el ministro.
Villegas detalló que la Unión Europea, mediante el Grupo de Código de Conducta, remitió al Ministerio de Hacienda la nota SGS 21/002603, donde señaló que, con motivo del análisis al sistema de imposición sobre la renta de Costa Rica y su comparación contra el Código de Conducta, llegaron a la conclusión de que existen discrepancias respecto a estos dos temas puntuales.
La Unión Europea solicitó al país enmendar los asuntos señalados antes del 31 de diciembre del 2022 o en caso contrario podría ser incluido en la lista de jurisdicciones no cooperantes.
Al responder la nota de referencia, el Ministerio de Hacienda explicó a la Unión Europea que respecto a la definición de Establecimiento Permanente, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Administración Tributaria que confeccione un proyecto de ley con este propósito, el cual estará siendo presentado a la Asamblea Legislativa antes del 15 de diciembre del presente año.
Respecto del “Régimen de exención de rentas de origen extranjero de Costa Rica”, los compromisos de Costa Rica son: ajustar nuestra legislación interna, de forma tal que cumpla con los estándares del Código de Conducta.
“Para estos efectos hemos dispuesto la conformación de un equipo de trabajo para que, como primer paso revise el Código de Conducta y dimensione el alcance de la recomendación respecto de nuestra legislación”, detalló el ministerio.
Otro compromiso es aceptar el ofrecimiento de la UE de contar con el apoyo de sus equipos técnicos durante el periodo entre noviembre del 2021 y abril del 2022, para realizar un análisis técnico que permita determinar la brecha existente entre nuestra legislación y el Código de Conducta, determinar los diferentes escenarios para su mayor reducción y construir una ruta de trabajo que nos permita alcanzar el efectivo cumplimiento de los parámetros establecidos por la comunidad de países.
Además, posteriormente, buscar un acuerdo nacional que nos permita avanzar en el menor tiempo posible en la elaboración de una propuesta que cumpla con el objetivo buscado; para ello se estaría proponiendo un cronograma de sesiones para discutir este tema con grupos de la sociedad civil y con los partidos políticos.
Por último, presentar el proyecto de ley correspondiente, a más tardar el 30 de agosto del 2022, procurando su aprobación previa al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de que entre en vigencia el 1°. de enero del 2023.
“Debe señalarse que la Unión Europea ha venido ampliando los ámbitos de evaluación de sus jurisdicciones y si bien Costa Rica ha cumplido con los estándares del Foro Global de Transparencia, en el caso de la Unión Europea tiene sus propios criterios donde ha incluido, además de los elementos de transparencia, la evaluación de los sistemas tributarios de los diferentes países”, indicó el Ministerio.
Listas gris y negra
El grupo europeo hace dos divisiones, una lista considerada como “gris” es en la que figura Costa Rica junto con Uruguay, Hong Kong, Malasia, Macedonia del Norte, Catar, Anguila, Dominicana y Seychelles. Todas estas naciones se han comprometido a adoptar pronto los estándares fiscales pactados a nivel internacional.
Piedra comentó que la lista “gris” implica que nos van a estar vigilando en relación con el cumplimiento.
Por otra parte, la UE tiene un listado que cataloga como “negro”, en el que están Panamá, Trinidad y Tobago, Isla Vírgenes Americanas, Samoa Americana, Fiyi, Palau, Samoa y Vanuatu.
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Estar en la lista “negra”, aseveró Priscilla, tiene implicaciones mayores, como la posibilidad de que los bancos multilaterales cierren las líneas de crédito.
Para Villegas, el país no está en una lista gris, negra o de ningún color.
“En realidad lo que está manejando la Unión Europea es una lista de jurisdicciones no cooperantes y todos los demás y dentro de esos todos los demás hay una lista de unos pocos países que, en criterio de ellos, tienen que hacer ajustes, nosotros estamos en esa segunda lista y lo que haríamos es llevar adelante las conversaciones técnicas con ellos para ver cuáles son los ajustes que exactamente requiere nuestra legislación”, dijo el Ministro.
La primera lista de paraísos fiscales de la UE fue aprobada en diciembre del 2017 y desde entonces se han aprobado varias modificaciones en función del diálogo entablado con las jurisdicciones que forman parte de ella y los compromisos adquiridos en ese marco.
Sin embargo, es blanco de numerosas críticas y el Parlamento Europeo aprobó a principios de este año una resolución en la que los eurodiputados criticaban que genera “confusión” y es “ineficaz” porque los 12 países que entonces figuraban en ella representaban únicamente el 2% de las pérdidas de ingresos a nivel mundial.
Por ello, el texto exigía cambios en la lista de paraísos fiscales para que el procedimiento para incluir o sacar países sea más transparente e imparcial, así como para ampliar el análisis para que no solo se examinen países de fuera del bloque, sino también a los propios Estados miembros.