Washington. AFP. El Gobierno estadounidense retomó ayer la iniciativa para contrarrestar planes de bloquear sus medidas favorables a inmigrantes, al solicitar a un tribunal que le permita suspender deportaciones y demandar al Congreso que apruebe un presupuesto al Departamento de Seguridad Interna.
El Departamento de Justicia presentó una moción ante una corte federal de Texas, para pedir que se suspenda momentáneamente una decisión judicial, adoptada la semana pasada, que bloqueaba la aplicación de medidas migratorias para beneficiar a unos cuatros millones de inmigrantes sin papeles.
El presidente Barack Obama anunció, en noviembre, programas que darían permisos temporales a ciertas categorías de inmigrantes, y los órganos dependientes del Departamento de Seguridad Interna tenían previsto recibir la semana pasada las primeras demandas.
Sin embargo, el lunes pasado, el juez Andrew Hanen acató un pedido de 26 gobernadores y paralizó las medidas de alivio migratorio anunciadas por el mandatario hasta que una corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la iniciativa y el alcance de la autoridad presidencial.
La apelación presentada ayer, de 41 páginas, está firmada por el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, y altos responsables de la Patrulla Fronteriza y el Sistema de Servicios Migratorios y de Ciudadanía.
El documento solicita que Hanen suspenda temporalmente la decisión para que el Departamento de Seguridad Interna “proteja de forma más eficiente la seguridad nacional y pública”.
El Departamento de Seguridad Interna determinó que los organismos responsables no recibirían las demandas de los inmigrantes hasta que la situación legal quede definida.
Las medidas de alivio migratorio paralizadas por la sentencia del juez Hanen constituyen una “parte integral” de los esfuerzos del Departamento en establecer y aplicar prioridades para la remoción de amenazas a la seguridad pública, apunta el documento de la apelación.
Por su parte, Johnson alertó que su Departamento tiene presupuesto aprobado hasta el 27 de febrero (el viernes), y que si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto esta semana los empleados tendrán que trabajar sin recibir salario.