La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el jueves a Birmania que tome “todas las medidas” a su alcance para impedir un genocidio contra la minoría musulmana de los rohinyás, una decisión calificada de “histórica” por grupos de defensa de los derechos humanos.
El tribunal, con sede en La Haya, acordó una serie de medidas de urgencia solicitadas por Gambia, que acusa a Birmania de haber violado la Convención de la ONU para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio. Gambia cuenta con el apoyo de los 57 miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), Canadá y Holanda.
Poco después de que la CIJ se declaró competente para tratar este caso, el juez que la preside, Abdulqawi Ahmed Yusuf, anunció que Birmania “debía tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de cualquier acto contemplado” en esta Convención de la ONU.
Estos actos son, por ejemplo, “el asesinato de miembros de la comunidad” rohinyá y la “sumisión intencional de esta comunidad a condiciones de vida que impliquen su destrucción física total o parcial”.
La CIJ ordenó además a Birmania que le entregue un informe sobre las medidas que se tomen dentro de cuatro meses y después, cada seis meses.
La decisión de la CIJ, la primera en este caso, se produce días después de que una comisión del gobierno birmano concluyó que varios militares habían cometido crímenes de guerra contra los rohinyás, pero que el Ejército no era culpable de genocidio.
Desde agosto del 2017, unos 740.000 rohinyás se refugiaron en Bangladés para huir de los abusos de los militares birmanos y de las milicias budistas.
Unos 600.000 rohinyás están además confinados en campos y pueblos de Birmania y solo pueden moverse con autorización.
Revés para Nobel de Paz
La jefa de facto del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, hizo historia en la CIJ, la más importante instancia judicial de Naciones Unidas con sede en La Haya, cuando se ocupó personalmente de la defensa de Birmania en las audiencias celebradas a mediados de diciembre.
En un artículo de opinión publicado el jueves en el diario Financial Times, Aung San Suu Kyi escribió que los refugiados rohinyás tal vez habían “exagerado” los abusos cometidos en su contra.
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“Puede que el sistema de justicia internacional no esté todavía dotado de medios para filtrar las informaciones engañosas antes de que la sombra de las incriminaciones se proyecte sobre países y gobiernos enteros”, escribió.
Aung San Suu Kyi, muy criticada por la comunidad internacional por su silencio en este asunto, rechazó en diciembre ante la CIJ las acusaciones que salpicaban al Ejército y le atribuían una “intención de genocidio”.
Victoria para rohinyás
“Es un día histórico. No solo para el derecho internacional y para la comunidad internacional, sino sobre todo para los rohinyás”, dijo el ministro gambiano de Justicia, Abubacarr Tambadou, en La Haya.
Tun Khin, presidente de la Organización birmana Rohingya UK, consideró que era el primer paso para proteger a la comunidad rohinyá.
“La comunidad internacional debe presionar para que Birmania se pliegue ante estas medidas porque, si no, los rohinyás seguirán siendo diezmados”, declaró.
Para el director regional de Amnistía Internacional, Nicholas Bequelin, esta decisión "envía un mensaje a los altos funcionarios birmanos: el mundo no tolerará sus atrocidades".
Se trata de un “duro golpe para Aung San Suu Kyi y su política antirohinyá”, consideró Anna Roberts, directora de la ONG Burma Campaign UK.
La CIJ, creada tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz y resolver los litigios entre Estados, solo emite opiniones consultivas y no dispone de ningún medio de coerción. Sus decisiones no siempre son aplicadas por los países.
La CIJ solo estableció el delito de genocidio en una ocasión: la masacre de 8.000 hombres y niños musulmanes en 1995 en el pueblo de Srebrenica, en Bosnia.
Birmania también está envuelta en otros procesos por este mismo caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas físicas, y en Argentina, donde fue presentada una denuncia contra Aung San Suu Kyi y el Estado birmano invocando el principio de justicia universal y extraterritorialidad en casos de genocidio.