Todo estaba preparado para que el imputado –un nicaragüense de 39 años– fuera ejecutado con la inyección letal; el castigo que le impusieron por haber asesinado a un hombre durante un asalto a una lavandería en Texas, en 1997.
Apenas un día antes de que un verdugo de los tiempos modernos le inyectara el fármaco que lo mataría, los abogados defensores se sacaron un as de la manga: una testigo clave aceptó haber rendido una declaración falsa en el juicio del año 2000. El testimonio bastó para que la ejecución quedara en suspenso, al menos hasta que se aclare la apelación.
“Mi Diosito es el único que puede quitar la vida”, declaraba llorosa su madre, Lidia Tercero, frente a las cámaras de la televisión pinolera, pocas horas después de que se anunció el aplazamiento.
La vida de Tercero, sin embargo, aún sigue en las manos de la ley de Texas, así como ha estado en los últimos 15 años desde que el inmigrante comenzó a aguardar en el “corredor de la muerte”, el nombre con el que se conoce a la celda donde los prisioneros esperan hasta ser ejecutados.
Estados Unidos ocupa el quinto lugar entre los países con más ejecuciones, según datos del 2015 de Amnistía Internacional. Además es el único país de América en donde todavía se implementa la pena capital, aunque en otros países de la región todavía está prevista en las legislaciones.
Ahí, cada proceso que concluye con una muerte en manos de la ley genera debate y levanta polémica, pero eso no ha cambiado el panorama nacional con respecto al tema. A agosto del 2015 solo 19 de 50 estados han abolido este tipo de condenas.
La más reciente ejecución se realizó hace casi dos semanas, el pasado 12 de agosto, en Texas. Daniel López, de 27 años, fue aniquilado por haber asesinado a un policía en el 2010. “Siento ponerlos a todos a pasar esto. Perdón, los amo. Estoy listo”, dijo antes de fallecer.
Su fallecimiento no fue tan controversial como el de Clayton Lockett, quien murió por inyección letal el año pasado, en Oklahoma.
Su agonía, lenta y dolorosa, se prolongó por 43 minutos, una duración inapropiada para estas ejecuciones. El caso de aquel hombre provocó que la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas le pidiera al gobierno estadounidense una moratoria sobre la pena capital, pero la solicitud no pasó a más.
En el estado de Florida hay un ciudadano limonense aguardando en el corredor de la muerte a ser ejecutado en la silla eléctrica. El tico Terence Valentine Pineda fue sentenciado por homicidio y secuestro hace 21 años y todavía aguarda en la cárcel en Raiford Florida. El Gobierno costarricense ha hecho reiteradas solicitudes a Estados Unidos para que tenga clemencia y se modifique la condena pero no ha obtenido respuesta positiva.
Datos del Observatorio Death Penalty Information Center (DPIC) señalan que en Estados Unidos hay 139 extranjeros de 36 nacionalidades condenados a muerte.
Sin clemencia
En el mapamundi todavía quedan 21 naciones en las que la pena capital sigue siendo una realidad, lo que equivale a que uno de cada diez países la pone en práctica. En 58 países no se ha abolido sino que, aunque no está prohibida constitucionalmente, se encuentra en condición de moratoria, lo cual inhibe su aplicación.
Para abril pasado, según datos de la ONG, la cantidad de condenados a muerte a nivel mundial ascendió en un 28% en comparación con el 2013, aunque la cantidad de ejecutados descendió en un 22%, sin incluir a China.
El gigante asiático se queda por fuera de la estadística, debido a que los datos de aniquilaciones por pena de muerte son inciertos en vista de que dicha información es secreto de estado.
China ocupa el país en el que se realizan más ejecuciones cada año; superan el millar, según cálculos de Amnistía Internacional. Esto significaría que ahí ocurren más aniquilaciones que en el resto de países juntos.
Ahí son varios los delitos que se pagan con la vida, por ejemplo el tráfico de personas, fraude fiscal grave y corrupción de funcionarios.
El fusilamiento es el método predilecto, con un único disparo de una bala de punta hueca en la cabeza. Ya pasaron lo días en que a la familia del ejecutado le correspondía pagarle al Estado lo que se conocía como “factura de bala”. Son otros tiempos.
Desde 1997 también se aplica la inyección letal no solo en los centros penales sino también en unidades móviles de ejecución. El Ministerio de Sanidad saca provecho de estas muertes, pues los condenados pueden autorizar por escrito la extracción post mortem de sus órganos. De ahí proviene entre el 60 y el 70% de los órganos trasplantados.
En la lista de países con más ejecuciones sigue Irán, que además es uno de los pocos países que castiga la homosexualidad con la pena de muerte.
En Arabia Saudita, que ocupa el tercer lugar, en los últimos 12 meses han sido ejecutadas al menos 175 personas. Es decir, en promedio cada dos días un prisionero va al patíbulo; en su mayoría se les decapita con un sable y en otras, se les fusila.
En algunos casos los cadáveres son expuestos con la intención de disuadir a otros de cometer crímenes como homicidio, violación y contrabando de droga. En menor escala se contempla el mismo castigo para los adúlteros, los apóstatas y quienes practican la brujería.
Por el aumento en las ejecuciones, este mes, el Ministerio de Servicio Civil saudí abrió ocho plazas para verdugos. Los candidatos no requieren experiencia previa ni algún título pero el sueldo es de los más bajos entre los puestos públicos considerados “cargos religiosos”.
Corea del Norte es el cuarto país con más ejecuciones. Ahí, en el 2007 el presidente de una empresa fue ejecutado frente a 150.000 personas en un estadio deportivo, como castigo por haber realizado llamadas telefónicas al extranjero.
El 30 de abril pasado también se supo de la muerte provocada al ministro de Defensa, Hyon Yong-chol, por deslealtad o, más bien, por desobedecer a su sobrino, el líder supremo Kim Jong-un, y quedarse dormido en un desfile presidido también por él. Su caso, así como otros de índole política, gozan de la mayor difusión posible, como “escarmiento” de masas.
Cada vez menos
Curiosamente el país donde actualmente se realizan más ejecuciones fue también el primero en abolir la pena de muerte. La eliminación de las aniquilaciones en China fue breve, pues duró tan solo del año 747 hasta que se reinstauró, en el 759. Nunca más se volvió a abolir.
A nivel global, en la última década se ha reducido en un tercio la cantidad de países que utilizan la pena capital, una disminución que ha sido calificada como alentadora por las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
La nación que tomó esta medida más recientemente fue Suriname, en la costa atlántica de Sudamérica. El pasado 3 de marzo incluyó dentro de sus legislaciones la prohibición a la aplicación de la pena de muerte, aunque desde 1982 no se hacía una sola ejecución.
Amnistía Internacional clasifica a los países en cuatro categorías: 58 todavía mantienen la pena de muerte en su legislación, e incluso en algunos de ellos es permitida para menores de edad.
91 estados la han abolido por completo, 11 se cuentan como países “cuasiabolicionistas”, pues la mantienen exclusivamente para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales como en tiempo de guerra, entre ellos Brasil y Kazajistán.
Además, 35 naciones tienen vigentes las leyes que permiten la aplicación de la pena de muerte para crímenes ordinarios, pero a la vez han logrado que la pena no se aplique al menos en los últimos 10 años.
La ciudad del Vaticano consideró legal la pena de muerte entre los años 1929 y 1969; se podía aplicar para el crimen de intento de asesinato al Papa. No se llegó a ejecutar a ninguna persona para cuando la abolió
Actualmente en Europa solo en Bielorrusia sigue existiendo la pena capital, el método utilizado es el del tiro en la nuca.
La aplicación de este castigo es la razón de que dicho país esté aún excluido del Consejo de Europa. Tanto este órgano como la Unión Europea les exigen a sus miembros de manera estricta prohibir expresamente la pena de muerte, aunque sí se autoriza dentro de la Unión exclusivamente para crímenes ocurridos en tiempos de guerra.
A nivel latinoamericano Argentina fue el primer país en abolir la pena de muerte, en 1813; le siguió Venezuela (1863) y Costa Rica (1882).
En nuestro país la pena capital pertenecía al conjunto de leyes que conformaban la legislación de Indias, es decir, aquellas que se habían establecido para todos los pueblos indo-españoles. Sin embargo, fue abolida en la segunda mitad del siglo XIX.
La constitución de 1859 establecía tres delitos por los que se permitían las ejecuciones: “La pena de muerte solo se impondrá en la República en los casos siguientes: 1.° en el delito de homicidio premeditado y seguro, o premeditado y alevoso; 2.° en los delitos de alta traición; 3.° en los piratería”.
La Constitución Política del 7 de diciembre de 1871, mantenía el mismo texto en su artículo 45, hasta que el 26 de abril de 1882, en la segunda administración de Tomás Guardia (1877 – 1882) se adoptaron modificaciones constitucionales entre las que se cambió, por decreto, aquel texto por el que dicta: “La vida humana es inviolable en Costa Rica”. Así; simple.
En el 2008 dos ciudadanos costarricenses llevaron sendos proyectos a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa para proponer que se reinstaurara la pena de muerte en el país Ese mismo año, una encuesta de UNIMER para La Nación reflejó que un 54% de la ciudadanía apoyaba la idea de aplicarla en el país. Eso hubiera sido imposible.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se aplica para los países miembros de la OEA, es muy clara con su posición sobre la pena de muerte.
En su Artículo 4 establece que, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves. Además es enfática al advertir que no se puede extender su aplicación a delitos a los cuales no se les aplique actualmente. El mismo documento indica que los países que ya eliminaron la pena de muerte, como Costa Rica, no pueden restablecerla de ninguna manera.
En el año 2007 Guatemala protagonizó uno de los casos más sonados recientemente, en que una sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirvió para que al privado de libertad Raxcacó Reyes se le conmutara la pena de muerte.
En el país centroamericano la ejecución es permitida para los secuestradores y actualmente hay 21 reos más en el corredor de la muerte, esperando la ejecución incluso desde hace más de 11 años.
En Guatemala, la última condena que terminó en una ejecución fue en el año 2000, cuando dos secuestradores recibieron inyecciones después de que se les negara el indulto. La televisión local transmitió el momento de la ejecución.
El no retorno
Los principales argumentos utilizados por quienes están a favor de la pena de muerte razonan que esta es es la única forma en que se hace justicia ante ciertos delitos graves, y que es la manera idónea de acabar con criminales que no tienen forma de seguir perteneciendo a la sociedad.
La posición de los defensores también arguye que con las ejecuciones se reducen los delitos graves, como los asesinatos y las violaciones. En el 2013, Amnistía Internacional publicó el documento Not Making Us Safer , donde se asevera que no hay pruebas fehacientes que demuestren que las ejecuciones representen un factor disuasorio para cometer los crímenes que se castigan por esa vía. Además, se hace la fuerte crítica de que no es una medida que rehabilite.
“En varios países en donde se aplica la pena capital, los índices de asesinatos son más elevados que en aquellos que no adhieren al método”, le comentó a La Nación de Argentina David Fathi, director del programa sobre pena de muerte de Human Rights Watch.
Fathi también se ha manifestado en relación con la posibilidad de que la pena capital se ha aplicado para personas que, se supo más adelante, eran inocentes.
“Está mal imponer una pena que después no pueda revertirse, sobre todo cuando más adelante se descubre que hubo un error procesal de por medio”, le aseguró al medio argentino en la misma entrevista del 2013.
Estados Unidos es el país del que hay más información con respecto a inocentes que fueron ejecutados. Se cree que las condenas fueron erróneas por haberse basado en evidencia alterada por la policía, confesiones fabricadas, errores de los testigos y negligencia de la fiscalía.
Se cuentan casos como el de Carlos de Luna, castigado por un asesinato en 1983 durante un asalto que realmente cometió su compañero de fechoría. Leonel Herrera, fue ejecutado en Texas en 1993 por un asesinato que otro hombre había confesado haber cometido. También se cuenta la ejecución de Odell Barnes, Jr., condenado en un juicio con confesiones inconsistentes. Fue ejecutado en el año 2000, antes de que se demostrara que la prueba que lo había incriminado (una mancha de sangre en su camisa) estaba contaminada.
Los críticos de la pena capital señalan que la única forma en la que es imposible que se ejecute a un inocente es, sin lugar a dudas, la abolición, evitando que cualquier persona deba enfrentar una amarga espera en el corredor de la muerte, en un letargo sin retorno