AP.   17 julio
Delsa Solórzano, diputada opositora, denunció actos de tortura por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Lo hizo el martes 16 de julio del 2019 en una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas.

Washington. Ocho países sometieron a consideración de la Organización de Estados Americanos (OEA) un proyecto de resolución que exige una investigación independiente sobre lo que describen como violaciones “graves y sistemáticas” de los derechos humanos en Venezuela.

El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El borrador no encarga a un órgano específico la responsabilidad de la pesquisa, pero exige acceso pleno a territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que no ha recibido invitación de las autoridades venezolanas desde su última visita en el 2002.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo a reporteros que de adoptar la resolución el Consejo Permanente de la OEA tiene que “explorar las distintas fórmulas posibles para la implementación” de una investigación.

Agregó que si la CIDH quedara a cargo de esa pesquisa estaría dispuesto a considerar la creación de un mecanismo conjunto de investigación con Naciones Unidas, algo sin precedentes.“Se puede explorar esta posibilidad. El abanico de opciones tiene que estar suficientemente abierto” , indicó.

La paraguaya Elisa Ruiz expresó que junto a los demás patrocinadores -Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú- planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar respaldo.

“La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos difíciles”, manifestó Ruiz durante una sesión del Consejo Permanente convocada de manera conjunta por Paraguay y Argentina.

La propuesta llegó a la OEA apenas días después de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un amplio informe en el que acusó al gobierno de Maduro de causar 5.287 muertes durante operativos de seguridad durante el 2018.

El nicaragüense Luis Alvarado denunció la presentación del proyecto de resolución como una acción “impropia e ilegal” porque Venezuela “ya no es miembro de la OEA y no tiene representación legal en este Consejo Permanente ni en otro órgano del Sistema Interamericano”.

Maduro retiró el personal diplomático destacado en la OEA en abril, pero el secretario general, Luis Almagro -al igual que la mayoría de los países miembros del organismo-, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino con el alegato de que la reelección de Maduro, en el 2018, fue fraudulenta.

Una opositora participó en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, el martes 16 de julio del 2019, enfrente de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.

La OEA también reconoció al emisario diplomático de Guaidó, Gustavo Tarre, quien presenció la sesión en el escaño correspondiente a Venezuela.

Tarre declaró que la meta es lograr que la resolución se adopte por consenso, lo cual haría innecesaria una votación nominal.“El consenso es importante porque esta no es una discusión política, sino de principios”, arguyó.

Tal como lo hizo durante la Asamblea General que la OEA celebró el mes pasado en Medellín, Colombia, la delegación uruguaya se retiró de la sesión en protesta por la presencia de la delegación opositora venezolana.

Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de resolución.