Cocorná, Colombia. Luvin Mejía se arrodilla en el suelo, con un pesado chaleco Kevlar, pantalón tipo buzo, una gruesa cubierta de plástico sobre la cara.
Le puede llevar una hora avanzar un solo paso mientras, suavemente, quita matorrales del sendero en la montaña, abandonado hace mucho, y pasa un detector de metales encima de cada pedacito, mientras el agudo chirrido del aparato se mezcla con el zumbido de los insectos.
Mejía es parte de un batallón del Ejército que busca minas terrestres en zonas otrora disputadas por los guerrilleros en Colombia, que está entre los países con mayor cantidad de víctimas de las minas terrestres del mundo.
Se percibió una promesa de reforzar en forma muy necesaria un trabajo lento y exhaustivo el mes pasado, cuando el Gobierno y la organización rebelde más grande del país, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia ( FARC), acordaron empezar a trabajar juntos para encontrar y destruir las minas terrestres que colocaron los guerrilleros.
Sin embargo, ambas partes llevan negociando un acuerdo de paz por más de dos años, y su capacidad para tenerse confianza mutua y trabajar juntos quedó, de nuevo, bajo duda la semana pasado, cuando murieron 11 soldados y al menos un rebelde en una confrontación, al cual condenó el presidente Juan Manuel Santos por considerarla una violación al compromiso rebelde de no atacar las fuerzas gubernamentales, establecido en diciembre.
El Ejército dijo que las FARC atacaron a los soldados cuando se refugiaban de una tormenta en un caserío remoto. Al calificar a la escaramuza de premeditada, Santos anunció que se perseguiría a los rebeldes involucrados en ella, e instruyó al Ejército para que reanudara los ataques contra campamentos de las FARC.
Luego, un representante de las FARC en La Habana, donde se llevan a cabo las conversaciones, dijo que la confrontación fue culpa del Ejército colombiano porque había sitiado a las fuerzas guerrilleras. En un video que se publicó en el sitio web de las FARC, el representante Jorge Torres, quien usa el alias de Pablo Catatumbo, negó que la escaramuza fuera una acción premeditada, ordenada desde La Habana, pero no abordó directamente la acusación de que los rebeldes atacaron a las tropas.
Sobresalto. El combate destruyó un sentido de optimismo que había estado creciendo en torno a las conversaciones en los últimos meses, durante las cuales ambas partes dieron pasos importantes, incluidos el compromiso de un alto el fuego por parte de las FARC y que Santos detendría los bombardeos aéreos para reducir la intensidad del conflicto, que ha durado más de 50 años.
Se elogió el acuerdo de trabajar en forma conjunta en la remoción de las minas como un avance crucial, lo cual ofrece una primera posibilidad de tener resultados tangibles en las negociaciones.
“El proceso de paz estaba en La Habana, con declaraciones y muchos documentos y discursos”, comentó Álvaro Jiménez, un coordinador nacional de la campaña colombiana para prohibir las minas terrestres. “Pero de lo que se trata es que se vuelva algo concreto y que el proceso de paz aterrice en el país”.
Jiménez dijo que con la muerte de soldados, el proceso había entrado en un momento muy frágil y que el riesgo es que haya una exacerbación del odio y que el diálogo reciba un revés o se retrase. Le preocupaba que en tal caso se postergue el trabajo conjunto de remoción de minas.
Con base en el programa piloto de limpieza de minas, los guerrilleros trabajarían junto con soldados del Gobierno ayudándolos a encontrar las minas que colocaron las FARC para que las puedan destruir.
Actualmente, la unidad militar especializada, que incluye a soldados como Mejía, quita minas solo en las zonas en las que no hay presencia guerrillera. Según el programa conjunto, rebeldes y soldados eliminarán las minas en los sitios donde las FARC siguen activas o los que están cercanos, según Sergio Jaramillo, uno de los principales negociadores del Gobierno.
Prueba de confianza. Antes de que Mejía, de 32 años, cuyo rango apenas equivale al de soldado raso, se integrara a la unidad de minas, combatió en batallas contra las FARC y vio que estas mataban y mutilaban a sus colegas. No está programado que él participe en el programa piloto, pero si se tiene éxito, se podría expandir para incluir a más expertos como él.
Aunque Mejía consideró que sería difícil confiar en los rebeldes, reconoció que podrían proporcionar información valiosa.
“La esperanza es que algún día ya no haya ninguna mina terrestre en el país”, expresó.
Según el Gobierno, las minas y municiones que no explotaron reclamaron 11.073 víctimas, incluidas 2.216 que murieron de 1990 hasta marzo del 2015. Más de un tercio de todas las víctimas eran civiles, muchas eran niños, y el resto, miembros de las fuerzas de seguridad. Este año, han muerto 11 personas y resultado heridas 43 a causa de las minas.
Los guerrilleros colocaron la mayoría de ellas, una de varias estrategias, incluidos los secuestros y el narcotráfico, que pusieron a una mayoría de los colombianos en contra suya.
En el municipio que rodea a Cocorná, ciudad cercana a Medellín, la unidad de Mejía ha destruido cerca de 600 minas terrestres en los últimos cinco meses, según el capitán Elkin Rondón.
En el caso del sendero donde Mejía estaba trabajando hace poco, los habitantes dijeron que habían dejado de usarlo hace años, después de que las FARC les advirtieron de que habían colocado minas allí.
A Mejía y sus colegas les llevó ocho semanas avanzar solo cerca de 600 metros, limpiando un área de alrededor de tres metros a ambos lados del camino, sin haber encontrado una sola mina.
Muchos colombianos siguen siendo profundamente escépticos en cuanto a las conversaciones de paz, y la fatal lucha que mató a los 11 soldados se sumó a su recelo. Muchos críticos exigen que se castigue a los dirigentes de la guerrilla y acusan a Santos de ser demasiado indulgente.
Otros dicen que no confían ni en las guerrillas ni en el Gobierno.
Para llegar a su casa en una barriada en la ladera de una colina en Medellín, Duban Londoño tiene que subir 301 empinados escalones de concreto, con muletas y dos piernas prostéticas.
Pisó una mina terrestre en diciembre del 2013, más de un año después del inicio de las pláticas.
La explosión ocurrió en una remota región rural y pasaron horas para que llegara al hospital. Recuerda la agonía de perder las piernas y lo que siguió: su pareja lo abandonó y se llevó a sus dos hijitos, y su paso por el duro proceso de recuperación, incluido que tuvo que aprender a caminar con las piernas artificiales.
Si bien Londoño, de 31 años, quien también perdió la visión en el ojo derecho, dice que sintió enojo, es renuente a culpar a la guerrilla que colocó la mina que lo mutiló porque dice que es probable que solo siguiera órdenes. Y, como otros sobrevivientes, parece más amargado ante lo que ve como el fracaso del Gobierno para cumplir las promesas de ayudar a las víctimas.
Para él, la paz parece solo otra promesa que nunca se cumplirá.
“Pueden quitar las minas de un lugar, pero ¿cuántas más hay en otros sitios?”, preguntó. “Aquí, en Colombia, nunca veremos el fin de la guerra”.
Londoño dijo que no participaría si se realizara un referendo para ratificar el acuerdo de paz.
“Sería como lanzar tu voto al viento”, sentenció.